Entre mayo de 2009 y noviembre de 2010, la UCO detuvo a cinco directivos de Urbaser en el caso Unión. Uno de ellos era el gerente en la Isla y los otros cuatro eran directivos de Madrid, entre ellos el que era en aquel momento director de explotación y obras y el que fue número dos de la compañía y director de servicios internacionales cuando fue detenido.

Esta pieza aún no se ha juzgado pero lo que se investiga es que Urbaser, con ayuda de funcionarios del Ayuntamiento, tuvo acceso a las ofertas del resto de empresas que optaban al concurso e incluyó a última hora unas mejoras que le permitieron ganarlo. Como contraprestación, la empresa habría pagado 50 millones de pesetas iniciales a varios cargos públicos, 180.000 euros después al jefe de la Oficina técnica y numerosos regalos y viajes ala ex alcaldesa. A su vez, la Oficina técnica permitía que la cuantía del contrato subiera cada año con una fórmula que no entendía nadie. También se investigan facturas infladas o por servicios que no se hacían.

Por si hubiera alguna duda de que los directivos iban por libre, que el soborno no era política de empresa, Urbaser está emplazada como responsable civil subsidiario y responde de una fianza de 9,7 millones de euros. El auto de que dio por finalizada la investigación llegó a la conclusión de que se adjudicaron a esta empresa “de manera ilícita” al menos 8,4 millones de euros. El contrato de recogida de basuras costaba unos 700.000 euros al mes, “uno de los más caros de España”, según ese auto, para tener, curiosamente, una de las ciudades más sucias, según la observación diaria de las calles.

Con estos antecedentes, la lógica invitaba a pensar que el futuro para Urbaser en la Isla iba a ser muy negro. Era una empresa del Grupo ACS que hace dos años compró una firma china, Firion Investments. Gestionaba la limpieza de Arrecife desde 2002 y cuando estalló la operación Unión era el único contrato que tenía en Lanzarote. Pues bien, desde entonces han sido todo éxitos.

Aunque parezca mentira, en 2014 se volvió a llevar el concurso del Ayuntamiento de Arrecife por otros doce años más y cada año cuesta ese contrato más de cinco millones. Cuando se hizo esa adjudicación, Urbaser mantenía varios pleitos contra el Ayuntamiento, al que el reclamaba 17 millones de euros, de los que Arrecife reconoció el pago de 11. Desde entonces, han sido varios los expedientes abiertos, no culminados, por incumplimientos graves del contrato. Cumpla o no, Arrecife no es una ciudad limpia.

Sus méritos le han llevado a adjudicarse hace cuatro años el contrato de limpieza de los jardines en Teguise por 824.000 al año y el año pasado sumó la limpieza viaria, de playas y espacios públicos de Playa Blanca y el servicio de recogida selectiva de residuos de toda la Isla, con un coste anual previsto de 1,7 millones de euros, que seguro que acaba subiendo.

Así están las cosas. A Urbaser, en la Isla, le va mejor que nunca. Algunos de los implicados en esa trama ya no están en su puesto de trabajo por otras causas judiciales y los que eran cargos públicos ya no lo son ya no son cargo público. Al menos tres de los detenidos, los que tenían cargos más altos, siguieron ocupando esos cargos en la empresa. Por otra lado, Las sospechas sobre la compañía no se limitan a Lanzarote. Se le relaciona con la operación Púnica, Lezo y con tramas de corrupción en Olot u Orihuela. Pero todo esto no parece afectarle, ni a esta ni a otras grandes empresas, que siguen colonizando contratos en todos los niveles de la Administración: loca, autonómico y estatal.

Lo mejor de todo es que no les hace falta ni acudir al soborno. Todo es legal. Les alcanza con hacer ofertas muy por debajo del precio del concurso con una fórmula imbatible, que consiste en reducir al máximo el coste del personal de dos maneras: contratando menos gente y pagando lo mínimo que se exige. Así son los departamento de I+D+I. Y aprovechándose de que la fiscalización de las administraciones suele ser deficiente y de que cualquier diferencia se dirime en los Juzgados años después.

Y así tenemos después a alcaldes y otros cargos presumiendo de ahorrar un dinero a la administración gracias a que hay trabajadores que cobran 800 o 900 euros, que a su vez son los que pagan los impuestos y disfrutan, o sufren, de los servicios que prestan estas empresas tan aparentemente baratas. Y poco después tenemos a los mismos alcaldes diciendo que van a ser implacables persiguiendo los incumplimientos de estas empresas pero que tienen las manos atadas porque el pliego de condiciones estaba mal hecho.

A esta privatización de los servicios más esenciales, que ya nadie cuestiona, se le llama búsqueda de la eficiencia y optimización de los recursos públicos. También se le puede llamar estafa y tomadura de pelo, que es más corto y más acertado, pero es verdad que queda más feo.