El establecimiento de zonas habilitadas para el turismo itinerante que representan los usuarios de caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados es una demanda histórica de este sector. No en vano, Lanzarote cuenta con una única zona de acampada habilitada, el camping de Papagayo. Por ello, caravanistas y asociaciones están a la espera de la aprobación definitiva del nuevo decreto que regula esta práctica en Canarias.

Mientras se aprueba la regulación específica de este segmento a nivel autonómico, la asociación Acral, que representa a la mayor parte del sector en Lanzarote, insiste en que el camping de Papagayo, que cerrará sus puertas este octubre hasta la próxima temporada, debería estar en uso durante todo el año para servicio de los usuarios de la Isla y visitantes.

Los caravanistas exigen también la puesta en servicio de puntos de vaciados de aguas grises y negras, dado que en la actualidad solo disponen de estas áreas en la sede de la Acral en Arrecife y el camping de Papagayo.

La regulación de campings y acampadas en Canarias encara su recta final después de que el Gobierno de Canarias haya remitido al Consejo Consultivo el proyecto de decreto de alojamientos turísticos al aire libre. El documento elaborado por la Consejería de Turismo busca regular los establecimientos turísticos al aire libre, además de las áreas específicas para uso y servicio de autocaravanas, caravanas y vehículos similares. El texto busca dar respuesta a una “histórica demanda” del sector y ordenar una modalidad turística en crecimiento que hasta ahora carecía de regulación autonómica. El dictamen del Consejo Consultivo constituye el último trámite antes de la aprobación definitiva.

El proyecto regula los campings, las áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares, las áreas de pernocta para estos vehículos, las acampadas vinculadas a edificaciones rurales aisladas y los alojamientos turísticos singulares, estableciendo por primera vez las condiciones para su implantación y funcionamiento en Canarias. Uno de los principales cambios que introduce la norma es la prohibición de “la acampada libre con fines turísticos”.

El decreto también fija un periodo transitorio para facilitar la implantación de estas áreas sujetas a regulación. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo máximo de cinco años para habilitar zonas provisionales destinadas a este tipo de uso. Aunque estos espacios no tendrán la consideración de establecimientos turísticos, deberán reunir unas condiciones mínimas de seguridad, abastecimiento de agua, iluminación y gestión de residuos.

Acondicionamiento

En el caso de los campings, deberán estar dotados como mínimo de recepción, estacionamiento de vehículos y servicios higiénicos. Se establece una clasificación en función de las instalaciones. Para la obtención de las distintas categorías de los campamentos de turismo se establece un sistema de puntos dependiendo de los servicios que ofrezcan a sus usuarios, como supermercado, bar, piscina, zona de esparcimiento, lavandería o vigilancia.

Junto a la regulación de los establecimientos tipo camping, donde podrán asentarse los vehículos de turismo itinerante, el decreto fija las directrices para las zonas de acampada de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares. Así, el artículo 49 del proyecto establece la dotación y acondicionamiento de las mismas: “Deberán contar con, al menos, los siguientes espacios diferenciados: recepción, zona de parcelas, zonas de muelle y punto limpio y zona de instalaciones de servicios higiénicos”. Asimismo, establece que “durante su estancia en las áreas acondicionadas, las autocaravanas en tránsito pueden desplegar toldos y utilizar elementos portátiles”. Estas áreas deberán contar con suministro de agua, así como una red de saneamiento para el tratamiento y evacuación de aguas residuales.

Lanzarote cuenta con una única zona de acampada habilitada, en Papagayo

En cuanto a las áreas de pernocta de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares, el artículo 65 establece que deberán implantarse en espacios debidamente delimitados, “sujetándose, en todo caso, a las limitaciones y exigencias establecidas en la normativa de ordenación territorial, urbanística, medioambiental y resto de normativa sectorial que resulte de aplicación”.

Entre los requisitos se encuentran la obligación de establecer un servicio de control de acceso y dotar las zonas de pernocta de servicios e instalaciones. Deberán ofrecer, como mínimo una o más tomas de agua apta para consumo, dependiendo del número de parcelas habilitadas, un punto limpio de vaciado de aguas negras y grises que deberá ubicarse separado de la zona de las parcelas con algún sistema de ocultación. “Las áreas de más de 30 parcelas de estacionamiento deberán contar con, al menos, dos puntos”.

“El sistema de vaciado de aguas grises deberá contar con una zona hormigonada que permita la entrada y salida de los vehículos y tener pendiente para dirigir las aguas hacia el punto de desagüe. Y el de aguas negras deberá disponer de embudo y tapa y tener próximo un grifo para limpiar tanque y verter el contenido al desagüe”, especifica el reglamento.

Asimismo, regula que habrá que habilitar “duchas y servicios higiénicos” si su capacidad es superior a 15 vehículos. Dispondrán, como mínimo, de un inodoro, un lavabo y una ducha cada 20 parcelas o fracción, contando con agua caliente sanitaria. Al menos un servicio y una ducha estarán adaptados para personas con movilidad reducida. “Se añadirá una instalación más por cada 25 parcelas”.

También se dotará de electricidad en, al menos, el 30 por ciento de las parcelas en áreas de más de una veintena de ellas. Así como de una estación de recarga de vehículos eléctricos si cuenta con más de 30 parcelas. También ofrece la flexibilidad de dotar a estas zonas de pernocta de otros servicios como lavadora industrial, espacios de esparcimiento, wifi, merenderos y barbacoas, sistema automatizado de autolimpieza o recogida selectiva de residuos.

Están obligadas a disponer de un panel informativo en espacio visible en el que consten los servicios, condiciones, y normas de usos del área, así como la oferta turística y comercial de la zona, información práctica acerca de centros sanitarios, emergencias 112 y red de transportes públicos.

En el artículo 75 se establece el tiempo máximo de estancia: “72 horas prorrogables, en todo caso, hasta las 10.00 horas de la mañana del día siguiente a la última noche de pernocta”. Durante su estancia, los vehículos podrán desdoblar toldos y utilizar elementos portátiles, como mesas y asientos, para su uso dentro de la parcela donde estacionen o en las zonas del área especialmente acondicionadas para ello.

Una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto volverá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, con la intención de que entre en vigor en septiembre.

Estacionamiento

Tras las consultas a las asociación de caravanistas, el reglamento añadió una puntualización en el artículo 86 referente a la prohibición de la acampada libre, para especificar que no se impedirá que las autocaravanas estacionen legalmente ni que sus ocupantes pernocten en el interior del vehículo, siempre que no desplieguen toldos, mesas u otros elementos en el exterior, no ocupen más espacio del autorizado y no realicen vertidos o emisiones al exterior, tal y como establece la normativa de la Dirección General de Tráfico. La Consejería de Turismo ha puesto en valor la implicación de las asociaciones de campistas de Canarias en el proceso de regulación, asegurando que los colectivos del sector comparten la defensa de una “actividad responsable”.

Los caravanistas están a la espera de que se habiliten puntos de vaciado en la Isla

El presidente de Acral, Miguel Ángel Rodríguez, recuerda que los socios están a favor de pagar por los servicios que se presten, como ocurre en otras partes de la Península, siempre que se habiliten zonas específicas ya sea para la pernocta como establece el decreto o con la puesta en uso de “puntos ecológicos” para el turismo itinerante.

La asociación continúa a la espera, además, de la respuesta de los escritos presentados ante el Cabildo de Lanzarote para conocer las actuaciones previstas en materia de infraestructuras para la correcta gestión de los residuos de los “vehículos vivienda” en la Isla. Asimismo, se ha requerido información relativa a las partidas presupuestarias consignadas, ejecutadas o previstas para este tipo de actuaciones durante los últimos ejercicios.

“Continuamos agotando todas las vías administrativas a nuestro alcance, manteniendo nuestra línea de trabajo basada en el diálogo, la colaboración institucional y la defensa de un autocaravanismo responsable y comprometido con el medio ambiente”, señala la asociación en una publicación en redes sociales.

Los caravanistas insisten en la necesidad de que los cabildos insulares en Canarias habiliten los puntos limpios como infraestructuras adecuadas, mediante la instalación de un “punto ecológico (vertido y tomas de aguas) en cada uno de ellos, contribuyendo a crear una red insular de puntos ecológicos, mejorando la gestión de residuos y del desarrollo sostenible de nuestros destinos”.

Desde Acral también han recordado el requerimiento formal ante el Ayuntamiento de Arrecife, mediante un tercer escrito, para la creación de un “área simple de autocaravanas y campers” en la capital lanzaroteña, que sigue a la espera de respuesta.

Acral Lanzarote, junto a ACAT, la asociación de caravanistas de Tenerife, ha llegado a presentar el pasado mes de julio dos solicitudes tras la falta de respuesta de sus requerimientos ante la planificación municipal de los puntos ecológicos, áreas de servicio e infraestructuras para el autocaravanismo en el Ayuntamiento de La Oliva, una de las zonas con mayor afluencia de campistas procedentes de toda Canarias.

La primera de estas actuaciones consiste en una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, solicitando que se garantice el derecho a la información ante el que se han presentado tres escritos entre 2025 y 2026, que quedaron sin contestación. Paralelamente, se ha presentado una queja ante el Diputado del Común, poniendo en su conocimiento “la reiterada falta de respuesta administrativa, la ausencia de interlocución institucional y la necesidad de que se respeten los principios de buena administración, transparencia y participación ciudadana”.