La Audiencia Provincial de Las Palmas comenzará el próximo 6 de octubre el juicio del denominado caso Catastro, en el que la Fiscalía atribuye a un grupo actuaciones para alterar la titularidad de fincas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria mediante documentos de compraventa que considera falsos.

La Sección Primera ha señalado sesiones hasta el 22 de octubre para un juicio en el que están citados 88 testigos y nueve peritos. En el banquillo se sentarán Santiago Ramón M.M., vinculado a la mercantil Lancalan; José María C.F., responsable de la gestoría Carbonell & Fernández Gestión Catastral, y Jesús O.M., funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas.   

La Fiscalía sostiene que los tres actuaron entre enero de 2011 y febrero de 2016 junto con Gustavo Adolfo G.G.R. y Roque M.M., ambos fallecidos, con la finalidad de buscar fincas y realizar "cambios ilícitos en sus inscripciones de titularidad catastral".

El Ministerio Fiscal sostiene que la trama localizaba fincas, elaboraba contratos de compraventa con datos falsos y lograba cambios de titularidad en el Catastro

Según el escrito de acusación, los integrantes obtenían información sobre los inmuebles, elaboraban documentación privada de compraventa y la presentaban ante el Catastro, donde el funcionario acusado habría realizado alteraciones de titularidad "a sabiendas" de que los documentos contenían información falsa.

La Fiscalía atribuye a Jesús O.M. una intervención prioritaria en 141 expedientes. En 137 no se habría dado audiencia a los interesados, en 139 no se habría notificado el cambio al anterior titular y 85 fueron tramitados el mismo día.

Las operaciones vinculadas a Lanzarote

En la parte del escrito relacionada con Lanzarote, la Fiscalía detalla especialmente las actuaciones atribuidas al ya fallecido Gustavo Adolfo G.G.R. y su relación con expedientes tramitados por el funcionario acusado.

El Ministerio Público señala que Jesús O.M. intervino en 24 expedientes para poner distintos inmuebles a nombre de Gustavo Adolfo G.G.R. y que esos procedimientos presentaban irregularidades como ausencia de audiencia a los interesados, falta de notificaciones y una tramitación en plazos muy breves.

Según la acusación, su objetivo era poner los inmuebles a nombre de terceros y obtener después beneficios económicos

En seis de esos expedientes se habrían utilizado protocolos notariales con información que la Fiscalía considera falsa para dar apariencia de veracidad a compraventas que no se habían producido.

En otros 18, los documentos privados utilizados para justificar los cambios en el Catastro estaban fechados el mismo día y recogían como vendedores a personas que, según la acusación, no eran los verdaderos titulares de las propiedades.  

La Fiscalía sostiene que en esos documentos aparecía de forma reiterada María Magdalena D. R. y acusa a Gustavo Adolfo G.G.R. de haberse aprovechado de ella, haciéndole firmar documentación sin que supiera que figuraba como compradora de las fincas y que después las transmitía al propio investigado y a sus hijas.

El escrito añade que Gustavo Adolfo G.G.R. utilizó también el nombre de sus hijas en documentos privados y que, en otras ocasiones, las llevó a firmar ante notario creyendo ellas que se trataba de propiedades procedentes de la herencia de su madre.   

Fincas en Arrecife y San Bartolomé

Entre las operaciones detalladas por la Fiscalía figura una finca situada en El Islote, en San Bartolomé, propiedad de El Grifo S.L., que habría sido inscrita catastralmente a nombre de María Magdalena D.R.

El escrito de acusación detalla operaciones sobre propiedades de Arrecife, San Bartolomé, Teguise y Tías y atribuye parte de ellas a un investigado fallecido durante la instrucción

El Ministerio Público recoge también otra propiedad en Guatice, en San Bartolomé, cuyo cambio de titularidad afectó a Antonia P.E.    

En Arrecife, la acusación cita varias fincas de Los Tableros y Peraza pertenecientes a miembros de la familia Gutiérrez Rocío, además de otra propiedad en Maneje de la familia García Barreto, que también habrían sido inscritas a nombre de una persona distinta de sus propietarios.

También figura una finca propiedad de Rafael F.C. en Arrecife que, según la Fiscalía, fue inscrita a nombre de un tercero sin el consentimiento de su titular.

Teguise y Tías

El escrito de acusación incluye asimismo una propiedad de Hoya Limpia, en Tías, que habría sido inscrita catastralmente a nombre de terceras personas tras presentarse un contrato privado de compraventa que la Fiscalía considera falso.

Entre los perjudicados figura El Grifo SL, por una finca de El Islote, además de particulares cuyas propiedades habrían sido inscritas catastralmente a nombre de terceros

En Teguise se menciona una finca de El Llano propiedad de Pura María del Pino L.G. y Nazaret L.G. Según la acusación, el cambio de titularidad se realizó después de presentar un contrato privado de compraventa falso.

La Fiscalía enumera además distintas propiedades vinculadas a las mismas familias en zonas de San Bartolomé y Teguise, entre ellas Juan Bello, La Quinta, Las Peruchas, El Islote, El Puldón y Hoya del Zapatero.    

Peticiones de cárcel

Los hechos se califican en el escrito de acusación como delitos de falsedad continuada en documento público en concurso con prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, aunque no todos ellos se atribuyen a cada uno de los procesados.

La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de falsedad continuada en documento público en concurso con prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

La Fiscalía solicita 17 años de prisión para Santiago Ramón M.M., 13 años para el funcionario Jesús O.M. y nueve años y once meses para José María C.F.

El proceso ya había sido señalado en marzo de 2025 para intentar alcanzar una conformidad, pero la vista terminó sin acuerdo y el juicio quedó entonces aplazado sin fecha. La Audiencia lo ha fijado ahora a partir del 6 de octubre.