El Juzgado de lo contencioso número 6 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de dictar sentencia anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Yaiza por el que se aprobaron en febrero de 2003 los estatutos y bases de actuación de la Junta de compensación del plan parcial Playa Blanca, gracias al recurso del Gobierno de Canarias.

Con esta sentencia se completa la nulidad de todos los actos administrativos relacionados con este plan parcial, que quedó fuera de ordenación por los recursos presentados por el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique.

También se anularon todas las licencias concedidas dentro de ese plan por el entonces alcalde José Francisco Reyes. El plan preveía la construcción de unas 1.800 viviendas de carácter residencial, de las que se llegaron a construir unas 400 que se encuentran fuera de ordenación.

Como el plan no se desarrolló durante años, el Gobierno de Canarias lo dio por extinguido en el año 2001 al entrar en vigor la Ley de medidas urgentes y posteriormente las Directrices del Turismo. A pesar de esto, Reyes aprobó hasta 24 promociones de villas diferentes.

Varios compradores de las casas, considerados como terceros de buena fe, comenzaron a denunciar en los tribunales a los promotores y están logrando que les den la razón, condenando a los promotores  a devolverles el dinero porque eran conocedores de la situación de irregularidad del  planeamiento y ocultaron ese hecho a los compradores.

Ahora, con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza, que redacta el propio Gobierno de Canarias, todas las administraciones (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento) apuestan por aprobar un nuevo plan parcial en ese mismo suelo que acabaría no sólo por regularizar las viviendas, o gran parte de ellas, sino por permitir incluso nuevas construcciones y un hotel.

La regularización se haría a través de la firma de un nuevo proyecto de urbanización y un convenio con el Ayuntamiento sureño. El Gobierno pretende dividir el plan en dos unidades de actuación diferentes.

Por otra parte, el propio letrado del Ayuntamiento de Yaiza en este proceso judicial, Felipe Fernández Camero, recomienda al Consistorio no recurrir el fallo puesto que la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya se ha expresado contraria a este asunto en otras sentencias. Señala que la aprobación de la Junta de compensación ya era ilegal al haberse anulado previamente el acto de aprobación inicial de los estatutos del plan parcial.