El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, declaró durante su comparecencia como acusado en el caso Unión que llegó a un acuerdo con el entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ya fallecido, para validar y abonar todas las facturas que le presentaran de las áreas que le correspondían al PIL.

Sáenz, que actualmente se encuentra en prisión por otra pieza del caso, la de Proselan, cumpliendo una condena de cinco años de cárcel por el desfalco de 250.000 euros mediante facturas falsas, reconoció los hechos que le imputa la Fiscalía y solo contestó a sus preguntas y a las de su abogada. Sáenz dijo que ese acuerdo lo tenía solo con José Miguel Rodríguez “que ejercía un férreo control de las facturas de las áreas del PIL”.

El exinterventor contestó muy escuetamente al resto de preguntas del fiscal Javier Ródenas, admitiendo que no examinaba esas facturas de las áreas de Parques y Jardines, Barrios, Sanidad, Urbanismo y Hacienda y no comprobaba si los trabajos se habían llevado a cabo o si ya se habían abonado a otros empresarios.

El fiscal Ródenas le preguntó por las facturas cobradas por los empresarios acusados y reconoció que las dio por buenas sin ninguna comprobación. Una de ellas, la de Infogelanz, se pagó cuatro veces por el mismo concepto: el arreglo de los zaguanes de la calle Clavijo y Fajardo.

Otra de las facturas se abonó a la empresa de Samuel Lemes por el arreglo exterior de la Oficina Técnica, cuando ese trabajo se había adjudicado y pagado a Construcciones Torres. “Yo me di cuenta de que era así”, reconoció el exinterventor.

Por otro lado, Sáenz aseguró que no participó del cobro de comisiones ilegales, sino que solo llegó a ese acuerdo con el que era su jefe en la Concejalía de Hacienda. Afirmó que no está de acuerdo con la pena que se le solicita, ya que la Fiscalía le pide siete años y medio de cárcel. Señaló en su favor que ya reconoció los hechos en el año 2015 con la intención de reparar el daño producido y pagar la responsabilidad civil.

Antonio Cárdenas confiesa

El primer acusado que prestó declaración en la segunda jornada fue el ingeniero Antonio Cárdenas, al que se le solicitaban dos años y cuatro meses de cárcel. También aceptó los hechos que le imputa la Fiscalía y solo se le impondrá una multa.

Admitió que el concejal José Miguel Rodríguez le facilitó el informe del Plan de Barrios en el que se incluían los criterios de valoración y adjudicación y que se aprovechó de esos datos de carácter reservado para agilizar el cobro de siete facturas pendientes de su empresa, Enac, que suman 4.225 euros. Reconoció un delito de aprovechamiento de información privilegiada.