Supongo que recuerdan aquella denuncia pública del alcalde de Haría, en el año 2009,  de que se estaba gestando una moción de censura en el Cabildo, impulsada por un lobby empresarial encabezado por Juan Francisco Rosa. Y que dimitió el actual alcalde de Arrecife, que era a quien le tocaba ser presidente, y quien aceptó la presidencia fue Pedro San Ginés. Después, para despejar las dudas y que no quedara sombra sobre su independencia, San Ginés nombró como su asesor de cabecera a su gran amigo y yerno de Fernández Camero, el abogado de Rosa, y como consejero de Agricultura al veterinario que había montado la Finca de Uga, que se presenta en TVE como gerente de la finca. Luego, para rematar, ese consejero pasó a ser representante en la Cotmac y la Apmun, los organismos que deciden sobre el territorio.

Hace cinco años, San Ginés estaba preocupadísimo por la solución a los hoteles ilegales y aseguraba que se iba a solventarlo todo dentro de la legalidad y con compensaciones. Cinco años después, y tras  intentar llevar a cabo la chapucera solución del dictamen Parejo, que en paz descanse (el dictamen), no sólo no ha solucionado nada sino que ha dejado la solución en manos de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente (con distintos nombres) que dirige desde hace diez años Domingo Berriel, flamante invitado, como San Ginés, a la boda de la hija de Rosa.

Pero a pesar de no solucionar nada, por el camino han pasado cosas. Resulta que la Oficina del PIO debía informar sobre la compatibilidad del Hotel Princesa Yaiza con ese documento por si podía conseguir la licencia, y dos técnicos informaron negativamente. Poco después, Rosa pidió a San Ginés que apartara a estos técnicos por enemistad manifiesta (con campaña de descrédito incluida), luego se querelló contra los técnicos (la denuncia no llegó a nada) y un poco después Camero pidió al TSJC que fuera San Ginés quien firmara los informes de compatibilidad de los hoteles. Y decía Camero que se observaba un “exceso” en los informes de compatibilidad “últimamente emitidos por la Oficina del PIO”. Quédense con este concepto del exceso.

Todo esto no sirvió pero los técnicos ya no están en la Oficina del PIO. Uno se ha jubilado y el otro es el secretario del Ayuntamiento que preside el que no quería ser presidente del Cabildo. Y la Oficina del PIO ya es otra. Se puso al frente a un Director insular del Territorio, y luego a otro, cuyos méritos y función eran y son los mismos: informar positivamente de lo que le interese al presidente. Paréntesis: cuando el PSOE estaba en la oposición (palabra maldita), acusó a San Ginés de desmantelar la Oficina del PIO nombrando a esa figura de Director insular que ahora mantienen. Fin del paréntesis.

Y años después llegó otro problemón: Stratvs. En este caso, la Fiscalía y el Juzgado no se fían de la imparcialidad del Cabildo por las relaciones laborales entre Rosa y Fabelo. La Fiscalía llegó a decir que Rosa llamó como testigo a Fabelo  para poner en duda la imparcialidad de la funcionaria del Cabildo, Joana Macías. ¿Inaudito? Entonces sí, pero ya no. La historia se repite. La juez pidió un informe a esta misma jurista para que dijera si Stratvs es legalizable. Y hace un informe de 126 folios que dice que no.

Como no es la primera vez que esta jurista dice lo que no interesa a sus jefes, en la Oficina del PIO la tienen trabajando a medio gas, así que ha tenido tiempo de sobra para hacer un informe a fondo. Macías ejercía en este caso como perito nombrada ex profeso por la juez, pero San Ginés se ha tomado el atrevimiento de advertir a su señoría que su técnico se ha excedido (recuerdan el concepto, ¿no?), según le ha comunicado, eso sí, el Director insular del territorio que él mismo enchufó. La juez le viene a responder a San Ginés que el que se excede es él haciendo ese tipo de aclaraciones que nadie le ha pedido.

Esta misma jurista ya tuvo un altercado con el secretario del Cabildo, que la insultaba sin pudor ante otro interlocutor (con rima y todo) y se quejaba de que no entraba por el aro para solucionar los problemas del empresario con una gasolinera. El caso estuvo en los Juzgados y se archivó pero los hechos están ahí. Cuando se archivó, San Ginés emitió una nota de prensa que decía esto: “De forma pública, se ha puesto en entredicho la honradez y honestidad de Francisco Perdomo, ganadas a pulso durante décadas de desempeño ejemplar de su labor al frente de la primera Institución insular, como podrían acreditar los titulares de las diferentes presidencias que han gobernado la misma durante el desempeño de su cargo, así como los distintos grupos políticos". No hizo lo mismo cuando se archivó la denuncia de Rosa contra los técnicos del PIO. Y respecto a este caso, desde el medio propiedad de Rosa ya se califica a esta jurista como “muy próxima al mundo del ecologismo y a instituciones culturales de la Isla”, un eufemismo que, en definitiva, es mentira, como bien saben ellos mismos. Pero qué más da. Todo por la causa.

A todo esto hay que añadir que según el informe de Macías, el Plan de La Geria preveía reservar una parte de Stratvs como espacio público para colocar una especie de oficina por la que se podría pagar un alquiler. Y también hay que añadir que hace unas semanas San Ginés anunció una inversión pública de 700.000 euros para hacer un museo submarino al lado del Marina Rubicón, el puerto deportivo de Juan Francisco Rosa que creció sin licencias de ningún tipo.

¿Se puede sacar algo en claro de todo esto, que pasa en un tiempo en que los ciudadanos exigen transparencia, igualdad de oportunidades y participación, y en un lugar, el Cabildo, donde acaban de detener al portavoz de CC y donde el presidente debe responder ante los ciudadanos? Pues para empezar, que a alguno sí que le responde, y seguramente también le pregunta, y que para las próximas elecciones seguirá contando con el inestimable apoyo de quien hizo todo lo posible hace cinco años para que fuera presidente.