Los últimos acontecimientos ocurridos en Canarias, aunque nos resuenen repetidos, no cesan de dejarnos estupefactos, al menos a todo aquel o aquella que tenga algo de ética y de humanidad.

El apresamiento de una red de pederastas que actuaban en las islas y que se aprovechaban de la desprotección y de la vulnerabilidad de menores tutelados por el Gobierno, no puede ser más execrable. Algo huele a podrido cuando normalizamos hechos tan abominables.

La cultura de la violación no es algo circunstancial ni aislado sino una práctica más común de lo que se cree, que nos debería llevar a una reflexión profunda. La existencia de hombres sin escrúpulos que actúan como intermediarios o conseguidores de “carne joven” para poderosos dispuestos a pagar por ello, no parecen casos aislados sino una práctica arraigada y sistémica. Sin embargo, no hay que olvidar que, esto no sucedería sin la connivencia de las instituciones o jueces que demoran las resoluciones (no hay que olvidar el caso 18 lovas todavía en la gaveta judicial) que dejan impune o con unas penas irrisorias a quienes perpetran estos hechos.

La reciente desclasificación de los papeles del pederasta Epstein en EEUU, destapando una extensa red clientelar desde grandes empresarios a personajes de la vida cultural o políticos, tanto de izquierdas como de derechas, es solo un leve reflejo de un ejercicio de poder repugnante, habitual y universal.

En España, el último mito en caer, acusado de violación, ha sido el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, considerado un símbolo de la democracia y de la honorabilidad, un prócer laureado, quien acaba de ser denunciado por una mujer que contó cómo cuando tenía diecisiete años, el ex presidente la violó en su despacho. Un ejemplo más que nos revela, el marco de silencio y connivencia en que nos encontramos.  

El hecho de que la mujer, hasta hace históricamente poco tiempo, haya sido considerada un ciudadano de segunda, un instrumento para uso y disfrute del hombre, es sin lugar a dudas la madre de estos lodos. El patriarcado en que vivimos durante siglos ha permitido que el abuso sexual sea considerado un asunto privado y silenciado. El cuerpo de la mujer sigue siendo para muchos puteros o pederastas algo que se puedo comprar u obtener siempre que se quiera y se tenga los medios para ello.

Pero la cultura de la violación no solo se extiende a las clases privilegiadas, se encuentra en todos los estratos sociales donde exista un hombre (ya sea entrenador deportivo, padre o abuelo) que se cree con el derecho sobre el cuerpo de una niña o una mujer.

Vistos los innumerables casos que aparecen cada día en los medios, hay pocas razones para la esperanza. A pesar de esto, cada vez más, las víctimas se atreven a denunciar el calvario que vivieron, aún a riesgo de ser de nuevo revictimizadas por aquellos mismos que ejercieron la violencia contra ellas, buscando resarcirse de un secreto que pesa, que las destruye y silencia, con el deseo profundo de que no se repita nunca más.

Con respecto a los menores tutelados por el Gobierno Canario, será este quien tendrá que decir o hacer algo al respecto. No hacer, callar, no tomar medidas drásticas y urgentes con la protección de los menores, quienes de por sí ya han tenido una infancia terrible, es sin lugar a dudas, otra forma más cruel y sibilina de violencia.

No denunciar, no hacer, no es más que una forma de hacer porque la inacción siempre da obertura y connivencia a aquellos que, sintiéndose protegidos o inmunes a la justicia, abusan y violan. Las palabras de repudio y rechazo ante los pederastas y violadores no es suficiente, hay que tomar medidas preventivas y soluciones enérgicas, porque una sociedad incapaz de proteger a los más vulnerables y de guardar ante la dignidad humana, no merece ser llamada sociedad sino barbarie.