Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado el bloqueo de las negociaciones de la huelga en el servicio de recogida selectiva de Lanzarote, gestionado por Urbaser, y ha calificado de "absolutamente abusiva y desproporcionada" la fijación de unos servicios mínimos del 80 por ciento que atribuye al Cabildo insular, al que acusa de actuar como "juez y parte a la misma vez".

La Unión Insular de CCOO de Lanzarote y la representación legal de los trabajadores sostienen que la empresa adjudicataria y el Cabildo han esperado hasta el último momento para abordar el conflicto, pese a que la convocatoria de huelga fue comunicada con más de diez días de antelación.

En un comunicado, el sindicato denuncia que "no se ha celebrado una reunión específica con el comité de huelga para abordar el conjunto de las reivindicaciones que motivaron dicha convocatoria", lo que considera una muestra de falta de voluntad para resolver el conflicto laboral.

Según CCOO, las dos reuniones celebradas hasta ahora tuvieron lugar durante los dos últimos días, con la huelga ya iniciada, y se centraron fundamentalmente en la negociación del convenio colectivo, sin avances sustanciales sobre las reivindicaciones de la plantilla.

Uno de los principales desacuerdos se refiere al "mantenimiento de la distribución de la jornada laboral de lunes a viernes", una condición que los trabajadores defienden y sobre la que, según el sindicato, la empresa continúa sin presentar alternativas.

Comisiones Obreras señala que la representación de los trabajadores ha trasladado más de cuatro propuestas durante la negociación colectiva, sin que la empresa haya ofrecido soluciones para acercar posiciones.

La organización recuerda que el conflicto no se limita a la distribución de la jornada, sino que también responde a incumplimientos que denuncia en materia de descansos, prevención de riesgos laborales, compensaciones económicas y aplicación del convenio colectivo.

Críticas a los servicios mínimos

CCOO cuestiona especialmente la actuación del Cabildo de Lanzarote en la fijación de los servicios mínimos, al considerar que el porcentaje del 80 por ciento supone "una grave limitación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de huelga".

El sindicato sostiene que, en servicios similares de otras comunidades autónomas, los servicios mínimos se sitúan entre el 35 y el 40 por ciento y alcanzan como máximo el 50 por ciento de la plantilla para cubrir la actividad correspondiente a días festivos.

La organización sindical denuncia la falta de avances sobre el mantenimiento de la jornada de lunes a viernes y estudia posibles vulneraciones de derechos fundamentales

Además, asegura que la Administración insular pretende que el servicio de recogida selectiva continúe funcionando prácticamente con la misma frecuencia y condiciones habituales.

A juicio de CCOO, esta decisión reduce considerablemente la capacidad de los trabajadores para ejercer la huelga como medida de presión en defensa de sus reivindicaciones laborales.

La organización considera que "no resulta admisible que, bajo la justificación de garantizar la prestación de un servicio público, se establezcan unas condiciones que, en la práctica, puedan vaciar de contenido el propio derecho de huelga".

En este sentido, recuerda que la fijación de servicios mínimos debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y justificación, para garantizar tanto la prestación de los servicios esenciales como el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.

CCOO insiste en que "garantizar los servicios esenciales no puede convertirse en una excusa para garantizar la normalidad absoluta de la actividad empresarial durante una huelga", y considera que mantener prácticamente inalterada la frecuencia habitual de recogida excede de lo razonable.

Posibles vulneraciones de derechos

La organización sindical asegura que, junto con la representación de los trabajadores, ya ha puesto en conocimiento de los organismos competentes las irregularidades que afirma haber detectado durante el conflicto laboral.

Asimismo, señala que sus servicios jurídicos están estudiando las actuaciones de Urbaser y del Cabildo de Lanzarote para determinar si se han producido vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente en relación con el ejercicio de la huelga.

CCOO considera "especialmente grave" que una administración pública, que debe garantizar el respeto a los derechos constitucionales, pueda adoptar decisiones que, a su juicio, obstaculicen de forma desproporcionada el ejercicio de este derecho.

También reclama al Cabildo que asuma un papel activo en la búsqueda de soluciones y que vele tanto por la prestación del servicio público como por el cumplimiento de los derechos laborales de la plantilla.

El sindicato reitera su disposición a continuar negociando con la empresa y a buscar una salida al conflicto mediante el diálogo, aunque insiste en que la negociación debe sustentarse en propuestas que respondan a las reivindicaciones de los trabajadores.

Por último, CCOO ha anunciado la celebración de una asamblea de trabajadores este jueves, 15 de octubre, a partir de las 13.00 horas, a las puertas del Cabildo de Lanzarote, para visibilizar la situación laboral que denuncia la plantilla del servicio de recogida selectiva.