La propiedad del Hotel Papagayo Arena ha arremetido este jueves contra la jueza que consideró ilegalizable el hotel y dispuso que “se lleve a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida” por la invasión de un vial público sobre el que se construyó el establecimiento alojativo, en la playa de Las Coloradas.

En un auto, el Juzgado de lo contencioso número cinco de Las Palmas destacó que “las infracciones urbanísticas” del polémico Papagayo Arena, que invadió un vial público de acceso al litoral, de cinco metros de ancho, “impiden la legalización” del hotel.

En un comunicado, la empresa señala que “dicha resolución ha sido dictada por una juez sustituta que apenas ha ocupado el Juzgado durante un mes y medio, que no participó en la vista celebrada ni en las pruebas practicadas, vulnerando derechos fundamentales de la mercantil propietaria, como el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley”.

Las fuentes jurídicas consultadas destacan que, al contrario de lo manifestado por la empresa propietaria del Hotel Papagayo Arena, lo irregular hubiera sido que el asunto fuese aparcado por parte de la responsable del Juzgado de lo contencioso número cinco de Las Palmas. “Si un juez está al frente de un Juzgado tiene que resolver los asuntos, no dejar de decidir sobre uno en particular, dependiendo de quiénes son los demandantes o los demandados”.

La empresa ha manifestado que va a recurrir la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Este jueves ha considerado que no se han “valorado” documentos que califica como “esenciales” y cita en concreto “el informe emitido por el Ayuntamiento”, o la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza en la parte relacionada con Costas.

“Nulidad radical”

La magistrada destacó en su resolución la “nulidad radical” de las licencias otorgadas en la época de José Francisco Reyes en la alcaldía de Yaiza, específicamente la que autorizó la agrupación de las parcelas una y dos del plan parcial Las Coloradas, sobre las que se asienta el hotel, que tenían en medio el citado vial, además de la obligación de retranquearse con respecto al paso público.

El Juzgado subraya que “consta acreditado que conforme a la licencia de agrupación de las parcelas una y dos del plan parcial Las Coloradas, ambas parcelas se encuentran separadas por un vial peatonal de acceso al mar de cinco metros de ancho, previsto como vial público”. Esta conclusión aboca a que se produzca la demolición del espacio público ocupado por el hotel.

Cabe destacar que ese vial, ocupado totalmente por el hotel, se mantuvo en la modificación del planeamiento de la urbanización para adaptarse al Plan Insular de Ordenación (PIO). Esto “conlleva que la licencia incurra en un evidente vicio de nulidad, al no ser parcelas contiguas, y además, suponiendo una flagrante vulneración de las previsiones del plan parcial” Las Coloradas, al “invadir” la edificación ese paso público.

Restablecer la legalidad

La empresa propietaria del establecimiento, Papagayo Arena SL, alegó sin ningún éxito que “no existen dos parcelas, sino exclusivamente una única parcela”. También sostuvo que “no existe servidumbre de acceso al mar por estar  anulado el Plan General en todo lo relativo a materia de Costas” o que “ese acceso peatonal al mar, jurídicamente hablando, ha desaparecido”.

En cambio, el Juzgado acaba de disponer que hay que “ejecutar en su integridad” la sentencia que anuló la licencia de agrupación de las dos parcelas sobre las que se construyó el hotel (de 30 de abril de 1999), la licencia que aprobó el modelo de proyecto del hotel (de 4 de septiembre de 2002) y la autorización de final de obra (de 9 de diciembre de 2003).

Así, el Juzgado insiste en que “se lleve a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida” y ordena notificar su auto, firmado este pasado sábado por la magistrada María de los Ángeles Reyes, “a las autoridades competentes, con observancia del cumplimiento acordado y en atención a lo dispuesto en el fallo de la sentencia ejecutada”.