No sé quién le ha dicho a la presidenta del Parlamento de Canarias que, tal y como ha afirmado públicamente, la adopción de una medida de protección del patrimonio por una de las figuras establecidas por la ley española, acabará con el patrimonio que queda en Arrecife.

No sé qué pinta la presidenta del Parlamento sacando sesgo y rejo partidista y torpe, incapaz de sobreponerse a no emitir juicios imprudentes y cuestionables.

Opinar que declarar BIC no supone proteger será cierto, tanto como que catalogar tampoco supone proteger, porque ninguna de las dos figuras garantiza que se intervenga sobre el bien, sólo crea las condiciones. Obsérvese, si no, como un entorno de bien de interés cultural (BIC) como es la plaza de la iglesia  se encuentra impracticable, por su responsabilidad y la de los anteriores alcaldes; obsérvese como el BIC Casa de los Arroyo nunca ha sido intervenido en su parte posterior, responsabilidad de todos los presidentes del Cabildo que se han mostrado incapaces de tomar la iniciativa de sacarlo del estado de ruina.

Lo que parece pretender la presidenta del Parlamento es que se intervenga libremente sobre los inmuebles históricos, dando igual los valores que concurran en lo que sea objeto de protección. Para ello, necesita un catálogo laxo que permita obtener aprovechamientos urbanísticos en forma de plantas de altura, algo que hasta desde el propio Colegio de Arquitectos de Lanzarote se defendió con vehemencia. Un catálogo a medida que no reconozca valores sino intereses. Ya lo manifiesta ella misma: los valores son un obstáculo. Por esas mismas razones es tan desafortunada en sus manifestaciones contra la declaración de BIC, porque en su incoación -por suerte- no hay margen para ponerse creativos como ella pretende.

La presidenta del Parlamento llega a cuestionar la capacidad del Cabildo para incoar y la del gobierno para declarar BIC. Intensa como es, no comparte que los recientes BIC declarados en Arrecife merezcan serlo, y si la dejaran, levantaría seis plantas de altura para hacer efectiva la protección de cada bien patrimonial tal y como ella la entiende.

Le recuerdo a la ex alcaldesa del PP que seguimos sin catálogo municipal o que, de estar, el gobierno municipal del PP lo debe tener secuestrado porque podría no cumplir con que los bienes catalogados cuenten con los suficientes aprovechamientos a los que aspira.

Esta no es la presidenta del Parlamento que conviene a Canarias, ni es la garante del patrimonio. Es la alcaldesa que interesa a los especuladores, y, por lo que parece, alcaldesa a la sombra.