09
Abr
2019
Saúl García

La sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.

Esto es lo que dice (una parte de lo que dice) la sentencia del Tribunal Supremo que considera que Domingo González Arroyo no es elegible para cargo público porque pesa sobre él una sentencia de inhabilitación [Lea la noticia en Diario de Fuerteventura]. Arroyo había sido inhabilitado para el cargo de concejal o alcalde pero no para el de consejero en el Cabildo (o para el de senador al que ahora se presenta) y el Supremo aclara creando jurisprudencia (es decir, que es la tercera sentencia que dicta en el mismo sentido) diciendo que mientras dure la inhabilitación no puede ejercer ningún cargo.

A Arroyo lo ha acabado apartando el Supremo aclarando algo que parecía lógico que los tribunales de menor rango hubieran asumido: que si no se puede ejercer un cargo por una condena, tampoco se puede ejercer otro cargo distinto. Y lo ha acabado apartando el Supremo porque “la sociedad contemporánea”, o al menos una parte de la sociedad contemporánea de Fuerteventura, lo ha seguido votando.

En la sentencia se cita otra del Tribunal Constitucional, de 1999: “Pocas dudas pueden albergarse respecto de la necesidad de que los gestores públicos gocen de la confianza y del respeto de la gente. Para ello, si es exigible una cierta ejemplaridad social a quien ejerce cualquier función pública, con más intensidad debe hacerse respecto de aquellos cargos cuya función consiste precisamente, por ser representantes de los ciudadanos, en actuar de manera directa en los asuntos públicos”. Y añade que hay países, como Dinamarca en que un cargo público no es elegible si ha incurrido en quiebra o si “ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna” de ocupar ese cargo.

Esto sería mucho pedir. Aquí el listón ha ido cayendo tanto que ya no existen las responsabilidades políticas. Apenas se asume la mala gestión. En Lanzarote, hasta que no hay una sentencia firme, no hay responsabilidad, como si todo lo lícito fuera honesto o como si no existiera el error político. En 2003, Dimas Martín fue elegido presidente del Cabildo con una condena firme (una vigente y otras cumplidas) porque la Junta Electoral Central le permitió presentarse ya que estaba pendiente de la posible concesión del indulto. Seis meses después, cuando le fue denegado, entró en prisión como presidente y fueron a despedirle a la cárcel unas 500 personas.

Tenemos un caso muy similar al de González Arroyo. Gladys Acuña fue condenada por el caso Stratvs e inhabilitada para ejercer como alcaldesa de Yaiza, pero no como parlamentaria, cargo en que ha seguido. La condena no es firme, pero tampoco le ha impedido subir como la espuma en la cotización electoral, donde parece un activo deseado por muchos. Ha llegado, primero, a un acuerdo con otros dos partidos (ASL y PIL) y después con CC para ir la segunda en la lista al Parlamento. Cualquiera diría que la condena ha servido incluso como catalizador.

La cuestión no es si es la condena es justa o injusta, sino la reacción pública a esa condena, tanto la suya como la de quien la ampara o la de sus votantes. Estos últimos, los votantes, no son tribunales, como alegan muchos políticos que toman el resultado de las elecciones como un veredicto, como si el resultado de la votación coincidiera con el interés general y no fuera la suma de los intereses particulares de cada votante.

En 1986, el que era presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE) dimitió por una querella que le habían puesto los trabajadores de una fábrica textil que había vendido. Dimitió incluso antes de su imputación y después fue absuelto. Así lo explicaba a Público hace solo unos años: “Yo sabía que iba a ser absuelto. Pero no es obligatorio estar en política. Y sabía también que, mientras se mantuviera mi situación, estaba poniendo en cuestión la institución a la que representaba. Tome la decisión absolutamente solo. Hay vida después de la política”.

Como parece que ya no existen las responsabilidades políticas, hasta que una sentencia firme no diga que algo está mal, se puede seguir ejerciendo un cargo, sin importar el daño que se haga a la institución. Y así tenemos a una parlamentaria pero también a un presidente del Cabildo investigado por la desaladora de Montaña Roja o a un presidente del Gobierno por el caso Grúas.

¿Y por qué siguen, además de porque se lo permiten sus votantes? Demetrio Madrid, refiriéndose a otros cargos en iguales circunstancias, lo explicaba así: “No han interiorizado lo que es una responsabilidad política; les falta la penetración democrática que tiene que tener el compromiso político que emana de la voluntad de los ciudadanos. Y ahí falla todo; en el uso torticero e ilegítimo de esa voluntad, que es sagrada”.

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La recomendación musical de hoy: 'La vida que mala es' de 091

Comentarios

Gracias Saúl por lo valiente q eres. Que no te tapen la boca que es lo q querrían algunos/as.
Brillante. En CoCa saben perfectamente que NO puede presentarse, engañan al electorado para explotar la vaca hasta el último gramo de leche.
Magnifico artículo que pone el dedo en la llaga del asunto y además con ejemplos muy clarito y actuales para que pueda entenderse por cualquiera. La pérdida de ética por nuestros políticos y por gran parte de la sociedad en general es la causa de la abundantisima corrupción que nos rodea.
Hay Gladys que te han utilizado (para abrir un negocio ilegal) y te vuelven a utilizar. Y tu tan contenta... Hay... fragilona

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