El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha acordado desestimar la autorización de dos proyectos turísticos previstos en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, al presentar incumplimientos de la normativa sectorial que impiden su autorización.

El primero corresponde un proyecto de ampliación que contempla 154 unidades alojativas y 308 plazas. El informe técnico del Departamento de Ordenación Turística determina que la zona norte de la ampliación cuenta con tres plantas que no están comunicadas mediante ascensor, incumpliendo la normativa aplicable, sin que conste tampoco una dispensa otorgada por el Gobierno de Canarias. Por este motivo, el Consejo de Gobierno desestima la autorización y clasificación provisional solicitada para la ampliación.

El segundo expediente afecta al cambio de uso de una vivienda unifamiliar a villa turística, también en Playa Blanca, planteada para una unidad alojativa y 14 plazas. La resolución recoge que la capacidad propuesta no se ajusta a la realidad preexistente de la vivienda, que su distribución y accesos no impiden la contratación por habitaciones o la coincidencia de usuarios diferentes y que no dispone de todos los equipamientos mínimos obligatorios.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, señaló que "estas resoluciones responden a criterios técnicos y al cumplimiento de la normativa. La ordenación turística exige rigor y seguridad jurídica, especialmente en una isla que debe gestionar con responsabilidad su capacidad alojativa y su territorio".

Betancort añadió que "el Cabildo está ejerciendo sus competencias y resolviendo los expedientes con reglas claras. Cada proyecto debe acreditar que cumple las condiciones establecidas antes de obtener una autorización turística".

Por su parte, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, explicó que "los informes técnicos detectan incumplimientos concretos que impiden autorizar ambos proyectos en los términos planteados. La obligación del Cabildo es aplicar la normativa y garantizar que las actuaciones turísticas que se desarrollen en Lanzarote cuenten con todas las garantías".

Machín recordó que la Institución insular continúa trabajando en la actualización de los instrumentos de ordenación territorial para dotar a Lanzarote de un marco claro que aporte seguridad jurídica y permita compatibilizar la actividad económica con la protección del territorio, una línea ya defendida por el Cabildo en anteriores resoluciones sobre autorizaciones turísticas.