La subasta sigue sin tener fecha, pero la principal duda ya se ha zanjado: el perito designado por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Arrecife ha clasificado como rústicas las parcelas del antiguo Plan Parcial Costa Playa Quemada, por lo que saldrán a la venta con esa clasificación. “En las notas registrales también aparecen valoradas como rústicas”, han confirmado a Diario de Lanzarote desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La noticia de que se iba a convocar esa subasta judicial había desatado los temores en las últimas semanas, ante la posibilidad de que se pretendieran reclamar derechos edificatorios en la zona, reabriendo una batalla que ya se libró hace 25 años. El problema estaba en que el Plan General de Yaiza de 2014 desclasificó esos terrenos, pero ese planeamiento está anulado desde el pasado año por sentencia firme, y el municipio vuelve a regirse por el Plan de 1973.

Las parcelas que van a salir a subasta pertenecen a Prosolmar SA, cuyos administradores son José Luis Betancort, de Construcciones Torres, y Agustín Ojeda, y el procedimiento judicial se inició a instancias de un acreedor. La empresa Asistencia Oasis Lanzarote SL acudió a los Juzgados para reclamar una deuda impagada y el Juzgado, tras considerarla acreditada, inició los trámites para localizar bienes de Prosolmar que pudieran ser embargables.

El objetivo era sacarlos a subasta para saldar esa deuda y para ello, lo primero era determinar su valor. Por eso, hace ya tres años el Juzgado se dirigió al Cabildo de Lanzarote solicitándole un informe sobre la clasificación del suelo. Tenía la duda de si era rústico o urbanizable, pero la Corporación nunca respondió.

Coalición Canaria desveló hace dos semanas ese silencio del anterior grupo de gobierno presidido por la socialista María Dolores Corujo, cuestionando que podría haber “aportado seguridad jurídica y evitado las dudas actuales”. Según confirman fuentes judiciales, el Juzgado no solo envió un requerimiento, sino dos, y nunca recibió respuesta del Cabildo.

Batalla de comunicados

El Ayuntamiento de Yaiza, por su parte, pidió el pasado 12 de febrero un informe al Cabildo sobre la situación de estos terrenos, lo que aumentó la incertidumbre. En su respuesta, hecha pública el pasado domingo, la Corporación insular le recordaba al Consistorio que “la competencia sobre clasificación y calificación urbanística reside en el Ayuntamiento”, así como la emisión de informes jurídicos al respecto.

No obstante, el director insular de Ordenación del Territorio y Política Territorial concluía que “a día de hoy, atendiendo a los antecedentes judiciales y la legislación urbanística”, ese suelo “tiene la apariencia de rústico común”.

En caso de que un hipotético comprador decidiera reclamar después derechos urbanísticos, no podría alegar que no sabía lo que estaba adquiriendo

Hablaba de “apariencia” porque tras la anulación del Plan General de Yaiza de 2014, no hay ningún planeamiento insular o municipal que impida expresamente la urbanización de esos terrenos. Para eso hay que remitirse a la interpretación de las leyes posteriores del Gobierno de Canarias -a las que tampoco ha llegado a adaptarse nunca el Plan Insular de Ordenación-, y a lo que hasta ahora han dicho los tribunales sobre esa interpretación (como una sentencia de 2018 que rechazó un recurso de Prosolmar contra el Plan General de Yaiza).

En cualquier caso, ahora la valoración del perito designado por el Juzgado ha concluido que el suelo tiene la categoría de rústico, zanjando buena parte de los temores. Esto no significa que este procedimiento judicial determine la clasificación del suelo, porque su objetivo solo es fijar un valor estimado para sacarlo a subasta, pero sí implica algo importante: en caso de que un hipotético comprador decidiera reclamar después derechos urbanísticos, no podría alegar que no sabía lo que estaba adquiriendo.

Una batalla histórica

Los vecinos de Playa Quemada ya libraron una batalla contra el desarrollo urbanístico del pueblo hace ahora 25 años. Fue el 17 de octubre de 2001 cuando el Boletín Oficial de Canarias publicó la aprobación del Plan Parcial Costa Playa Quemada, que en realidad se había producido ocho años antes, en 1993. Los promotores habían tenido problemas con varios propietarios, que alegaban que se estaba incluyendo en el plan parcial terrenos de su propiedad, y tampoco habían prestado la fianza que exige la ley, lo que provocó el retraso en la publicación.

Los vecinos de Playa Quemada ya libraron una batalla contra el desarrollo urbanístico del pueblo hace ahora 25 años

En total, ese Plan Parcial preveía casi 2.000 camas entre turísticas y residenciales, incluyendo una clínica de salud privada y un campo de golf. Además, cuando los vecinos empezaron a movilizarse y constituyeron la Plataforma Proteger Playa Quemada, descubrieron que se enfrentaban a la amenaza de otro plan parcial. Si el de Prosolmar ocupaba terrenos en dirección a Puerto Calero, este segundo se ubicaba hacia la zona de Los Ajaches. Su nombre era similar. En este caso, Plan Parcial Playa Quemada, que contemplaba 340 camas turísticas y otras 1.793 residenciales, con sus respectivos complementos de ocio.

Como promotora de ese segundo plan parcial figuraba Lanzasuiza SA, que en su día tenía al frente a Juan Francisco Rosa, aunque el empresario negó tener intereses urbanísticos en la zona cuando estalló la polémica. Además, ambos planes parciales tenían un nombre en común: Felipe Fernández Camero.

El que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife y asesor urbanístico del Ayuntamiento de Yaiza, hoy condenado en el caso Unión, figuraba en su día como apoderado de Lanzasuiza, y también ha representado a Prosolmar como abogado en distintos pleitos emprendidos en defensa de ese plan parcial. Además, la empresa Playa Quemada SA, que empezó después a aparecer en los expedientes en lugar de Lanzasuiza, tenía su sede social en el domicilio particular de Fernández Camero, en la calle Adelfas.

Ambos planes se consiguieron frenar en su día, pero la salida a subasta de parte de los terrenos y la reciente anulación del Plan General de Yaiza habían alimentado los temores de que regresaran las intenciones urbanísticas a la zona. Ahora, al menos, el informe del perito judicial devuelve parte de la tranquilidad al pueblo.