La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha activado el procedimiento de juicio de las cuentas contra María Jesús Tovar (PP), actual vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, por un perjuicio económico generado en su etapa como concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife, con Ástrid Pérez en la alcaldía, que asciende a 88.836 euros.

El Tribunal de Cuentas ya había desestimado el año pasado un recurso de Tovar contra el acta de liquidación provisional que la considera responsable de un alcance contable, es decir, un perjuicio económico para el Ayuntamiento capitalino.

En concreto, se le atribuye haber dejado prescribir la acción de reintegro de subvenciones no justificadas por importe de 78.529 euros, con 10.307 euros adicionales en concepto de intereses legales.

Una vez establecida la cuantía del supuesto daño económico a las arcas públicas municipales, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dado el siguiente paso, que sigue los mismos trámites de un juicio.

El procedimiento jurisdiccional de reintegro por alcance, que es el que se sigue en el Tribunal de Cuentas permite la presentación de alegaciones y pruebas, y puede finalizar con sentencia que obligue a que los responsables tengan que pagar la cuantía económica que perdió el Ayuntamiento de Arrecife por no reclamar las subvenciones sin justificar.

Se atribuye a la actual vicepresidenta del Cabildo presuntamente haber dejado prescribir subvenciones no justificadas durante su etapa como concejala de Bienestar Social

Además de María Jesús Tovar, en el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas figuran las exconcejalas Eva de Anta y Victoria Sande, que representaron al PSOE en el Consistorio capitalino.

Las fuentes consultadas indican que el Ayuntamiento se personó en esta fase del procedimiento, tras la publicación de un edicto este pasado mes de diciembre por parte del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento. La Ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas reserva la legitimación activa a la Administración pública “perjudicada”, como sería el caso de Arrecife, y a la Fiscalía.  

Cabe destacar que la jurisdicción contable que ejerce el Tribunal de Cuentas persigue la responsabilidad de quienes, con intención o negligencia grave, originen a través de sus acciones u omisiones un “menoscabo” en los caudales públicos.

El origen

Como se recordará, el origen del caso es un decreto firmado por Tovar en febrero de 2021 por el que declaraba prescritas todas las subvenciones no justificadas para las que habían transcurrido cuatro años desde la finalización del plazo de la justificación.

El procedimiento puede culminar en una sentencia que obligue a los responsables a reintegrar al Ayuntamiento de Arrecife los fondos públicos no recuperados

La instructora de la causa en el Tribunal de Cuentas destacó que “existían unas subvenciones cuyo destino no había sido justificado”, pero “no se iniciaron los correspondientes procedimientos de reintegro en plazo, dando lugar a la prescripción de tales acciones de reintegro y por consiguiente produciéndose un presunto daño a los fondos públicos".

Las actuaciones en el Tribunal de Cuentas se iniciaron por en un escrito del Ministerio Fiscal en el que ponía de manifiesto presuntas irregularidades en la justificación de las subvenciones "concedidas y pagadas" y apreciadas en un informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas a varios ayuntamientos canarios, entre los que está Arrecife.

Las ayudas que se concedieron pero no se justificaron y sobre las que el Ayuntamiento no exigió su devolución se extienden desde 2016 hasta 2020. Se trata de ayudas al alquiler, alimentación, prótesis dentales, audífonos, agua, necesidades básicas, gafas e incluso por sepelio.