Ahora que está tan de actualidad, convendría recordar que la primera vez que se oyó hablar públicamente de incompatibilidad en el asesoramiento del letrado Ignacio Calatayud al Cabildo de Lanzarote fue en el año 2006. La entonces presidenta Inés Rojas lo nombró asesor en septiembre de 2005. Por aquel entonces, Calatayud seguía compartiendo despacho con su suegro, Felipe Fernández Camero, que defendía a la mayor parte de los hoteleros con licencia recurrida (después anulada) por el Cabildo. Efectivamente: por el mismo Cabido al que asesoraba su yerno y compañero de despacho.

El PSOE era socio de CC y pidió la destitución de Calatayud por incompatibilidad. Rojas lo cesó pero comenzó a firmar contratos por "Servicios de consultoría y asistencia", sin especificar más, de entre 10.000 y 30.000 euros. El que correspondía a esta última cantidad era para sólo cuatro meses.

En 2007, antes de las elecciones, y con los pleitos por los hoteles ilegales y la denuncia del caso Yate de plena actualidad, se supo que un informe encargado por Rojas a un abogado de Fuerteventura para poder conceder la licencia de apertura al Hotel Rubicón Palace (a quien Manuel Fajardo, como presidente accidental, se la había negado) se había filtrado a la parte contraria. Lo curioso del caso es que el informe, que avalaba que se le pudiera dar el permiso en contra del criterio anterior del Cabildo, no se había llegado a registrar en el Cabido, y aun así el despacho de Fernández Camero conocía el número de referencia, las páginas que tenía y quién lo firmaba.   

Tres años después, en noviembre de 2010, el PSOE, que volvía  a estar en la oposición, solicitaba de nuevo a la presidencia del Cabildo (en este caso a San Ginés) que apartara a Calatayud por su relación familiar con Fernández Camero y su defensa de los hoteles, y aseguraba que Calatayud había cobrado del Cabildo 300.000 euros en un sólo año. Esto ocurría después de que el presidente hubiera encargado otro informe a otro experto, Luciano Parejo, para intentar legalizar los hoteles. Fue el primer gran fracaso de San Ginés, que no lo quiere recordar.

El año pasado, el PIL pedía que el Cabido aclarase cuánto había cobrado Ignacio Calatayud desde 2011, y la respuesta alcanzaba los 300.000 euros, pero el PIL dijo que debía ser más porque era el presidente quien certificaba los contratos y no los técnicos de cada departamento.

Este año seguimos igual. Podemos ha vuelto a pedir los pagos a Calatayud y el Cabido no se los da. Calatayud, sobra aclararlo, sigue asesorando al Cabildo y a todo el que pase por allí (y tenga dinero). El Cabildo sigue encargando informes externos a él o a cualquiera, cuando quiere defender intereses privados desde la Casa amarilla (véase Montaña Roja).

La sensación es de déjà  vu continuo en su versión tomadura de pelo que no acaba. Ahora acabamos de saber que a Calatayud sólo le falta cobrar de Aguas Chafariz, porque ya ha cobrado del Consejo, del Consorcio, de Inalsa y ahora también 100.000 euros de Canal Gestión, y que además era uno de los encargados de vigilar que la empresa madrileña cumplía con las inversiones prometidas.

Mucho me temo que para acabar con todo esto, la única forma sea encargar un informe externo que fije una hoja de ruta que recomiende cómo no encargar más informes externos a Calatayud. Y por supuesto encargárselo a él mismo a razón de varios miles de euros, porque seguro que se le ocurre alguna razón peregrina, dentro de la legalidad, para cerrar este capítulo.