El Cabildo de Lanzarote no asistió a la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias, celebrada este martes, en la que se analizó el decreto del Gobierno de Canarias de ayudas por los efectos de la guerra en Irán. La mayoría de corporaciones insulares manifestaron su inquietud por el efecto que las reducciones del IGIC puedan generar en sus ingresos.

No es la primera ocasión que el Cabildo presidido por Oswaldo Betancort no acude al foro que tienen las corporaciones insulares para analizar problemas que les afectan o plantear sus reivindicaciones en la Cámara legislativa. Fuentes del Cabildo lanzaroteño apuntan a que tampoco acudió el pasado mes de febrero.

La mayoría de cabildos enviaron a quienes ostentan la vicepresidencia o la Consejería de Economía y Hacienda, unas responsabilidades que en el caso de Lanzarote recaen en María Jesús Tovar, del PP, que no acudió, y tampoco se envió a ningún otro consejero.

La sesión de este martes tenía la relevancia de analizar las medidas planteadas para paliar los efectos del conflicto bélico iniciado por Estados Unidos e Israel, que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa en el planeta.

En su comparecencia ante la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias para dar su parecer sobre el decreto, los representantes de las corporaciones presentes han apoyado las medidas, aunque han expresado algunas salvedades o peticiones adicionales, entre ellas la flexibilización de la regla de gasto.

El viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Gabriel Megías, que presentó el decreto ante la comisión, evaluó en un 0,6 por ciento el efecto en el bloque de financiación canaria del descenso en la recaudación prevista del IGIC que suponen las medidas aprobadas hasta el 30 de junio, y del 1,4 por ciento si se prorrogaran al conjunto del año.

La recaudación del IGIC se reparte entre el Gobierno de Canarias, al que le corresponde un 58 por ciento, y los cabildos, que se reparten el restante 42 por ciento.

La previsión del Gobierno es que el coste de las medidas hasta el 30 de junio sea de unos 29,5 millones de euros, que se elevaría a unos 61,7 millones si se ampliara al conjunto del año.

De esos 29,5 millones de euros, el Estado aporta 15.000.000 y la Comunidad Autónoma alrededor de 14,5 millones.

Las medidas fiscales aprobadas por ahora son elevar de 30.000 a 50.000 euros el volumen de operaciones para acogerse a la exención del IGIC en autónomos y pymes; reducir del 1 al 0 por ciento el tipo de IGIC en los productos energéticos; aplicar el tipo 0 por ciento de IGIC a la sal, la mantequilla y el café; e incrementar la devolución del impuesto sobre combustibles para los profesionales del transporte del 67 al 99 por ciento.

En cuanto a las medidas de ayuda directa, se incluyen 3,6 millones de euros para compensar a la industria canaria y otros 3,6 millones a agricultores, ganaderos y pescadores por el aumento de costes.

Por el Cabildo de El Hierro, su vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Ana González, consideró que las medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias son insuficientes y reclamó "un verdadero plan anticrisis que esté a la altura de las necesidades actuales".

Adargoma Hernández, consejero del Cabildo de Fuerteventura, pidió al Estado la suspensión de la regla de gasto para poder afrontar mejor la crisis y valoró las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, en particular el apoyo directo al sector primario.

El vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, calificó de "claras y coherentes" las medidas aprobadas, si bien advirtió de que la reducción de tipos del IGIC implica una menor recaudación, lo que puede traducirse en una disminución de los recursos que reciben los cabildos.

Miriam Perestelo, vicepresidenta sexta del Cabildo de La Palma, consideró el decreto como "un primer paso acertado" contra la crisis, pero pidió una suspensión de las reglas fiscales y "sensibilidad territorial" al Gobierno canario para que las ayudas incidan en las islas que más sufren el incremento de costes de transporte como La Palma, que sigue inmersa en la reconstrucción por los efectos del volcán.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, subrayó que todos los cabildos coinciden en la flexibilización de la regla de gasto y demandó que el Gobierno mantenga reuniones con ellos para el seguimiento de la crisis, de manera que las corporaciones insulares conozcan con precisión la incidencia de unas medidas que afectan directamente a sus presupuestos.