La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha defendido este lunes el diálogo con los cabildos insulares para avanzar en la planificación del despliegue de energías renovables en el archipiélago a través de las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR).

La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, ha señalado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es ordenar el desarrollo de las energías limpias tras años sin instrumentos de planificación energética en Canarias.

Schallenberg ha indicado que estas zonas buscan facilitar la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en espacios adecuados, garantizando al mismo tiempo la protección del territorio, la biodiversidad y las zonas agrícolas.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno autonómico se ha comprometido a no aplicar de forma voluntaria el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico como vía extraordinaria para autorizar instalaciones renovables fuera de áreas planificadas.

Los cabildos reclaman recuperar la evaluación ambiental y tener la última palabra en la autorización territorial de proyectos energéticos

La viceconsejera ha subrayado además que el Gobierno mantiene abierta la colaboración con los cabildos para adaptar la planificación a la realidad de cada isla y ofrecer seguridad jurídica al desarrollo de nuevos proyectos energéticos.

Asimismo, ha recordado que Canarias se encuentra rezagada en implantación de renovables, con una aportación del 21 % al mix energético frente al 57 por ciento de la península, lo que mantiene al archipiélago en una situación de fuerte dependencia del petróleo.

Según el Gobierno de Canarias, las Zonas de Aceleración de Renovables forman parte de una estrategia más amplia que incluye la instalación obligatoria de cubiertas fotovoltaicas en nuevos edificios, el impulso de la energía solar en zonas antropizadas y el desarrollo del reglamento de agrivoltaica.

Para Schallenberg la delimitación de estas zonas se basa en un análisis técnico que excluye espacios naturales protegidos como los parques nacionales o áreas de la Red Natura 2000 e incorpora variables ambientales, agrícolas y urbanísticas.

La viceconsejera ha insistido en que el objetivo del Gobierno de Canarias es avanzar hacia un modelo energético más sostenible que reduzca la dependencia energética del archipiélago y sea compatible con la protección del territorio y el paisaje.

Rechazo de Lanzarote y Fuerteventura

Este domingo, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura habían expresado su rechazo frontal al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables impulsado por el Gobierno autonómico.

En un manifiesto conjunto firmado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ambas instituciones afirman que “rechazan frontalmente el modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) y reclaman una transición energética compatible con la protección del territorio insular”.

Los cabildos sostienen que la propuesta ha generado preocupación social al percibirse como un planteamiento que podría favorecer “una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico, con afecciones directas sobre el paisaje, el territorio y el modelo de desarrollo insular”.

En el documento consideran que la filosofía que inspira estas zonas “resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura”, dos islas que recuerdan que han construido su modelo de desarrollo en torno a la preservación del paisaje y del patrimonio natural.

Ambas instituciones subrayan además que tanto Lanzarote como Fuerteventura están reconocidas como Reservas de la Biosfera y defienden que “la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio ni del paisaje insular”.

El manifiesto también plantea que antes de ocupar suelo para nuevas instalaciones energéticas se evalúe el potencial de implantación de energías renovables en cubiertas y en infraestructuras ya existentes.

Los cabildos reclaman igualmente recuperar la evaluación ambiental para los proyectos situados en Zonas de Aceleración de Renovables, tras el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en enero de 2026 que elimina ese procedimiento para determinados proyectos.

En este sentido, advierten de que “suprimir la evaluación ambiental en territorios insulares con una elevada sensibilidad paisajística y ambiental constituye un grave retroceso en las garantías de protección del territorio”.

Las instituciones insulares también defienden que los cabildos tengan un papel decisivo en la planificación energética y sostienen que “sean los cabildos insulares quienes tengan la última palabra en la autorización territorial de cualquier proyecto de energías renovables”.

Asimismo, consideran que “ninguna política de aceleración administrativa puede situarse por encima de la protección del territorio ni de la capacidad de decisión de las instituciones insulares”.