El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote presentará en el próximo pleno insular una moción para instar al Gobierno de España a defender ante la Unión Europea una aplicación flexible y adaptada del Reglamento (UE) 2023/2842 de control de la pesca, con el objetivo de garantizar la viabilidad, seguridad y continuidad de la pesca artesanal y de bajura, especialmente en regiones ultraperiféricas como Canarias.

La iniciativa pone el foco en los efectos que está teniendo la interpretación restrictiva de este reglamento en la flota artesanal, al trasladar obligaciones técnicas, tecnológicas y administrativas pensadas para grandes flotas a pequeñas embarcaciones con limitada capacidad económica y operativa. Según expone la moción, esta aplicación está generando un impacto desproporcionado en el sector pesquero canario, incrementando costes, dificultando la actividad diaria y comprometiendo la continuidad de muchas embarcaciones y el relevo generacional.

"Actividad estratégica"

El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, señaló que "la pesca artesanal y de bajura es una actividad estratégica para Lanzarote y para Canarias, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural, y no puede verse arrinconada por una interpretación rígida de una norma europea que sí contempla márgenes de adaptación".

Martín subrayó que el propio Reglamento (UE) 2023/2842 y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recogen la posibilidad de aplicar criterios de flexibilidad y proporcionalidad en las regiones ultraperiféricas. "Lo que reclamamos es que el Estado haga valer esas herramientas, defienda una posición activa ante la Unión Europea y ajuste su aplicación interna a la realidad de nuestra flota artesanal", añadió.

La moción también plantea la necesidad de reforzar el diálogo con las cofradías de pescadores y las organizaciones representativas del sector, así como de garantizar apoyo técnico y financiero suficiente para que el cumplimiento de las nuevas obligaciones de control no suponga una amenaza directa para la pesca artesanal y de bajura en Canarias.