La Red Solidaria con las Personas Migrantes en Lanzarote y Mafrocan (Mujeres afro en Canarias) se han sumado al manifiesto contra el racismo ‘Por el fin de los controles policiales racistas” que han firmado y hecho público casi 400 asociaciones en toda España, coincidiendo con el Día Internacional Contra la Discriminación Racial.

Entre las asociaciones firmantes también se encuentran Global Summud Spain, Rights International Spain, SOS Racismo, Amnistía Internacional España IRIDIA - Centre per la defensa dels drets humans o Novact - Instituto Novact de Noviolenc, con las que colaboran habitualmente estas asociaciones lanzaroteñas.

El manifiesto señala que “el Estado español tiene un problema con el racismo, reforzado por una falta de reconocimiento que impide afrontarlo en su totalidad” y que “se agrava cuando proviene de Administraciones e instituciones que deberían velar por garantizar los derechos y las libertades de toda la ciudadanía”.

Señalan que se trata de un racismo estructural que “determina la división del trabajo, el acceso a vivienda, educación y sanidad; establece barreras administrativas en el acceso a empadronamiento o a la documentación de personas en situación administrativa irregular; priva de libertad en los llamados Centros de Internamientos de Extranjeros y aparece en las actuaciones cotidianas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Los colectivos y organizaciones firmantes de este manifiesto ponen el foco en los controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos. “Un problema endémico, que es sistemáticamente negado en el Estado español”, aseguran.

Para erradicar estas prácticas policiales, solicitan que se reconozca de forma clara y explícita el racismo y sus múltiples manifestaciones, como lo son el antigitanismo o la islamofobia estructural e institucional por parte de Administraciones públicas, autoridades políticas y FCS.

También piden que se prohíba por ley orgánica de forma clara el uso de perfiles raciales en labores de parada, e identificación, estableciendo un marco legal que defina esta práctica y la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas.

Además, solicitan, implementar los llamados “formularios de identificación”: una herramienta de registro de las actuaciones de parada e identificación que recoge, entre otros, la justificación y motivación de la actuación, el resultado de la misma y la apariencia étnico-racial de la persona afectada, la cual, además, recibe un justificante de la actuación policial sufrida y de la información para interponer quejas en caso de no estar conforme con la actuación.

También piden que haya un mecanismo externo, público e independiente competente, que supervise, evalúe y sancione actuaciones policiales que vulneren derechos humanos.

“Entendemos que solo con medidas y actuaciones concretas, y no con meras apelaciones a la no discriminación, es posible poner fin a prácticas que afectan a las vidas cotidianas de una parte importante de nuestra sociedad. Ahora, cuando se tramita la última modificación de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada Ley Mordaza) es el momento de actuar”, finaliza el comunicado.