Puede que el primer error fuera de concepto, porque se trataba de sustituir y no de rehabilitar, pero el fracaso con las casas de Valterra y Titerroy no es un fracaso lingüístico, sino político. El despropósito, la incapacidad para encontrar una solución, y al mismo tiempo convertirlo en un asunto que reprochar al rival político, es uno de los mejores ejemplos de política alejada de la realidad que hemos tenido en Arrecife en los últimos años. Y no hemos tenido pocos.

En 2009 murió una persona al caerse el techo de su vivienda en Titerroy. Ese fue el inicio. En 2011 se firmó un convenio entre Gobierno central, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arrecife para considerar dos zonas como áreas de renovación urbana: 66 viviendas de las calles Tisalaya, Tinache, Timbayba, Tinamala y Tingafa, y más de cien en Valterra.

Se trataba de tirar las casa viejas y levantar otras nuevas en el mismo lugar. Había, y hay aún, dos problemas: las casas están unidas entre sí y hay que tirar todas (sobre todo en Valterra) pero hay vecinos que se han gastado dinero en apuntalar las casas y no se quieren ir porque su casa no está en estado de ruina y porque no se fían de dejar una casa a cambio de una promesa. En Valterra había un problema añadido: por la forma de adquisición de las casas (se pagaba a las conserveras, que después debían trasmitir la propiedad), algunos vecinos, herederos de los originales, no tenían las escrituras a su nombre. No iban a dejar una casa para que después les dijeran que no tenían derecho a la nueva.

Todo esto lo han sabido los diferentes grupos de gobierno en Arrecife, o lo deberían haber sabido. Pero lo único de lo que han discutido durante años es quién prorrogaba la partida en los presupuestos y quién la dejaba perder, como si el proyecto se fuera a hacer solo milagrosamente. Lo principal para sacar adelante el proyecto es echar muchas horas de calle hablando con los vecinos para encontrar una solución: o generar confianza o hacer un proyecto menos ambicioso y empezar por arreglar algunas casas. Pero apuntar alto te garantiza no tener que trabajar. Si no sale, bien, y si sale, lo hace una gran empresa.

La actual alcaldesa, Astrid Pérez, ha sido una de las más beligerantes. Incluso el PP está convencido que estuvo a tiempo de sacar adelante la renovación, gracias a la contratación de un equipo externo. En diferentes épocas han llegado a decir que es “un tema prioritario, de justicia social”. Jacobo Medina, antes de las últimas elecciones, demostrando su gran confianza en la política local, dijo en 2019 que “la única forma de garantizar la rehabilitación de las viviendas de Valterra y Titerroy es con un gobierno de Casado”.

Hace unos meses, la alcaldesa ponía el foco en la mala gestión de CC, sus actuales socios, en el mandato anterior, porque no solicitaron la prórroga de las subvenciones para poner en marcha la rehabilitación de estas viviendas en el Plan de Vivienda de Canarias. Poco después vendió como un gran logro el acuerdo para que el Gobierno de Canarias financiara los ARU (Áreas de Renovación Urbana). Decía que en este asunto había habido “años de pésima gestión” y que iban a tener que empezar de cero.

El Gobierno central acaba de confirmar, en enero, que transfirió los fondos para llevar a cabo la reposición de viviendas, pero que el Ayuntamiento no ha puesto en marcha los proyectos y que tampoco ha devuelto el dinero. “Es responsabilidad del Ayuntamiento el no haber ejecutado dicho presupuesto, ni tampoco devolverlo al Estado”.

Resulta que primero tienen que anular los contratos de los equipos externos que tenían que encargarse de gestionar el proceso con los vecinos y ahora dice el concejal de Vivienda que van a hacer un equipo con trabajadores municipales y que van a ir “tocando casa por casa para explicar el proyecto a los vecinos”. Solo han tardado dos años y medio desde que entraron en el gobierno para llegar a esta conclusión.