Desde el Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) en Teguise muestran su “profunda preocupación” tras la Resolución REMC 322/2025, de 6 de febrero de 2026, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que declara la nulidad de los pliegos del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes y jardines del municipio.

El procedimiento anulado (Expediente 20539/2024) contemplaba un valor estimado de 8.883.933,34 euros para un periodo de cuatro años más dos posibles prórrogas, con un presupuesto base de licitación de 3.896.448,23 euros (IGIC incluido). La resolución obliga a reiniciar el procedimiento desde cero.

El Tribunal ha apreciado incumplimientos sustanciales de la Ley de Contratos del Sector Público, entre ellos, la falta de justificación adecuada de los criterios de adjudicación (art. 116.4 LCSP); la configuración irregular de un criterio social sin acreditación suficiente de su vinculación al objeto del contrato; y la ausencia de concreción en el régimen de penalidades ante posibles incumplimientos.

Estos aspectos no son meros formalismos administrativos. Son garantías básicas de transparencia, seguridad jurídica y buen uso de los recursos públicos. Tal y como recoge el propio fallo, la falta de motivación puede generar indefensión a las empresas licitadoras y comprometer la validez del procedimiento.

Para Belén Machín, secretaria local de NC-bc en Teguise, “la contratación pública debe incorporar cláusulas sociales y medioambientales, pero siempre correctamente fundamentadas y ajustadas a la legalidad. Cuando esto falla, los procedimientos se anulan y el interés general se ve perjudicado”.

La paralización de este contrato, señala Machín, “retrasa un servicio esencial para la calidad de vida, la imagen de nuestros pueblos y el cuidado de los espacios públicos. Los jardines y zonas verdes no pueden seguir esperando mientras se corrigen errores administrativos. Llevan más de dos años y medio pendientes de una solución efectiva por parte del grupo de gobierno de CC, PP y el exconcejal de Vox”.

Machín añadió que “las cláusulas sociales y medioambientales son necesarias y las defendemos firmemente, pero deben estar bien fundamentadas jurídicamente. Cuando se improvisa, el resultado es la nulidad, y quienes sufren las consecuencias son los vecinos y vecinas de Teguise”.

Asimismo, subrayó que “gobernar no es anunciar contratos millonarios, sino garantizar que cada expediente esté sólidamente trabajado. Teguise necesita una administración profesional, no una gestión que acumule errores que luego pagamos todos”.

La anulación no solo supone un revés jurídico, sino también un impacto económico estimado entre 223.000 y 237.000 euros en costes directos de nueva tramitación, asesoramiento externo, publicidad oficial y costes derivados de la paralización del servicio.

A ello se suman los daños indirectos como el deterioro progresivo de las zonas verdes; la incertidumbre laboral para trabajadores afectados por la subrogación; pérdida de oportunidades de empleo vinculadas a posibles cláusulas sociales; y riesgo de menor concurrencia empresarial en futuras licitaciones por inseguridad jurídica.

Así, Belén Machín propone activar de forma inmediata un contrato menor de emergencia para garantizar el mantenimiento básico de las zonas verdes más sensibles; constituir una Mesa de Seguimiento de Contratación con participación de gobierno, oposición y técnicos municipales, que supervise la nueva tramitación; redactar unos nuevos pliegos con el máximo rigor técnico y jurídico, incorporando una correcta motivación de criterios, un sistema claro de penalidades y cláusulas sociales sólidamente justificadas; y reforzar la formación en contratación pública estratégica y el asesoramiento jurídico especializado en contratos de alta cuantía.

“Estamos ante una oportunidad para hacer las cosas bien desde el principio”, concluyó Belén Machín. “Teguise merece una gestión responsable, transparente y profesional, que esté a la altura de lo que demanda nuestra ciudadanía”.