La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 2 de Arrecife ha decidido archivar la causa contra el cazador que fue detenido el pasado domingo en la zona del Diseminado de Haría, que fue denunciado por disparar en una zona de seguridad, donde está prohibido hacerlo, y con un vecino “en la línea de fuego”.

La denuncia fue tramitada por la Guardia Civil, que el lunes remitió las diligencias al Juzgado de guardia. Ese mismo día, el perjudicado recibió la citación para acudir este martes a los Juzgados, para un procedimiento de juicio rápido. Sin embargo, tras tomar declaración al investigado, al denunciante y a uno de los tres testigos, el Juzgado decidió sobreseer y archivar las diligencias.

La Ley de Caza de Canarias establece que “cazar con escopeta en zonas de seguridad o disparar en dirección a la misma” es una infracción administrativa. Para que los hechos tengan además encaje en el Código Penal deben concurrir otros elementos, como la existencia de lesiones o de un claro riesgo personal. En este caso, la Guardia Civil tramitó la denuncia por un delito de amenazas, pero el Juzgado no considera que haya indicios suficientes.

“Ha sido un varapalo”

Al respecto, los vecinos cuestionan la celeridad con la que se ha resuelto la instrucción, y afirman que los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que acudieron al lugar de los hechos no llegaron a recoger los casquillos de los disparos.

“Los cazadores van a seguir actuando incluso peor que antes”, lamenta una testigo

“Ha sido un varapalo muy grande”, lamenta una de las vecinas que presenció los hechos, que cree que esta decisión es “una victoria” para los cazadores que operan sin cumplir la normativa, que “van a seguir actuando incluso peor que antes”.

Los vecinos de la zona aseguran que durante la temporada de caza, cada domingo sufren disparos junto a sus viviendas, de cazadores que no respetan las zonas de seguridad. Por eso esperaban que este episodio, en el que afirman que “no ocurrió nada grave de milagro”, sirviera para frenar estas prácticas y aumentar el control sobre los cazadores.

Zona de Haría donde se produjo el incidente.

“En la línea de fuego”

Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 horas del pasado domingo, cuando varios vecinos se sobresaltaron por el ruido de disparos muy próximos a sus casas. El primero en salir a ver qué estaba ocurriendo fue el denunciante, que al asomarse al barranco vio a un cazador con un arma larga acompañado de varios perros.

Cuando le llamó la atención, advirtiéndole que estaba en una zona de seguridad y que debía llevar el arma abierta o descargada, el cazador hizo caso omiso. Según la denuncia, siguió caminando por el barranco e incluso se adentró en la finca de este vecino, que decidió volver a acercarse hasta él con su coche, para reiterarle que no podía disparar en la zona.

La Ley de Caza considera una infracción administrativa grave disparar en zonas de seguridad

Mientras le llamaba la atención, siempre según la denuncia, una bandada de perdices levantó el vuelo justo delante de perjudicado, y el cazador no dudó en disparar “en dos ocasiones, sin previo aviso, teniendo en la línea de fuego al denunciante, sin llegar a alcanzarle”.

“Cuando vi que se giraba me agaché debajo del muro, instintivamente, y no se cortó un gramo en disparar. Y ya no es solo que estuviera yo, es que detrás estaban las antenas”, declaraba este lunes el denunciante a Diario de Lanzarote. Y en lo mismo coincidían otros testigos que presenciaron los hechos, que advertían incluso de un posible delito de intento de homicidio.

No obstante, la prioridad tanto para el denunciante como para otros vecinos era que al menos se le impusiera “una buena multa”. Su mayor temor era que este episodio se saldara sin consecuencias, entre otras cosas por el mensaje que transmite eso al resto de cazadores.

Ahora esperan que lo ocurrido tenga al menos consecuencias en la vía administrativa, ya que la Ley de Caza de Canarias califica como una infracción grave disparar en zonas de seguridad o en dirección a ellas. Estas infracciones implican multas desde los 600 hasta los 3.000 euros, además de la retirada y revocación de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante el plazo de entre uno y cinco años.