Corujo acusa a Betancort de destinar 15.500 euros a contratar a Choclán para presentar una querella contra ella
La dirigente socialista sostiene que la contratación responde a un intento de mantener la acción judicial tras el archivo decretado por la Fiscalía del Tribunal Supremo

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, ha acusado al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de destinar 15.500 euros a la contratación del abogado José María Choclán para presentar una querella contra ella con fondos públicos.
“La contratación de José María Choclán, el abogado de Aldama, no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort de mantener viva la persecución judicial contra mí, tras el duro Decreto de archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo”, afirma Corujo en un comunicado.
La dirigente socialista sostiene que la Fiscalía descartó la existencia de indicios penales en la denuncia presentada contra ella y asegura que, tras ese archivo, Betancort ha decidido contratar a Choclán “tan solo por la presentación de una querella”.
“Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que tan solo pretende mantener viva una denuncia que carece de todo fundamento”, añade.
Corujo afirma que el presidente del Cabildo podría haber encargado un informe a un especialista en Derecho Penal para determinar la existencia de un posible delito, pero sostiene que optó por contratar al letrado para presentar directamente la querella.
Asimismo, considera significativo que la contratación del penalista saliera adelante únicamente con los votos de Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno Insular, circunstancia que, a su juicio, evidencia que se trata de “una querella política y no una actuación institucional”.
La responsable socialista concluye que Betancort “pretende escudarse en una supuesta defensa de los fondos públicos” mientras, según sostiene, el Cabildo asume el coste de la contratación del abogado y otros gastos jurídicos.
















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