La magistrada Silvia Muñoz Sánchez, titular de la plaza número tres de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa relacionada con la actividad de la machacadora de Hormiconsa.

En un auto fechado el pasado 30 de junio, la jueza concluye que no existen elementos suficientes para justificar la continuación de las diligencias penales y considera que las cuestiones relativas al cumplimiento del cese de actividad de la instalación deben abordarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada anteriormente.

"De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", señala la magistrada. En una providencia dictada este mismo martes, tras recibir unas “diligencias ampliatorias” del Seprona de la Guardia Civil, confirma el auto de archivo del procedimiento.

Uno de los principales argumentos de la jueza para acordar el archivo es la existencia de una sentencia penal anterior y de un procedimiento de ejecución en el que deben resolverse las cuestiones relacionadas con su cumplimiento.

La magistrada señala que, una vez agotada la instrucción, se observa "cierta confusión entre un asunto antiguo que determina la existencia de cosa Juzgada, en particular en relación a la actividad de la machacadora de Hormiconsa".

El auto recuerda que sobre esa actividad existe una sentencia penal condenatoria, dictada el 28 de octubre de 2011, y que su ejecución se tramita en procedimiento iniciado en 2015. Según explica la magistrada, es en ese procedimiento donde deben resolverse las cuestiones relacionadas con el cumplimiento efectivo de la sentencia.

El auto aprecia "cierta confusión entre un asunto antiguo que determina la existencia de cosa Juzgada" y los hechos que motivaron las nuevas diligencias penales

En concreto, el auto señala que en la ejecutoria "debieran dilucidarse todos aquellos aspectos relativos al efectivo cumplimiento del cese de actividad de la citada machacadora".

La jueza añade que la apertura de nuevos procedimientos penales debe reservarse para la existencia de hechos nuevos, entre los que menciona un posible delito de desobediencia, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos.

Tramitación prolongada

El auto también examina la documentación aportada por la defensa del administrador de Hormiconsa sobre los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la actividad de la empresa.

La magistrada señala que esa documentación refleja la existencia de un proceso contencioso-administrativo “discutido”, relacionado con distintas resoluciones municipales, cuya tramitación “se ha ido dilatando en el tiempo”.

La jueza acoge que el cese de actividad y la demolición de la empresa requerían permisos que tardaron en obtenerse y dependían también de la presentación de un proyecto

La magistrada añade que "el propio cese y demolición” requería de “ciertos permisos que tardaron en obtenerse y que dependían también de la presentación de un proyecto de demolición".

La magistrada concluye que las diligencias examinadas se refieren esencialmente a discrepancias sobre la forma en que se estaba ejecutando la sentencia penal anterior. "Lo que parece discernirse esencialmente en el atestado [de la Guardia Civil] es la disconfomidad en la propia llevanza de la ejecutoria penal", señala el auto.

La resolución añade que esta cuestión "deberá discutirse en la propia ejecutoria” de la sentencia anterior “por quienes sean parte en la misma". Así, la jueza considera que no se han acreditado suficientemente hechos nuevos que permitan sostener las nuevas diligencias penales.

“Carpetazo claro”

Como denunciante figura la Asociación contra la delincuencia Adey Galguen. El Ayuntamiento ha vinculado la interposición de esa denuncia al exconcejal Andrés Medina y al Seprona, contra los responsables del Ayuntamiento capitalino.

"Hemos desmantelado la instalación en este mandato, y aún han querido que existiera una causa penal abierta contra la actuación del Ayuntamiento”, afirma el alcalde

Según el Ayuntamiento, las denuncias se dirigieron contra el alcalde, Yonathan de León, y el concejal de Actividades Clasificadas, Kevin Cortés. “Las citadas instalaciones, ubicadas en el barrio de Argana Alta, fueron desmanteladas por la empresa durante este mandato, en cumplimiento del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Arrecife”, asegura el Consistorio en un comunicado.

"Hemos desmantelado la instalación en este mandato, y aún han querido que existiera una causa penal abierta contra la actuación del Ayuntamiento, una causa a la que la Justicia da un carpetazo claro y deja en evidencia al denunciante", afirmó De León.