El Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación urgente de un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, según el texto normativo. La medida sigue el “espíritu” de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que firmaron más de 700.000 personas y que fue admitida a trámite en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox.

Estela Fernández, abogada especialista en Extranjería y Derecho Laboral explica que lo que realmente se ha aprobado es la tramitación para una “reforma urgente del Reglamento de Extranjería” e insiste en que entre los requisitos requeridos se mantendrá el de “no tener antecedentes penales ni policiales” para acceder a la regularización, en contra de las informaciones que se están lanzando desde algunos partidos de derechas. En el mismo borrador del decreto al que ha tenido acceso Diario se incide en que “la exigencia de carecer de antecedentes penales salvaguarda los intereses de la sociedad española, prestándose especial atención a aquellos delitos especialmente relevantes”.

La abogada recuerda que con esta disposición se están solicitando requisitos “más flexibles, como no pedir contrato de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad”. Se dará una autorización provisional de trabajo mientras se resuelve la solicitud. En cuanto a la urgencia con la que se ha gestionado esta modificación entiende que “se debe a poder anticiparse al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se aprobará en junio de este año”. Fernández explica que permitirá regularizar a personas que llevan tiempo en España, pero no han podido regularizarse por no cumplir los requisitos del actual Reglamento de Extranjería.

Según el borrador del proyecto, en las “autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo”, las solicitudes se tramitarán con carácter preferente. Mientras que en el caso de las “autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales única”, los solicitantes deberán acreditar alguno de estos tres requisitos: el primero, haber trabajado durante su permanencia en España o presentar un contrato de trabajo; el segundo, permanecer en el país junto con su unidad familiar, siempre que esté compuesta por: los hijos e hijas que se encuentran escolarizados o realizando estudios académicos, hijos o hijas mayores de edad que tengan una discapacidad que requiera de apoyo o que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud o ascendientes de primer grado. Mientras que la tercera opción es encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditada por las entidades competentes en materia de asistencia social.

“En todo caso, se presumirá que se encuentran en dicha situación de vulnerabilidad las personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa de irregularidad en territorio español”, expone el documento. Al respecto, la abogada especialista explica que la información que le ha llegado es que se espera que se dé instrucción a las entidades competentes en materia de asistencia social para que emitan el informe favorable si el solicitante se encuentra en situación irregular.

Estela Fernández está respondiendo a un sinfín de demandas y llamadas desde que se dieron a conocer los detalles de esta modificación aprobada ya en Consejo de Ministros, dado el interés que ha despertado entre sus propios clientes, familiares y amigos. Por ello, ha iniciado una ronda de charlas informativas durante el mes de febrero a fin de responder a todas aquellas dudas que suelen ser comunes en muchos de los interesados.

Avalancha

Fernández considera que hay que “prepararse para una posible avalancha de solicitudes, reforzando la Administración para que se tramiten de forma preferente y rápida” y recomienda a las personas interesadas que acudan a profesionales para asesorarse y presentar bien los expedientes. “El Gobierno debe prever un refuerzo en la Administración para atender estas peticiones”, sostiene Estela Fernández, quien recuerda que las solicitudes para esta nueva regularización no se podrán presentar hasta la aprobación en el BOE del Real Decreto y actualmente se encuentra en información pública.

La Plataforma Regularización Ya no comparte que se vayan a producir atascos por la burocracia, al contrario, entiende que la concesión de un permiso eventual a los 15 días de la presentación de las solicitudes garantiza la premisa de agilidad a la que se ha comprometido el Gobierno. “Nos hubiera gustado que fueran aún más flexibles las medidas”, señala el responsable de Comunicación, el lanzaroteño Redwan Baddouh. Explica además, que la Plataforma ha sido la principal promotora de la Iniciativa Legislativa que ha llevado a la tramitación urgente de esta modificación del Reglamento de Extranjería y recuerda que a pesar de no aparecer en los medios de comunicación, “ha participado activamente en la toma de decisiones”.

“Mala gestión”

La Asociación Sociocultural Entremares, desde donde se reprocha que no se haya tenido en cuenta a todas las asociaciones que trabajan en materia de migración, aplaude la medida presentada, sin embargo, lamenta que nuevamente la falta de planificación vea empañada una demanda histórica. Por experiencia saben que supondrá una carga extraordinaria para la Administración en materia de recursos humanos que no se ha tenido en cuenta. “Esta mala gestión muchas veces es el caldo de cultivo de la xenofobia y del racismo”.

En el caso de Entremares se han visto obligados a cerrar el servicio de información al público hasta disponer del texto oficial de la nueva regularización. “Mientras no se publique ese Real Decreto, no sabremos cuáles serán definitivamente los requisitos, ni cuándo se iniciará de modo efectivo la tramitaciones de las solicitudes”, explica en su página web y redes sociales. Esta “desinformación” es también un inconveniente para el correcto desarrollo de un trabajo que llevan más de una década realizando en favor de la regularización de migrantes. No en vano, el 80 por ciento de las personas que acuden a su consulta se encuentran en situación irregular y que, en contra de lo que se cree, se trata de personas principalmente procedentes de Latinoamérica: Colombia, Venezuela, Cuba, y, este último año, Argentina son los principales países de origen de esa población sin documentar. “La migración llega a las Islas mayoritaria en avión”, puntualiza. El propio cónsul de Colombia estima que residen en Fuerteventura 13.000 ciudadanos de ese país y otros tantos en Lanzarote.

María Greco, de Entremares recuerda que ya se ha producido una reforma profunda del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 20 de mayo de 2025 que ha supuesto un aumento significativo en el número de solicitudes de regularización a través de diferentes tipos de arraigos. Sin embargo, hay cientos de solicitudes presentadas que aún no se han resuelto. Esto ha generado una gran preocupación y desconcierto entre las organizaciones sociales que trabajan con la población migrante.

¿Se espera que la Administración tome medidas para dotar de más recursos humanos y materiales para poder gestionar esta avalancha de solicitudes? Greco duda que así sea. Sus más de 20 años de experiencia trabajando por la regularización de los migrantes así se lo ha demostrado. Le da la razón el hecho de que, según la memoria del proyecto que se encuentra en información pública, no se prevé que esta regularización extraordinaria suponga un impacto presupuestario ni de cargas para la administración, “lo cual parece poco realista”.

También incide Greco en la necesidad de que se informe y coordine con las organizaciones sociales la medida para prepararse adecuadamente y poder orientar a la población migrante. En definitiva, existe preocupación sobre cómo se va a implementar la nueva regularización extraordinaria en tan poco tiempo, sin haber resuelto las solicitudes pendientes.

Incertidumbre

Sobre el papel, está estipulado que se concederá una autorización provisional de trabajo por un año y se suspenden automáticamente los procedimientos de retorno. “Una vez admitida a trámite la solicitud de la autorización y hasta que se resuelva el procedimiento, se autorizará, de forma provisional, a las personas extranjeras a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y por propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad”. La Administración habla de un plazo de 15 días para responder a estas solicitudes y admitirlas a trámites y del hecho de que “esto beneficia al trabajador o trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras la aprobación de la medida. Pero ¿qué pasa con las solicitudes presentadas durante 2025 y que están sin resolver?, se pregunta María de Entremares.  “Parece un agravio comparativo con respecto a los nuevos solicitantes”. Otro de los más importantes puntos sobre el que se cierne grandes dudas es ¿qué pasará si luego se descubre que los solicitantes no cumplen con los requisitos?, ¿se les denegará el permiso de residencia o de trabajo?

Requisitos

Las personas extranjeras en situación irregular que pidieran asilo o que llevaran más de cinco meses en España en el momento de la solicitud, siempre y cuando hubieran entrado antes del 31 de diciembre de 2025, podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Se reduce así de dos años a cinco meses el tiempo que deben acreditar los solicitantes que han permanecido en el país.

La residencia podrá probarse con “cualquier documento público, privado o una mezcla de ambos”, confirma el Ministerio de Migraciones. Es decir, más allá del empadronamiento, los migrantes también pueden demostrarlo con otro tipo de documentos que evidencien una vida continuada en el país, como facturas de la luz, informes médicos, resguardos de servicios municipales, etc.

La solicitud de las familias que cumplan los requisitos conlleva “la regularización simultánea de hijos e hijas menores” que ya se encuentran en España. Y, en este caso, su vigencia será de cinco años en vez del año de duración en el caso de los adultos.

La modificación del Real Decreto del Reglamento de Extranjería estuvo en trámite de audiencia e información pública hasta el 6 de febrero. Al objeto de que pueda publicarse en el BOE tras su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.

Estadísticas

Según un informe de Funcas, un think tank de estudios económicos y sociales, se estima que en enero de 2025 vivían en España unas 850.000 personas sin papeles. Si bien, la estimación es que gran parte ya habría presentado su solicitud de regularización, por lo que en esta nueva fase serían unas 500.000 personas las que realizarán la petición.  En Canarias, se estima que son 40.000 las personas en esta situación, aunque según las asociaciones humanitarias es difícil cerrar una cifra concreta.

En los últimos cuatro años han aumentado en más de 5.000 las personas migrantes censadas en Lanzarote, según el Centro de Datos con cifras del INE, hasta alcanzar a final de 2025, los 41.020 extranjeros, de los que 166.878 habitantes insulares. De ellos, 4.248 proceden de Marruecos, otros 308 de Mauritania, mientras que suman 470 los migrantes de otros países de África. Sin embargo el grueso de la población foránea es de América Latina. Colombia suma 8.000 personas, y el propio Consulado de Colombia estimaba que había 13.000 ciudadanos procedentes del país en Lanzarote y otros tantos en Fuerteventura.

Un estudio de marzo de 2022 de PorCausa, especializada en inmigración, señala que en torno al 14 por ciento de los migrantes extranjeros que viven en nuestro país están en situación administrativa irregular.

Objetivos

Según la memoria del proyecto de reforma, se espera “un impacto económico positivo” por razón de la afiliación a la seguridad social y de la incorporación al mercado laboral de las personas extranjeras.

El Estado considera que “España enfrenta un desafío demográfico significativo, con una población envejecida y una tasa de natalidad en descenso”, por lo que la incorporación al mercado laboral de personas extranjeras “puede ayudar a mitigar estos efectos, aportando mano de obra joven y dinámica que es esencial para mantener el crecimiento económico”.

Por otra parte, recuerda que “las personas extranjeras suelen ocupar puestos en sectores que enfrentan escasez de mano de obra como, por ejemplo, la agricultura, la construcción y los servicios, contribuyendo así a la sostenibilidad de estos sectores clave”.

Desde un punto de vista económico, esto también puede impulsar el consumo y, por ende, el crecimiento del PIB. Al integrarse en el mercado laboral, estas personas generan ingresos que se traducen en un aumento del consumo de bienes y servicios, beneficiando a la economía local.