La Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote ha comunicado este jueves que "no tiene inconveniente que oponer" a la celebración de la concentración por el derecho a la vivienda en el parque José Ramírez Cerdá de Arrecife, aunque ha precisado que la ocupación del espacio público y la instalación de elementos corresponden a la Administración titular de esa zona, en este caso el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña.

Así consta en un oficio firmado este jueves por el director insular, Pedro Viera, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, en respuesta a la comunicación presentada por los promotores de la protesta, que comenzó la noche del martes y cuyos participantes han recibido advertencias de la Policía Local sobre posibles sanciones económicas y la retirada de las tiendas de campaña.

La resolución de la Dirección Insular se refiere a una concentración pacífica por el derecho a la vivienda digna, comunicada inicialmente el 6 de octubre y cuya documentación fue ampliada este jueves para precisar las características de la protesta.

Así, el escrito recoge que la concentración se desarrollará desde las 00.00 horas del jueves 8 de octubre hasta las 23.59 horas del lunes 12 de octubre en el parque José Ramírez Cerdá.

La Dirección Insular señala expresamente que "no tiene inconveniente que oponer para que se celebre dicho acto", en aplicación del artículo 21.2 de la Constitución y del artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

Competencias y atribuciones

Sin embargo, el organismo estatal introduce una precisión sobre el alcance de sus competencias, que se limitan al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y no comprenden la autorización del uso u ocupación de espacios públicos.

En concreto, la resolución señala que la competencia de la Delegación del Gobierno "se circunscribe al ejercicio del derecho de reunión y manifestación" y que carece de atribuciones "para autorizar o regular el uso u ocupación de la vía pública como tal".

Añade que esta competencia no puede extenderse "a la autorización, ordenación o regulación del uso privativo u ocupación de la vía pública ni a la instalación de elementos en la misma".

Según el documento, estas cuestiones corresponden a "la Administración titular de la vía o zona pública donde tendrá lugar esta concentración", en este caso el Ayuntamiento de Arrecife.

Condiciones para la concentración

El oficio de la Dirección Insular establece cuatro condiciones para el desarrollo de la concentración, con el objetivo de compatibilizar el ejercicio del derecho de reunión con otros derechos constitucionales, especialmente la libertad de circulación.

En primer lugar, exige mantener un servicio de orden interno que garantice el desarrollo pacífico de la protesta, del que responsabiliza a su promotor.

También advierte de que, en caso de producirse alteraciones de la seguridad ciudadana, podrá procederse a la disolución del acto conforme a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

La segunda condición establece que "en ningún caso se podrá cortar el tráfico rodado, ni verse afectada la libre circulación de las personas". Además, los participantes deberán respetar la ordenanza municipal de protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.

Traslado a Ayuntamiento y Policía

La resolución dispone igualmente que los manifestantes deberán atender las instrucciones de los agentes de la autoridad, dentro del ejercicio de sus respectivas competencias, y que, una vez finalizado el acto, los asistentes deberán disolverse pacíficamente.

La Dirección Insular advierte de que el incumplimiento de estas condiciones o de la normativa aplicable podrá dar lugar a la identificación y denuncia de los infractores, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a los promotores de la concentración.

El organismo estatal ha comunicado, además, que tanto el escrito de los organizadores como su resolución han sido remitidos al Ayuntamiento de Arrecife y a la Comisaría de Policía de la capital.

También recuerda que corresponde a la Policía Local regular el tráfico en las vías públicas, de acuerdo con la Ley Orgánica  de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Advertencias de multas

La comunicación de la Dirección Insular se produce después de que la Policía Local de Arrecife haya advertido a los participantes en la protesta de la posibilidad de imponerles multas de hasta 1.500 euros por persona, una cuantía confirmada el miércoles por fuentes municipales.

Fuentes de la protesta han señalado este jueves que la Policía Local también les ha advertido de que el Ayuntamiento enviará al servicio municipal de Limpieza para retirar las tiendas. Las mismas fuentes han indicado que los agentes fundamentan sus requerimientos en las ordenanzas municipales de uso del litoral y de parques y jardines.