La compañía petrolífera multinacional de origen español Repsol mantiene ante los tribunales que la renuncia a los sondeos en las costas de Canarias compete únicamente a los beneficiarios de la autorización concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEyM) el 11 de agosto de 2014, en la que se dio el visto bueno a que la empresa pudiera pinchar el fondo marino en busca de hidrocarburos en Canarias.

Esta respuesta de Repsol fue a requerimiento de una demanda contra el Ministerio de Industria interpuesta por instituciones canarias que solicitaron la extinción tanto de la resolución que autorizó la realización de los sondeos exploratorios en Canarias como el Real Decreto que otorgó los permisos de investigación de hidrocarburos.

Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la entidad sostiene que la renuncia a los derechos, como los concedidos por resolución de 11 de agosto de 2014, "es un acto personal" que no puede ser ejercido por terceros y que no ha presentado ante la DGPEyM ninguna solicitud de renuncia a la citada autorización al no existir acto administrativo recurrible "ni presunto ni expreso". Por tanto descarta que Industria le pueda retirar los citados permisos a pesar de los incumplimientos a los que ha incurrido.

En concreto, alega que la tramitación del procedimiento administrativo corresponde a la DGPEyM y su resolución también pertenece a esta sin concluye con el sobreseimiento, o al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Industria en caso contrario. En su caso, "no puede existir acto administrativo ninguno del Consejo de Ministros, ni presunto ni expreso" porque la DGPEyM no ha elevado propuesta de resolución alguna al ministro de Industria, a quien asegura que le corresponde en el orden administrativo la competencia para declarar la extinción.

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