declaración institucional

El Cabildo solicita una auditoría sobre las subvenciones al transporte que benefician a las islas capitalinas

Diario de Lanzarote 0 COMENTARIOS 16/10/2018 - 09:25

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado por unanimidad una declaración institucional, “en defensa de los intereses del tejido productivo local”, para solicitar de “manera urgente” a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas de España una auditoría de las subvenciones al transporte de bienes acogidos a las ayudas del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) y de las ayudas de Estado para el transporte marítimo y aéreo de o hacia las lslas Canarias.

Según señala la declaración “dicha auditoria debe hacer de manera conjunta entre ambas modalidades de subvención a fin de determinar si está produciéndose una acumulación contraria a lo dictado por las autoridades de Unión Europea, que prohíbe que las empresas canarias puedan acumular subvenciones a los productos que ya se benefician del REA-PSOEI, “del que se ven favorecidas especialmente las islas capitalinas”.

De esta manera, la propuesta aprobada insta al Cabildo de Lanzarote a dirigirse a la Comisión Europea con el fin de que inspeccione si se está produciendo acumulación entre las ayudas de Estado al transporte y las subvenciones en concepto de REA.

El Cabildo de Lanzarote se dirigirá también al Gobierno de Canarias y Estado para que los acuerdos adoptados en declaración institucional relativos al reparto de las ayudas al transporte en las islas no capitalinas, se hagan efectivos.

De igual modo, el Cabildo de Lanzarote deberá defender ante las autoridades de la comunidad autónoma y el Estado la realización de las gestiones necesarias para compensar a las industrias lanzaroteñas que se hubiesen visto perjudicadas por dicha acumulación y “la competencia desleal ejercida”.

Paralelamente, la empresa Harinera Lanzaroteña ha presentado denuncia ante la Comisión Europea por esta acumulación de ayudas, que ha quedado sobre la mesa dado que la UE solicita pruebas de dicha acumulación que el Gobierno de Canarias no ha suministrado aludiendo a la “no obligación de publicidad detallada de datos”.

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