El Tribunal de Cuentas acordó remitir a la Sección de Enjuiciamiento la investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas en el pago de horas extraordinarias a la plantilla de la Policía Local de Arrecife.

En concreto, se ha denunciado “la percepción de retribuciones por horas extraordinarias de miembros de la plantilla de la Policía Local desde el ejercicio 2017, sin acreditar la jornada laboral ordinaria”.

La decisión del Tribunal de Cuentas se adopta después de que el Ministerio Fiscal rechazara la petición del Ayuntamiento de archivar el procedimiento e interesara, junto al denunciante, el exagente Narciso Pérez, el nombramiento de un delegado instructor para determinar si existió un "perjuicio a los fondos públicos".

Así consta en un auto dictado el pasado mes de junio, firmado por el consejero de Cuentas Diego Íñiguez Hernández, en el que acuerda trasladar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que practique las diligencias previstas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en relación con las horas extraordinarias abonadas a la Policía Local.

El procedimiento tiene su origen en una acción pública presentada el 2 de diciembre de 2025 por Narciso Pérez, quien denunció posibles deficiencias en la gestión económica y financiera del Ayuntamiento de Arrecife.

Entre esas deficiencias figuraban, según recoge el auto, la percepción que consideraba irregular de retribuciones por horas extraordinarias de miembros de la Policía Local. Respecto a las horas extraordinarias, el Ministerio Fiscal considera que procede continuar la investigación mediante el nombramiento de un delegado instructor.

Archivo denegado

Durante la tramitación del procedimiento, el Ayuntamiento de Arrecife, presidido por Yonathan de León y gobernado por Partido Popular y Coalición Canaria, solicitó en dos ocasiones el archivo de las actuaciones.

El Tribunal ha rechazado los intentos del Ayuntamiento de Arrecife de que se archive el procedimiento y evitar que se practique la instrucción

La primera petición fue formulada mediante un escrito presentado el 4 de febrero de 2026. Posteriormente, tras la ampliación de la denuncia inicial, el representante legal del Consistorio volvió a solicitar el archivo al considerar que no concurrían los requisitos previstos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para declarar, de forma previa y provisional, una presunta responsabilidad contable.

Frente a esa posición, el Ministerio Fiscal presentó un escrito el 6 de febrero de 2026 en el que, tras analizar la denuncia, la personación y la documentación aportada, interesó el nombramiento de un delegado instructor "en relación con la posible irregularidad de las retribuciones en concepto de horas extraordinarias a la plantilla de la Policía Local".

Esa petición de la Fiscalía fue reiterada el 7 de mayo de 2026 después de que el denunciante ampliara la documentación incorporada al procedimiento.

Investigación abierta

En los fundamentos jurídicos del auto, el consejero de Cuentas recuerda que el incidente de archivo únicamente procede cuando los hechos denunciados "de forma manifiesta" no revistan caracteres de alcance contable, una figura que se refiere al presunto perjuicio económico ocasionado a los fondos públicos por la gestión o manejo de caudales.

Se ha denunciado “la percepción de retribuciones por horas extraordinarias de miembros de la plantilla de la Policía Local desde el ejercicio 2017, sin acreditar la jornada laboral ordinaria”

La otra posibilidad para el archivo directo, una opción desestimada por el Tribunal, es que esos daños a las arcas públicas no se individualicen respecto a cuentas determinadas o actos concretos de intervención, administración, custodia o manejo de fondos públicos.

El auto añade que "la investigación necesaria para determinar si ese hecho ha originado un perjuicio a los fondos públicos no puede realizarse en esta fase procesal, sino a través del nombramiento de un delegado instructor, como ha interesado el Ministerio Fiscal".

Por ese motivo, el consejero concluye que "procede, en consecuencia, el nombramiento de delegado instructor", al que corresponderá practicar las diligencias necesarias para determinar, "con carácter previo y provisional", los hechos y comprobar si de ellos "se desprenden indicios racionales de responsabilidad contable por alcance, cuantificar ésta y determinar quiénes son los presuntos responsables".