El Juzgado de lo contencioso administrativo número cinco de Las Palmas ha decretado que “las infracciones urbanísticas” del polémico Papagayo Arena, que invadió un vial público de acceso al litoral en la playa de Las Coloradas, “impiden la legalización” del hotel.

En un auto al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, el Juzgado destaca que ha quedado “comprobado el incumplimiento” en la ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Yaiza, que es la institución pública que concedió las licencias y la demandada en el procedimiento de ejecución de la resolución judicial que anuló la agrupación de las dos parcelas sobre las que se construyó, el proyecto del hotel y el final de obra.

La magistrada también resalta la “nulidad radical” de esas licencias, otorgadas en la época de José Francisco Reyes en la alcaldía de Yaiza, y ordena “el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello”.

El Juzgado subraya que “consta acreditado que conforme a la licencia de agrupación de las parcelas una y dos del plan parcial Las Coloradas, ambas parcelas se encuentran separadas por un vial peatonal de acceso al mar de cinco metros de ancho, previsto como vial público”.

Ese vial, ocupado totalmente por el hotel, se mantuvo en la modificación del planeamiento de la urbanización para adaptarse al Plan Insular de Ordenación (PIO). Esto “conlleva que la licencia incurra en un evidente vicio de nulidad, al no ser parcelas contiguas, y además, suponiendo una flagrante vulneración de las previsiones del plan parcial” Las Coloradas, al “invadir” la edificación ese paso público.

Restablecer la legalidad

La empresa propietaria del establecimiento, Papagayo Arena SL, alegó sin ningún éxito que “no existen dos parcelas, sino exclusivamente una única parcela”. También sostuvo que “no existe servidumbre de acceso al mar por estar  anulado el Plan General en todo lo relativo a materia de Costas” o que “ese acceso peatonal al mar, jurídicamente hablando, ha desaparecido”.

En cambio, el Juzgado acaba de disponer que hay que “ejecutar en su integridad” la sentencia que anuló la licencia de agrupación de las dos parcelas sobre las que se construyó el hotel (de 30 de abril de 1999), la licencia que aprobó el modelo de proyecto del hotel (de 4 de septiembre de 2002) y la autorización de final de obra (de 9 de diciembre de 2003).

Así, el Juzgado insiste en que “se lleve a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida” y ordena notificar su auto, firmado este pasado sábado por la magistrada María de los Ángeles Reyes, “a las autoridades competentes, con observancia del cumplimiento acordado y en atención a lo dispuesto en el fallo de la sentencia ejecutada”.

Incumplimientos

La consecuencia lógica de la resolución del Juzgado sería acometer tareas de demolición para dejar libre el vial público de cinco metros de ancho invadido por el hotel, cuya construcción lo ocupa por completo. En el procedimiento judicial, el Cabildo ha sostenido que “no existe la más remota posibilidad” de legalizar la invasión del vial de acceso a la costa ocupado, en la línea de lo que ha decretado ahora el Juzgado.

De hecho, la Corporación insular ha tachado de aberración jurídica lo que llegó a plantear la empresa de habilitar un acceso al mar por el exterior de la parcela y ha solicitado tanto la demolición del hotel como la clausura del mismo. Sobre la mesa del propio Cabildo se encuentra el expediente de la solicitud de autorización turística pedida por el Papagayo Arena.