Pues al final parece que hay juicio. Han pasado trece años desde las detenciones del caso Jable y quince desde que se abrieron las diligencias judiciales del caso Unión. Es la última pieza de un caso al que se le auguró un desastre y que, hasta ahora, ha acabado con sentencias condenatorias y sin rastro de la teoría de la conspiración urdida por algunos de los inculpados.

Después de atacar a la instrucción por tierra, mar y aire resulta que el balance es de más de media docena de sentencias firmes y ni rastro de nulidades de las grabaciones, de conspiraciones entre jueces y fiscales, de páginas llenas de locuras como que el caso se caía porque el juez firmaba estando de vacaciones o cosas similares de las que ya no se acuerda nadie pero que llenaron horas de conversaciones de auténticos expertos en el arte de lamer botas.

Resulta que la cosa era más fácil y era lo que parecía: corrupción pura y dura. La de la pieza que se empieza a juzgar este lunes quizá es la más interesante porque desmontó el relato de gestora brillante de María Isabel Déniz, a quien Coalición Canaria acogió en sus brazos sin importarle las sospechas que ya entonces había y que probablemente para algunos de ellos eran certezas. Y también es interesante porque es la de la corrupción con mayúsculas, en la que entran dos grandes empresas, entonces en el Ibex 35: ACS y FCC.

El caso ha tardado pero está ahí, listo para ser juzgado. La Administración de Justicia también ha tenido que sortear todo tipo de intentos para bloquear, diluir o frenar el caso. Desde el cierre de la instrucción hasta ahora han pasado más de cinco años, pero el juicio comenzará. La justicia ha sido lenta, pero aún así, nada comparable al ritmo del Ayuntamiento.

En este tiempo, el Ayuntamiento no ha sabido o querido solucionar los problemas derivados de esta causa. El servicio de limpieza sigue siendo malo y se lo acabaron adjudicando de nuevo a la misma empresa, Urbaser, que pertenecía al Grupo ACS y que ya la vendió. Se ha quitado del medio antes Florentino Pérez esa empresa que el Ayuntamiento de Arrecife.

Y el otro: el pabellón de Argana. Trece millones tirados a la basura. Cerrado desde hace diez años. El Ayuntamiento tardó cinco años en adjudicar la concesión de la piscina y el pabellón, que conllevaba la obligación de su arreglo. Y lleva otros cinco años permitiendo que la empresa Clece, también del Grupo ACS, incumpla su contrato.

No han empezado las obras, y a estas alturas, no las van a empezar. Las obras tienen un coste de un millón y otros 700.000 a gastar en veinte años de mantenimiento. Parece que el Ayuntamiento es incapaz de gestionar esto de forma directa. Es tal la inoperancia que logran que haya un margen de duda si a uno le dieran a elegir entre la corrupción o la ineptitud.