El pasado 14 de enero, agentes del Seprona acudieron a Guatiza para realizar una inspección. Les habían comunicado que “de manera diaria y reiterada” estaban circulando buggies incumpliendo la normativa, y no tardaron en confirmarlo. “A las 13.20 se observa una caravana de seis buggies circulando por el camino que cruza el Barranco de Las Piletas, abandonando el mismo tras el puente y comenzando a circular fuera de camino hasta una antigua rofera”, señala el acta que levantaron los agentes.

Cinco meses después de recibir esa denuncia, el Cabildo anunció la apertura de un expediente sancionador, pero lo que no había trascendido es el importe de la multa. En total, se saldó con el pago de 600 euros. Es decir, menos de lo que la empresa había facturado con esa misma excursión. Según el acta del Seprona, había cinco conductores que “manifestaron haber abonado 180 euros” cada uno, por lo que el ingreso fue de 900 euros.

Además, la sanción no se dirigió contra la empresa, sino contra el guía, que era el sexto conductor y encabezaba la caravana. Cuando los agentes le dieron el alto y le pidieron que se identificara, se negó “hasta en tres ocasiones”, alegando que la ruta había sido “planificada por la empresa” y que no era “su responsabilidad”. Los agentes dejaron constancia de que no mostró “mapa, plano ni documento que así lo demuestre”, por lo que cursaron la denuncia a su nombre. No obstante, cuando le preguntaron por el nombre de la empresa, dijo que era Actividades Acuáticas, SL.

Empresa “autorizada”

La empresa H2O Actividades Acuáticas SL, que es la que sigue operando a diario en los municipios de Teguise y Haría, recibió una autorización del Cabildo en diciembre de 2024 para realizar excursiones “por asfalto” dentro de áreas protegidas y por “caminos de tierra consolidados” fuera de esas áreas. Esa autorización, que caducaba en diciembre de 2025, establecía distintos condicionantes y advertía que “personal Técnico y Agentes de Medio Ambiente del Cabildo supervisarán las zonas en cualquier momento” para “comprobar” su cumplimiento.

Con esa excursión sancionada, la empresa había facturado 900 euros

Sin embargo, pese a las reiteradas quejas de los vecinos, la única inspección que consta es la que realizó el Seprona en enero de este año, que dio lugar a esta sanción. En total fueron 1.000 euros, pero le aplicaron dos reducciones: el 20 por ciento por reconocimiento de responsabilidad y otro 20 por ciento por pago voluntario. Y es que tras recibir la notificación, abonó 600 euros sin presentar alegaciones.

Para llegar a esa cifra, el expediente se basó en la Ley de Montes de 2003, que clasifica como infracción leve circular “fuera de carreteras, caminos o pistas”. En este caso, los agentes advirtieron que la excursión atravesaba una “senda” con “grandes hundimientos y levantamientos y fuerte erosión por escorrentía”. Hace tres años, cerca de esa zona fallecieron una madre y su hija cuando participaban en otra excursión, al desviarse de la ruta y caer en la antigua rofera.

Los vecinos advierten que siguen viendo muchos niños con sus padres en buggies y no se lo explican, dado el riesgo que consideran que entraña la actividad en esa zona. Además, tampoco entienden por qué solo ha sido sancionada una excursión, ni tampoco cómo pudo concederse la autorización a la empresa. “Ningún camino de la Isla está habilitado”, afirman. Para sostenerlo, se remiten al propio informe que el Cabildo emitió hace más de un año, que concluye que tanto el PIOT como la Ley del Suelo prohíben esta práctica en toda la Isla “en las condiciones actuales”.

“La primera sanción”

Desde que se conoció ese informe, el Cabildo solo ha impuesto dos sanciones: la de Guatiza, a instancias de una denuncia del Seprona, y otra en el Monumento Natural de Los Ajaches. Esa infracción sí fue detectada por agentes de Medio Ambiente de la Corporación insular, y el Cabildo la anunció en noviembre de 2025 como “la primera sanción por excursiones ilegales en suelo rústico”.

En Papagayo, el guía siguió adelante asegurando que tenía autorización

Los hechos habían ocurrido el 29 de julio de ese año en la zona de Papagayo, donde los agentes estaban realizando labores de vigilancia. Cuando vieron la excursión, con un vehículo 4x4 seguido de tres quads, aún no habían accedido al Monumento Natural. Le dieron el alto al guía, le advirtieron que estaba a punto de entrar en un espacio natural protegido, le preguntaron si contaba con autorización y la respuesta fue que sí, “que ya la remitió años atrás” y que “si hace falta se las reenviará al correo”.

La excursión siguió adelante y los agentes se la volvieron a cruzar ya dentro de la zona protegida, por lo que tomaron fotografías. Después, cuando la empresa les remitió la supuesta autorización, comprobaron que no solo no permitía esa actividad, sino que la prohibía expresamente. La resolución del Cabildo, dictada en 2017, autorizaba a Rent a Quad Lanzarote para circular por carreteras asfaltadas dentro de espacios protegidos, pero no en caminos de tierra dentro de esos espacios. Ni siquiera podían “parar o estacionar” fuera de carreteras de asfalto.

Incluso para circular por otras pistas de tierra fuera de la Red de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000, la resolución advertía que deberían contar con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. A diferencia de otras resoluciones similares emitidas después, en esta dejaba claro que en caso contrario lo tendría prohibido, “teniendo en cuenta que es una actividad que puede tener repercusiones negativas” sobre la hubara canaria y otras aves “catalogadas como vulnerables y en peligro de extinción”.

En Guatiza -donde no hay un Espacio Natural Protegido como tal, pero sí suelo rústico de protección paisajística-, el Seprona realizaba las mismas advertencias en su denuncia: “Es de importancia hacer constar que la realización de excursiones con seis buggies con frecuencia diaria y reiterada puede estar ocasionando molestias a la fauna presente en este hábitat”. Además, adjuntó un informe sobre las especies protegidas presentes en la zona, como el guirre, en peligro de extinción, el cernícalo majorero y la lechuza majorera.

A diferencia de lo que ocurrió en Guatiza, en Papagayo se sancionó a la empresa y no al guía, y la sanción fue de 4.500 euros, al aplicar la normativa específica que regula los Espacios Protegidos. No hubo reducciones en ese importe, porque la empresa seguía sin realizar el pago cuando finalizó el periodo voluntario. De hecho, en el expediente consta que cuando le notificaron la resolución, “resultó rechazada” en la sede electrónica del Cabildo. Actualmente, la misma empresa sigue ofreciendo en su web excursiones en quad, y al menos en una de ellas destaca que transcurre “un 75 por ciento off-road” y solo “un 25 por ciento por carretera”.