El Cabildo de Lanzarote finalmente ha pedido de forma oficial paralizar la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) seis meses después de que publicara el protocolo firmado por el presidente Oswaldo Betancort y el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, con planos que según la Corporación insular no fueron los consensuados.

Gobierno y Cabildo escenificaron el 22 de julio del año pasado la firma de las ZAR de Lanzarote, con el objetivo de fijar las zonas aptas y condicionadas para la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, facilitando así las áreas disponibles para los inversores.

Ese protocolo se publicó el pasado 20 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias. Y Diario de Lanzarote desveló su contenido y la planimetría que llevaban aparejada las Zonas de Aceleración de Renovables a principios de septiembre.

A partir de ahí se sucedieron los cruces de declaraciones entre Cabildo y Gobierno. Mientras que la Consejería regional de Transición Ecológica había anunciado desde el principio que la superficie calificada como apta ascendía a 3.163 hectáreas y que se habilitaría el 3,75 por ciento de la superficie insular, el Cabildo sostenía que solo sería el uno por ciento.

El consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo, Jesús Machín, ha reiterado que el protocolo firmado por Oswaldo Betancort en julio y publicado en el boletín al mes siguiente era “nulo de pleno derecho” por haber incorporado unos planos no aceptados por la Corporación insular.

En el Parlamento de Canarias, los responsables de Transición Ecológica han declarado en los últimos meses, a petición del diputado socialista Marcos Bergaz, sin despejar las dudas sobre este procedimiento. De hecho, la Consejería no le ha facilitado el expediente al parlamentario lanzaroteño, pese a haberlo solicitado formalmente y estar obligada a entregarlo.

La Corporación insular afirma que la publicación de los mapas ha provocado un “conflicto social evitable, al percibirse una afección directa al territorio insular”

Ahora, seis meses después de que se publicase en el Boletín Oficial de Canarias el protocolo de las ZAR de Lanzarote, el Cabildo ha remitido una providencia a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias en la que comunica su “preocupación institucional por el rechazo social generado en Lanzarote tras la delimitación y publicación inicial de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), a partir de unos mapas que no fueron consensuados con la Corporación insular”.

El documento expone que la publicación de dichos mapas ha provocado un “conflicto social evitable, al percibirse una afección directa al territorio insular y a la soberanía energética de Lanzarote, así como un riesgo para el retorno económico de la explotación energética en la Isla”.

La providencia recuerda además que “la normativa autonómica vigente prioriza de forma expresa la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes, condicionando la ocupación de suelo a una justificación técnica previa y al agotamiento del potencial disponible en cubiertas”.

Mapa de zonas aptas y condicionadas para fotovoltaica en las ZAR de Lanzarote.

Cubiertas antes que suelo

El presidente del Cabildo que firmó el protocolo de las ZAR con Hernández Zapata para identificar el suelo para los inversores, afirma ahora que "la comunicación remitida al Gobierno de Canarias se ciñe estrictamente al marco legal vigente y a la necesidad de una planificación energética basada en datos objetivos y estudios actualizados sobre el uso real de las cubiertas en la isla, antes de plantear cualquier implantación en suelo".

Jesús Machín sostiene que cualquier futura implantación en suelo tiene que incorporar “criterios adicionales de protección del paisaje y del territorio insular”

En este sentido, la providencia solicita “disponer de información técnica rigurosa que determine el grado de ocupación actual y el margen real de crecimiento de la energía fotovoltaica en edificaciones existentes”.

Por su parte, el consejero Jesús Machín explica que el escrito también plantea que cualquier futura implantación en suelo “incorpore criterios adicionales de protección del paisaje y del territorio insular”, así como “la priorización de modelos de titularidad pública o fórmulas que garanticen un retorno social y económico para Lanzarote, siguiendo experiencias previas de gestión pública de las energías renovables en la isla”.

Asimismo, Machín subraya que “esta posición se enmarca en el modelo energético propio que Lanzarote ha defendido históricamente, basado en la protección del territorio, la planificación y la titularidad pública de las infraestructuras”.

En este sentido, recordó experiencias como Eólicas de Lanzarote, que han permitido avanzar en la transición energética compatibilizando producción renovable, conservación del paisaje y retorno económico para la isla.

La providencia insta además a la Consejería autonómica a abrir un periodo de reflexión, diálogo y negociación institucional con el Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de reconducir el proceso de planificación energética incorporando consideraciones territoriales, sociales y ambientales, y atendiendo a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía lanzaroteña.