La empresa de buggies H2O Sports Lanzarote ha anunciado que está “valorando firmemente emprender acciones legales” contra el Cabildo y contra el Ayuntamiento de Teguise por lo que considera que es “una persecución y un acoso cruel e injustificado a una actividad económica totalmente legal”.

En un comunicado de cuatro folios, la empresa denuncia una “obsesión por fiscalizar su actividad”, pero no aclara en ningún momento si cuenta con una autorización en vigor para desarrollarla, que fue lo que se puso sobre la mesa en el Pleno celebrado el pasado viernes en Teguise. “Lo que me dice el Cabildo es que no se han dado nuevas autorizaciones y que las autorizaciones que se han dado se dieron hace muchísimos años y no se han prorrogado”, afirmó la alcaldesa, Olivia Duque, reconociendo que el Ayuntamiento desconoce si las excursiones de buggies que atraviesan el municipio están “amparadas legalmente”.

Sin embargo, aunque en la sesión quedó claro que hasta ahora no se han realizado controles por parte de la Policía Local, la empresa asegura que sufre “un acoso mediático, técnico y policial totalmente injustificado”. Además, cuestiona que no se actúe de la misma forma con otras actividades de ocio activo y en especial con los todoterrenos que ofrecen excursiones en La Graciosa, y también con los rallies.

Preguntas e insinuaciones

La empresa carga en particular contra el consejero de Política Territorial del Cabildo, Jesús Machín Tavío, al que acusa de no haberse reunido “ni una vez” con las cuatro empresas que realizan esta actividad en la isla, “algo que cualquier persona sensata y madura hubiera hecho desde el primer momento para buscar soluciones a corto plazo, mientras comenzaba a realizar su trabajo y su obligación”. En concreto, defiende que lo que debería hacer la Corporación insular es aprobar una red de rutas para vehículos a motor en el medio natural, tal como establecía la Ley del Suelo de Canarias de 2017, que señala que fuera de la red oficial queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana.

H2O Sports Lanzarote asegura que está "valorando firmemente emprender acciones legales" contra el Cabildo y Teguise por lo que considera "una persecución y un acoso cruel e injustificado"

“¿Por qué motivo el Cabildo de Lanzarote no ha realizado esta red oficial para la circulación de vehículos a motor después de casi 10 años de vigencia de la Ley? ¿Tendrá algo que ver con las posibles restricciones o limitaciones que en un futuro tendría el propio Cabildo a la hora de autorizar pruebas del motor como rallies?”, se pregunta la empresa, que subraya la “relación directa” del consejero “con el mundo de las rallies”, en el que participa activamente su padre, el alcalde de Tinajo Jesús Machín.

Además, añade que “resulta muy sorprendente que tanto el Cabildo de Lanzarote como el Ayuntamiento de Teguise tengan esta obsesión por fiscalizar nuestra actividad lucrativa con vehículos de motor en una parte del municipio”, mientras “son muy laxos o directamente obvian el control de una actividad de excursiones en Jeep Safari que se desarrolla diariamente en otra parte del municipio de Teguise, con el agravante de que es uno de los lugares con mayores capas de protección medioambiental de Canarias, como lo es la isla de la Graciosa”.

Al respecto, pregunta si estas empresas que ofrecen desplazamientos con conductor por la octava isla cumplen con la normativa, y si “se han realizado estudios medioambientales y de afección de esa actividad a la flora y fauna protegida” de la isla. “Si según palabras del consejero, las excursiones en jeep Safari están prohibidas en toda la isla según el PIOT del 91, ¿cómo las permite en La Graciosa?”, insiste, comparando ambas actividades.

Del mismo modo, considera que la actividad de las excursiones en buggie es “similar” a la del alquiler de vehículos en Lanzarote, “con la diferencia que nuestra actividad, al ser guiada por un monitor, impide que los turistas accedan libremente a caminos o pistas que pudieran causar daños al medio, a diferencia del alquiler libre de los rent a car”.

Al respecto, añade que “se estima que, en Lanzarote el número total de buggies de todas las empresas es inferior a 200, mientras que el número de vehículos de alquiler es de unos 10.000, con noticias diarias de salidas de pista, vuelcos, estacionamientos prohibidos en espacios protegidos como Las Grietas, Famara, Las Cocinitas en Orzola… No teniendo conocimiento de que estas situaciones tan gravosas para el medio y para nuestra seguridad haya provocado ninguna acción por parte del Cabildo de Lanzarote”.

“Persecución política”

En cuanto al Ayuntamiento de Teguise, también le acusa de llevar a cabo una “persecución política” a su actividad en el municipio, y lo vincula a “la posibilidad de captar votos ante las últimas encuestas municipales y el temor de perder la alcaldía”. Y es que la empresa es consciente del rechazo que genera esta actividad no solo en los vecinos de Guatiza, sino en buena parte de la sociedad.

La empresa cuestiona la "obsesión por fiscalizar” su “actividad lucrativa con vehículos de motor" y reclama la creación de una red oficial de rutas para vehículos a motor en el medio natural

“Somos plenamente conscientes de que la campaña organizada y orquestada tanto por la alcaldesa del Ayuntamiento de Teguise como por el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, utilizando todos los medios de comunicación a su disposición para culpar de todos los daños que sufre el campo de Lanzarote únicamente a los buggies, hace imposible ni siquiera establecer un debate moderado y sensato sobre la actividad y su encaje en el desarrollo socioeconómico de la isla”, afirma la empresa.

Además, apela al “profundo daño” que afirma que esto está provocando tanto “a las más de 50 familias que componen la empresa como a su dirección”; y acusa a las administraciones y a un “reducido grupo de vecinos de Guatiza” de haber “establecido una batalla conjunta contra un enemigo común: los buggies”.

Una denuncia, y del Seprona

Sin embargo, los vecinos de Guatiza denuncian justo lo contrario: que el Cabildo y el Ayuntamiento llevan años sin tomar medidas contra esta actividad, y que hasta ahora solo han recibido promesas -como la ordenanza que Teguise aprobó inicialmente hace un año, pero que sigue sin tener aprobación definitiva, o la consulta pública que ha anunciado ahora la Corporación insular-, sin que ninguna se haya concretado de momento.

Los vecinos denuncian años de inacción de las administraciones y la única sanción vinculada a la empresa partió de una denuncia del Seprona y acabó reducida por "pago voluntario"

Al respecto, tal como ya publicó Diario de Lanzarote, cabe recordar que la autorización que el Cabildo concedió a la empresa H2O Sports caducó en diciembre de 2025 y no consta que se haya renovado, pese a lo cual ha seguido operando en los municipios de Teguise y Haría, atravesando entre otros el pueblo de Guatiza.

Además, el Cabildo solo ha impuesto una sanción vinculada a esta empresa, y no fue por una inspección de la Policía Local ni de los agentes de Medio Ambiente de la Corporación insular, sino del Seprona, que denunció una excursión de buggies que se había salido incluso del camino de tierra, en la zona entre el Barranco de Las Piletas y la antigua rofera. La multa ni siquiera se dirigió contra la empresa, sino contra el guía que encabezaba la excursión, y ascendió a 1.000 euros, aunque se redujo a 600 al aplicar las deducciones por “reconocimiento de la responsabilidad” y por el “pago voluntario”.

“Miedo a trabajar”

Mientras tanto, la empresa asegura que sus empleados viven “con miedo a ir a trabajar, temerosos, con la sensación de que están cometiendo un delito por el mero hecho de hacer su trabajo”, e insiste en que está sufriendo “una caza de brujas”.

Incluso asegura que han sufrido “amenazas de muerte al personal y a los turistas, boicots en las pistas habilitadas con la colocación constante de grandes piedras en curvas o cambios de rasantes para provocar el mayor daño personal, troncos, tachas, intentos de atropellos, insultos…”, y culpan de ello a las autoridades, por su “actitud beligerante” y por crear “un ambiente social cada vez más conflictivo, contando que la actividad es ilegal, que destrozamos cultivos y que saltamos por fuera de caminos constantemente”.

En el comunicado no dan cuenta de ninguna denuncia que hayan interpuesto por estos supuestos hechos, pero llegan a señalar que si no utilizan nombres para firmar la nota de prensa es “debido a esas amenazas y las situaciones tan violentas que sufrimos, por miedo a represalias”.

Por eso exige a los responsables públicos “que paren ya de echar leña al fuego” y que “actúen de forma inmediata con la madurez y sensatez que su cargo les exige, transmitiendo a esos ciudadanos descontentos que la violencia nunca es el camino y contarles de una vez por todas la verdad, que la actividad de buggies es una actividad legal y que tanto el Ayuntamiento de Teguise como el Cabildo de Lanzarote no han hecho su parte del trabajo para regular los tramos, los horarios, el número de vehículos y las demás medidas de regulación de la actividad”.