Primero fue el caso de los Centros Turísticos, deslizando que podía haber una financiación del PSOE o una trama para favorecer a empresas de afiliados o familiares. Se destacaban los delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Después, cuando se fueron cayendo algunas de las presuntas tramas, se quedó en el caso de la cocina de Jameos, luego se convirtió en el caso Espino y al final no hay caso. No va a llegar ni a juicio.

Hubo dos motivaciones principales para denunciar a Carlos Espino. Una fue política. Después del estallido del caso Unión, CC y PP no podían (querían) permitir que el PSOE apareciera como el único partido que luchaba contra la corrupción, ya que había sido el denunciante y había echado del grupo de gobierno al PIL, al que ellos habían vuelto a abrazar. Lo hubieran tenido más fácil con un poco de pedagogía: ni el PSOE era el único, ni estaba exento de convivencia con la corrupción. La otra motivación era la de quienes mejor mueven los hilos del poder, afectados directamente por la posibilidad de que se cortaran esos hilos: había que denunciar al denunciante para desacreditarlo a él y a su denuncia.

Hay varias pruebas de que esto fue así. En primer lugar, ni el Consejo de los Centros ni Pedro San Ginés han vuelto a denunciar a nadie, ni ajeno ni próximo. En segundo lugar, no se denunciaron unas irregularidades, una gestión, para que la investigación llegara a sus conclusiones: se denunció a una persona, el denunciante de Yate y Unión y el secretario general del PSOE. San Ginés llegó a la presidencia del Cabildo gracias a un PSOE en minoría y a una moción de censura impulsada, según denunció Torres Stinga, por un lobby empresarial cuando podía prosperar una solución para los hoteles ilegales que implicaba compensar en camas o en suelo.

San Ginés no ha sabido o no ha querido alejarse en estos años de quienes le auparon al poder. Pagó pronto el favor. Fue elegido presidente el 20 de octubre de 2009 y denunció a Espino en la UCO en noviembre. Sus prioridades estaban claras. Y esto es clave: en el momento en que denuncia aún no se había levantado el secreto de sumario. No se sabía que Espino era el denunciante de Unión, pero Lleó y su entorno sí lo sabían, obviamente. Y había que denunciar a Espino en la UCO para que el denunciante apareciera investigado en el mismo caso que había denunciado, en igualdad de condiciones con el resto. 

La sombra de Lleó en toda la campaña de descrédito, no solo hacia Espino sino hacia el fiscal y el juez instructor, ha sido más que alargada, incluida la aparición de la Asociación de juristas Jiménez de Asúa, que se presentó como acusación popular en muchas de las piezas de la corrupción de la Isla para paralizarlas, no para acusar. Esta denuncia contra Espino es una de las acciones principales, pero no la única. Es una parte más de la guerra sucia que ha sido posible gracias al dinero de quienes estaban imputados y tenían interés directo, pero también gracias a aquellos a los que no les ha importado alinearse por tacticismo, por conseguir el favor de quienes mandan o, simplemente, por no importunarlos.

El PSOE tenía más imputados y había gobernado más tiempo con el PIL que CC y PP, pero los nacionalistas, directamente, fueron absorbidos o apadrinados por esa jerarquía corrupta. Con San Ginés, heredaron el puesto. De hecho, CC ha acabado personándose como acusación popular en este caso cuando se expulsó a Jiménez de Asúa. Inaudito: se personan para ejercer la acción popular y no lo anuncian a la ciudadanía, que es en nombre que quien ejercen esa acusación. Lo del PP es más complejo. Ha gobernado poco y apenas ha tenido relación con la gran corrupción en la Isla, y a pesar de ello se empeñó en dar cobijo y en no desmarcarse de esas inercias, incluso llevando al Senado a Espino a una comparecencia que no les salió bien. En su caso, también se trataba de atacar al denunciante más que de alejar a Espino de las instituciones. Y para muestra, el botón del nuevo pacto.

Uno de los aspectos más lamentables de lo que hicieron CC y PP es que denunciaron desde las instituciones, desde el poder, desde la presidencia del Cabildo y el consejo de administración de los Centros Turísticos. Y una de las protagonistas de esta guerra sucia es la prensa, un participante esencial. No solo la que está directamente pagada, sino la que hace de simple amplificador.

¿Y qué ha quedado de esta guerra sucia? El caso Yate acabó en condena, las piezas de Unión también, no se ha anulado nada, no prosperaron las denuncias contra Stampa y Pamparacuatro, hay periodistas condenados por esas campañas de difamación, Stratvs está cerrada, Jimeńez de Asúa expulsada, el juez Lis, otro gran protagonista, sancionado y jubilado, Lleó ha aceptado su pena, el Plan de La Geria no ha salido adelante, el PIO tampoco. Los hoteles, eso sí, siguen en pie. La corrupción, por supuesto, no se ha eliminado. No solo no se ha ido, sino que volverá. ¿Y ha merecido la pena todo el esfuerzo, todo el descrédito para las instituciones?

La mafia verde es un término acuñado por la mafia real. Es un término hasta gracioso, a pesar de que lleva la palabra mafia dentro, pero no es la realidad, es su espejo. Por supuesto que hay un grupo de personas que colabora para atacar la corrupción, pero toda mafia tiene un elemento imprescindible: necesita una jerarquía, lealtad y obediencia. Y mientras que en la verde hay muchas voces, muchos estilos, muchas suspicacias, en el otro lado la jerarquía y la obediencia están claras. Hay quienes están en la cúspide, hay cerebros, hay cargos intermedios, hay soldados, hay satélites y hay unos ignorantes que ni siquiera saben para quién trabajan.