Desde 2019 ha ejercido como juez decano del partido judicial de Arrecife. Deja la Isla para trasladarse al Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, a la Plaza número dos de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad. En esta entrevista hace balance de su mandato y de la situación de la justicia.

-Una de las cosas que más se repite a lo largo de las páginas de la Memoria que ha realizado sobre su gestión en estos siete años es la necesidad de adaptar la justicia a la realidad insular. ¿Se va satisfecho en ese sentido?

-Me voy satisfecho en ese aspecto y con carácter general, pero sobre todo porque es un trabajo en equipo por parte de todos los compañeros que ejercemos la justicia en las Islas, por todo el personal de los juzgados, letrados de Administración de Justicia, fiscales, abogados, procuradores, trabajadores sociales, punto de encuentro familiar, asociaciones, Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Sala de Gobierno... Todos hemos formado un equipo y eso es importante. Es cierto que uno de los grandes retos cuando cogí el decanato en 2019 era luchar para que haya una distribución de los recursos de justicia equivalente, es decir, que se busque de alguna manera el hecho de que los recursos en Canarias se distribuyan teniendo en cuenta los diferentes partidos judiciales que existen y sobre la realidad insular. Porque en muchas ocasiones se tiene en cuenta la provincia, por poner un ejemplo, cuando en realidad las provincias en Canarias son una ficción, con lo cual a lo que tenemos que hacer referencia es a la realidad insular. Una de las cosas que más he aprendido, y soy de Santa Cruz de Tenerife, es que hay que trabajar el doble o el triple según la isla en la que estés para lograr lo mismo. Y yo creo que poquito a poco, con trabajo y con esfuerzo hemos logrado que eso cada vez vaya mejor y que se atiendan muchas de las necesidades.

-Los datos sí están por juzgados y por islas, o por provincia, pero ¿hay algún tipo de dato de estadística que no se recoja de esa manera y perjudique a partidos judiciales como el de Arrecife o el de Puerto Rosario?

-Poquito a poco y con todo el trabajo que se ha hecho en estos años, hemos ido a mejor en lo que se refiere a la creación de plazas judiciales. El primer elemento que hay que tener en cuenta es la entrada de asuntos. Lanzarote tiene unos números muy importantes de entrada de asuntos. Desde el año 2019 han crecido en un 16 por ciento. ¿A qué se debe? Somos la tercera isla en población y en turismo. Los que eran los juzgados de primera instancia, que ahora son la sección civil, han venido trabajando por encima de módulo constantemente y hemos logrado que se hayan creado dos plazas más, la 6 ya en funcionamiento, y la 7 que entra en funcionamiento en noviembre. También se logró la creación del Juzgado de violencia sobre la mujer, que es absolutamente fundamental. La ley que nos transforma ahora en tribunales de instancia aboga por la especialización porque es importante tener a juezas y a jueces especializados en materias tan sensibles como familia, violencia sobre la mujer o contra la infancia. En Lanzarote había y hay unos números muy importantes en materia de violencia sobre la mujer y sin embargo no teníamos una atención especializada. Pero lo que se ha logrado es que ambas islas tengan esa atención especializada en materia de violencia sobre la mujer, no aplicando las cuentas numéricas exactamente a rajatabla, sino aplicándole factores de corrección que permitan la distribución de los recursos y de las ventajas legales, como es la especialización a todas las islas.

“Las velocidades de la justicia y las de los medios de comunicación son diferentes”

-Hay órganos judiciales que se siguen reclamando, como el Juzgado de lo contencioso, y otras reivindicaciones como la oficina de atención al ciudadano, que han quedado pendientes.

-Durante mi presidencia del decanato, las peticiones de creación de Juzgados que hemos hecho las hemos logrado. ¿Cuáles no hemos logrado? Tenemos en puerta de salida, informada favorablemente ya por la Sala de Gobierno, una plaza quinta de la sección de Instrucción, que va a ser muy necesaria. Lo que se pretende es incorporar un juez más en instrucción que parcialmente se especialice en violencia contra la infancia y adolescencia. Por razones numéricas no puede ser una especialización total, pero una parcial sí que se puede realizar. También tenemos informada favorablemente por el Tribunal Superior de Justicia otra plaza más en la sección social, una tercera en Arrecife. La de la Sección Contencioso Administrativa, sabiendo que es una reivindicación del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, es una cuestión que no cabe solicitarla desde el Decanato, sino que le corresponde a esa Sección de lo Contencioso Administrativo y a la Presidencia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Es una reivindicación de los colegios profesionales que entiendo que ellos van a seguir realizando.

“Falta la Oficina de atención a la víctima y el servicio de orientación”

-Volviendo a la realidad insular, a veces no se trata solo de crear órganos, sino de tener cierta sensibilidad. Por ejemplo, con las secciones de la Audiencia Provincial, que pueden venir a celebrar juicios aquí, pero solo viene una sección, y eso provoca que haya mucha gente que tenga que desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria.

-Entre todos siempre tenemos que ir mejorando. Incluso alguna vez también se habló de que se crease una sección de la Audiencia Provincial aquí, pero la Audiencia tiene su propia presidencia y es la que se encarga de realizar las solicitudes. Ese otro tipo de necesidades las tienen que plantear las secciones y los órganos correspondientes. Otra cosa es lo que se puede analizar en los órganos de gobierno, como es la Sala de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Ahí estamos de acuerdo con esa perspectiva de insularidad y de las especificidades propias del territorio.

-Una vez conseguidas las reivindicaciones principales, sigue habiendo mejoras necesarias...

-Obviamente esto es un servicio público. Cuando un cargo finaliza, el servicio continúa, el telón en ningún caso ha cerrado y se tiene que continuar trabajando. No solo estamos hablando de creación de plazas judiciales, sino de los diferentes servicios complementarios. Desde que yo cogí el decanato de Arrecife se ha avanzado también mucho en esa línea. En 2019, el primer servicio que pusimos en marcha fue el Punto de Encuentro Familiar, en colaboración con el Gobierno de Canarias y está funcionando y ahora ya no sabemos vivir sin él. Ocurre lo mismo con el servicio de mediación que se ha puesto en marcha para los asuntos de familia, infancia y discapacidad. Hemos puesto también en marcha diferentes protocolos, como es el de remisión de atestados telemáticos, que fuimos de los primeros en Canarias, y además satisfactoriamente gracias a la colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil. Hemos puesto en marcha otros protocolos para los centros de internamiento de extranjeros o para internamiento psiquiátrico. Hemos mejorado las instalaciones, con el Gobierno de Canarias, en materia de menores, poniendo en marcha incluso protocolos o guías de debida atención a los menores en la sede, porque tenemos salas de espera de menores, tenemos salas para las declaraciones... Tenemos además una psicóloga forense en el equipo. Y respecto a los equipos psicosociales, todavía no se han constituido, pero está prevista la creación de diferentes equipos para Lanzarote y Fuerteventura, con lo cual, por lo menos en el papel, lo hemos alcanzado. Hay que estar pendiente de que eso se haga en la práctica y de que cobre vida. Nos falta la Oficina de atención a la víctima y el servicio de información a la ciudadanía, de orientación jurídica, pero hemos puesto en marcha el Servicio de Información Social a las personas con discapacidad, que ha sido pionero y a partir de aquí ha ido a la la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, está ahora también en Arucas y en Telde, y todo se ha hecho en colaboración con Adepsi.

“Los ciudadanos tienen libertad para discrepar de las resoluciones judiciales”

-Para la mayor parte de la gente que no tiene relación ninguna con la Administración de Justicia, acercarse a un lugar como los Juzgados le genera un cierto estrés, una ansiedad por no saber cómo manejarse, y eso hay que solucionarlo de alguna manera.

-Exactamente, por eso tenemos que lograrlo. El cambio al Tribunal de instancia, si ya era un mundo complicado de entender, lo hace más difícil. Los diferentes jueces, las plazas judiciales, se organizan en secciones, pero los funcionarios que atienden los asuntos pasan a integrarse en la oficina judicial. Ahí están los gestores, tramitadores, auxilios de trabajo, administración de justicia, y se distribuyen en tres servicios: el servicio común general, el de tramitación y el de ejecución. El general es el que atiende al público, ayuda en los juicios y recibe los asuntos. El de tramitación es el que tramita los asuntos, y el de ejecución es el que, una vez que hay sentencia, los ejecuta. Para hacer todo eso y ponerlo en marcha establecimos un código de colores en el edificio, acompañado de la cartelería correspondiente, de un vídeo informativo... de tal manera que al servicio general lo llamábamos el servicio rosa, al de tramitación el amarillo, y al de ejecución el azul, junto con todas sus vertebraciones. Y eso logró que tanto profesionales, usuarios, como también para nosotros mismos fuera mucho más fácil de asimilar. Ese tipo de iniciativas son fundamentales. Los profesionales tienen que poder trabajar con los Juzgados, y los ciudadanos tienen que venir con la inquietud propia de venir a un Juzgado, pero ser atendidos en todos sus aspectos, en el jurídico y en cualquier atención complementaria que puedan necesitar. Para eso hemos puesto en marcha servicios de información social como ese que está prestando Adepsi los miércoles. Pues ese servicio de información social a personas con discapacidad se puede complementar con un servicio de información social con carácter general que pudiera prestarse otro día de la semana, por ejemplo, con un trabajador o trabajadora social que vinculara la prestación del servicio de justicia al de los servicios sociales que se presta en la isla... Y un servicio de atención a las víctimas que se puso en marcha en un primer momento de manera telemática, pero que no cubre las necesidades legales y que hay que ponerlo en el Juzgado de manera presencial, como una verdadera oficina de atención a las víctimas en Arrecife.

“En 2019 pusimos en marcha el Punto de Encuentro Familiar”

-Aunque no sea algo específicamente de Lanzarote, en los últimos tiempos la Justicia está de forma permanente en los medios de comunicación y probablemente con un cierto desprestigio. ¿Eso también se nota en un partido judicial pequeño como Arrecife o es una cuestión que se queda para las grandes instancias judiciales?

-Es una cuestión que tiene un aspecto o debate importante, sobre todo a nivel mediático. A nivel judicial en sentido estricto, lo que nos encontramos es con un conjunto de trabajadores y trabajadoras como son los jueces y juezas, acompañados de letrados de la administración de justicia, fiscales, funcionarios... que lo que hacen es trabajar día a día para superar con los medios de los que disponemos unas cargas de trabajo que están por encima de las que podemos abordar. Y lo hacemos con independencia, con imparcialidad, aplicando la ley, buscando prestar el mejor servicio a los ciudadanos. Y esa es la realidad de la justicia del país, a la que la mayoría de los ciudadanos acuden y vienen a buscar solución a sus problemas. Luego hay una serie de asuntos que tienen un mayor carácter mediático. Hay que entender que las velocidades de la justicia y las de los medios de comunicación, que hacen su trabajo de informar a los ciudadanos, son diferentes. En los medios de comunicación son asombrosamente rápidas. Cada semana estamos con el foco puesto en un aspecto diferente o una noticia diferente. Pero los procedimientos judiciales tienen unos tiempos que son mejorables y que hace falta invertir más medios y ser más eficientes en cuanto a los resultados. Pero en gran parte esas velocidades de la justicia, esa lentitud, es necesaria para ir dando pasos en firme y con todas las garantías para los ciudadanos afectados en esos asuntos. Eso es lo que ocurre muchas veces, que no nos entendemos en las velocidades, porque son completamente distintas. Pero si miramos la historia de nuestro país, sobre todo la historia democrática y cómo ha funcionado el servicio público de justicia desde la Constitución del 78, creo que podemos estar orgullosos de contar con un poder judicial independiente, imparcial y que puede ser que algunas veces digamos que la justicia es lenta, pero siempre llega. Los medios de comunicación y los ciudadanos tienen su libertad de expresión para poder discrepar con las resoluciones judiciales desde la crítica, pero con respeto y no hay ningún problema. Lo bueno es que el sistema tiene mecanismos para poder trasladar esa crítica o esa discrepancia, que son los recursos normativamente previstos hasta llegar a las instancias superiores. Evidentemente siempre tiene que haber algún fin. Y luego, por otra parte, cuando alguien que está en un procedimiento puede creer que un juez no está cumpliendo con los suficientes requisitos de imparcialidad o independencia, pues tiene la posibilidad de recusarlo o el juez tiene la posibilidad de abstenerse en los términos legalmente previstos. Están todas las garantías y todos los resortes en un ordenamiento como el nuestro. Y dentro de esas garantías también está la posibilidad de criticar con respeto y con un espíritu crítico y de mejora.