El Cabildo de Lanzarote ha iniciado el trámite de consulta pública para la aprobación de una ordenanza que establece una tasa por la expedición de documentos, a instancia de parte, por el Servicio de Medio Ambiente, con el objetivo de “cubrir el coste real y efectivo de la actividad operativa del Área”.

Según la resolución, la medida se fundamenta en el volumen de trabajo especializado que asume el servicio, con 326 solicitudes de actividades en espacios naturales, 116 informes sectoriales, 60 informes de información pública y adquisición preferente y 160 expedientes sancionadores.

El documento detalla que estas actuaciones requieren “inspecciones de campo, análisis de impacto y validación técnica exhaustiva”, así como “una revisión pormenorizada de la normativa vigente y cartografía oficial”, además de una “trazabilidad documental que debe ser gestionada con rigor administrativo”.

El Cabildo somete a consulta una tasa que persigue “desincentivar solicitudes masivas” y financiar conservación, actualización normativa y vigilancia ambiental

La tasa se aplicará a “la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida el Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote”, en procedimientos vinculados a suelo protegido.

Entre los fines de la ordenanza figuran la “sostenibilidad Financiera”, para “recuperar los costes operativos derivados de la impresión, gestión de archivos, plataformas digitales y tiempo” de personal técnico y administrativo”.

También se alude a la “racionalización del Servicio”, para “desincentivar solicitudes masivas o injustificadas”, y se destaca el carácter finalista de la tasa.

La ordenanza plantea una tasa por la expedición de documentos para “cubrir el coste real y efectivo de la actividad operativa” y racionalizar el servicio

En este sentido, los fondos obtenidos se destinarían a “proyectos de conservación”, como la “restauración de hábitats degradados” y la “eliminación de especies invasoras”, a la “actualización Normativa”, mediante la “redacción y revisión” de los Planes Rectores de Uso y Gestión y Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

Los ingresos también se dedicarían a sufragar los “servicios de Vigilancia”, con el “refuerzo de los agentes de medio ambiente”, así como a la “mejora tecnológica”, con la “implementación de una oficina virtual específica”, y a la “operatividad del servicio”, que incluye “suministros y materiales, actividad inspectora, formación continua, mantenimiento de infraestructuras y equipamiento, consultoría y asistencia técnica externa”.