En el periodo entre los años 2017 y 2021 se han incautado un total de 168 teléfonos móviles en la prisión de Lanzarote, siendo el año 2019 el de mayor número de aprehensiones con un total de 52.

Desde el sindicato ACAIP-UGT destacan el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones. En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones.

El sindicato explica que se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, especifica el sindicato que "el uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico".

"De hecho, podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada", añaden desde ACAIP-UGT.

"Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior", continúa en nota de prensa la organización sindical.

"Todo esto requiere, a su vez, del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito", añade el escrito.

En defensa del buen desarrollo del trabajo del funcionariado en el centro penintenciario de Lanzarote, desde ACAIP-UGT insistin en la necesidad de ocupar todas las vacantes, "las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, además, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución", concluye el comunicado.