La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), junto a las patronales turísticas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, ha advertido de que una liberalización generalizada de los usos residenciales en establecimientos turísticos "pondría en riesgo la continuidad del sector extrahotelero de las Islas".

Asolan, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Ashotel y Asofuer consideran que una medida de este tipo tendría consecuencias sobre el empleo, la actividad económica, los ingresos fiscales y la calidad y competitividad del destino.

Las organizaciones empresariales reconocen la necesidad de dar respuesta a las distintas situaciones generadas durante décadas en numerosos complejos turísticos y de adaptar la normativa a las nuevas realidades del mercado y de la comercialización.

Sin embargo, advierten de que "una cosa es modernizar el modelo y aportar seguridad jurídica y otra muy distinta permitir una liberalización indiscriminada de usos que terminaría desdibujando la naturaleza turística de los establecimientos".

Las cuatro patronales respaldan el planteamiento en el que trabaja la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para adaptar la regulación a la realidad actual y, al mismo tiempo, mantener las condiciones necesarias para que los establecimientos turísticos continúen funcionando de forma ordenada y competitiva.

Según las organizaciones, cualquier reforma debe garantizar que los costes, servicios y obligaciones necesarios para mantener los establecimientos turísticos sigan siendo asumidos de manera conjunta.

"El mantenimiento de las zonas comunes, la renovación de las instalaciones, los servicios que recibe el visitante y unos estándares homogéneos de calidad no pueden quedar sometidos a una progresiva fragmentación de intereses dentro de cada complejo", sostienen.

Las organizaciones sostienen que "una cosa es modernizar el modelo y aportar seguridad jurídica y otra muy distinta permitir una liberalización indiscriminada de usos"

Las patronales consideran que el debate no afecta únicamente a propietarios o empresas concretas, sino a la continuidad de un subsector que genera empleo, actividad económica e ingresos para las administraciones públicas.

En este sentido, citan estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, según el comunicado, cifraron en las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas de 2024 en 3.586 millones de euros anuales la pérdida de facturación asociada a la residencialización de inmuebles turísticos en Canarias.

Esos estudios situaron además, según las patronales, en 943 millones de euros la merma en la recaudación fiscal y en 88.000 los puestos de trabajo afectados.

Las organizaciones empresariales sostienen que "estas cifras obligan a abordar cualquier modificación legislativa desde la perspectiva del interés general".

A su juicio, la transformación progresiva de plazas turísticas en viviendas reduce la capacidad alojativa reglada, compromete la viabilidad económica de los establecimientos y dificulta su renovación y mantenimiento.

También advierten de que la convivencia indiscriminada de usos puede aumentar la fragmentación de los complejos y dificultar el sostenimiento de las zonas comunes, instalaciones, servicios y equipamientos.

"Si una parte creciente de sus unidades deja de participar de manera efectiva en la actividad turística, resulta cada vez más difícil sostener económicamente esos servicios y acometer las inversiones necesarias para mantener los estándares de calidad que exige un destino competitivo", señalan.

Asolan, FEHT, Ashotel y Asofuer rechazan por ello una reforma que suponga "en la práctica la liberalización general de los usos residenciales en establecimientos turísticos".

Las patronales defienden que se respeten los usos residenciales consolidados y que se preserven la actividad turística, el empleo y la calidad de los establecimientos

Las patronales consideran legítimo abordar las situaciones particulares existentes y analizar los procedimientos sancionadores que afectan a determinados propietarios, pero advierten de que "la solución a esos problemas no puede consistir en una modificación legal que permita extender hacia el futuro el uso residencial de inmuebles concebidos para formar parte de establecimientos turísticos".

Las organizaciones reclaman un equilibrio entre los derechos individuales y lo que consideran un interés colectivo vinculado al mantenimiento del sector extrahotelero.

Asimismo, recuerdan que los propietarios que puedan acreditar un uso residencial de sus inmuebles turísticos anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantenerlo en los términos establecidos legalmente.

Por ello, consideran que existe margen para "reconocer y proteger situaciones residenciales consolidadas sin abrir la puerta a que nuevos inmuebles concebidos para el alojamiento turístico abandonen progresivamente esta actividad".