Cuando la política no quiere asumir sus propias responsabilidades, se escuda en la Justicia. Eso es lo que hace el grupo de gobierno del Cabildo para no abrir una comisión de investigación sobre el caso Enredadera. Argumenta que ya lo está investigando el Juzgado. Con ese argumento no se abriría nunca una comisión de investigación... Aunque realmente eso es lo que pasa.

Que CC no quiera abrir una comisión era esperable. Sergio Machín es de los suyos (aunque ha sido casi de todos). Creen que cubren el expediente entregando la información sobre los contratos y eso es lo mínimo exigible, no lo máximo. Da lo mismo: hemos llegado a un nivel tan bajo de exigencia que detienen al portavoz del partido que gobierna en el Cabildo, vuelve de Sevilla de declarar, dice que no ha hecho nada, el Cabildo argumenta que los contratos son legales, aparecen unos correos que dicen que le pagaron un regalo de 18.000 euros, reforzado en su veracidad por el hecho de que el responsable de la empresa ha admitido que los sobornos eran una práctica habitual de su empresa en toda España, y aquí no pasa nada. Machín sigue en su puesto cobrando un sueldo público superior a los 3.000 euros y, además, el presidente, para quitarle hierro al asunto dice que no tiene responsabilidades de gobierno. Pues peor todavía si cobra por no hacer nada. O a ver si es capaz de definir cuál es el trabajo que hace Machín cada día para cobrar ese sueldo.

Pero el colmo de la desvergüenza es el PSOE. En el Cabildo de Gran Canaria pide una comisión de investigación (y el imputado es un funcionario ya jubilado), pone el grito en el cielo porque el PP no la aprueba, envía varias notas de prensa denunciando el asunto... y resulta que en Lanzarote, donde pueden crearla ellos mismos, no son capaces ni de dar una explicación.

En realidad todo esto da igual porque en el Cabildo ya no hace falta investigar nada, ni tampoco hacen falta Juzgados. ¿Saben por qué? Porque en el Cabildo lo que se hace bien o se hace mal lo decide el presidente, y punto. Como debe ser. Si una trabajadora del PIO hace un informe que pone  muy difícil la legalización de Stratvs y cuestiona el Plan de La Geria, pues San Ginés, aunque lo haya hecho a petición de la juez, pues dice que está mal y que no puede ser la más lista de la clase. Y como no es la primera vez, pues no le dan trabajo. Sin embargo, si el gerente del Consejo insular de aguas es llamado a declarar como imputado por su actuación en la bodega, pues San Ginés dice que está mal y que le van a desimputar fulminantemente.

Así son las cosas: la primera es licenciada en Derecho y funcionaria del grupo A y apenas le dan trabajo para que no cause problemas. El segundo es Bachiller, funcionario del grupo C y ejerce en el Cabildo como gerente del Consejo insultar de aguas, secretario de los Centros Turísticos y secretario del Consorcio de emergencias. Casi nada.

Por cierto... Feliz Navidad.