La comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio de Luis Manuel Torres, uno de los vecinos de las casas que vendió la Iglesia a la empresa Juan Antonio Rivera-Iveco en la calle Palacio Valdés (Argana Alta), anunciaba poco antes de la una del mediodía que el secretario judicial había informado de que suspendía el desahucio.

La visita de la comisión duró menos de quince minutos, y pasó de anunciar que no se podía hacer nada y que sólo cabía ejecutar la sentencia a anunciar que se había suspendido la ejecución.

Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote, familiares y vecinos de Luis Manuel, de 56 años de edad parado y con una pensión de 426 euros, comenzaron a llegar a la casa pasadas las ocho de la mañana para intentar que el desahucio no se hiciera efectivo. En principio el desahucio estaba previsto para las nueve de la mañana.

En la puerta de la casa de Luis Manuel ya se habían sentado Marcial y Pilar, los vecinos de 90 y 87 años de edad que se enfrentan también al desahucio de su casa el próximo 23 de abril, y junto a ellos un grupo de unas treinta personas que no dejaron de corear canciones hechas para la ocasión y consignas. La más repetida: “¿Y de este desahucio quién tiene la culpa?”.  “¡Iveco!”, contestaban todos, señalando hacia la empresa que se encuentra a cien metros calle arriba y que es la que insta el desahucio.

Durante la mañana se leyó varias veces un comunicado que también se entregó a la comisión aunque no lo leyeron. En él se aseguraba que Torres es una “víctima directa de la burbuja inmobiliaria y del afán de lucro de la Iglesia”. “¿El negocio es más importante que los seres humanos?”, se preguntaban los miembros de la PAH, que afirmaron que iban a llevar a cabo una resistencia pacífica, que consiste en sentarse con los brazos entrelazados delante de la puerta para impedir el paso a la comisión judicial.

Este viernes estaba fijado el desahucio de Luis Manuel, sin trabajo y con problemas cardiacos

A las 12:15 llegaron cuatro efectivos de la Policía Nacional. Se acercaron a Luis Manuel, que tiene un marcapasos, un dato que los agentes conocían, para preguntarle cómo se encontraba y decirle que lo primero, por encima de la toma de posesión de la vivienda, era garantizar la salud de las personas, lo que provocó los aplausos de los concentrados.

Poco después, tras llegar la comisión judicial, que anunció a los presentes que ya se había hecho “todo lo humanamente posible” por evitar el desalojo y porque se había dado un mes de prórroga, y reconocer que “esto es muy desagradable”, le preguntaban a la Policía Nacional si se podía garantizar la seguridad de las personas y la Policía contestó que no.

“¿Y de este desahucio quién tiene la culpa? ¡Iveco!”, coreaban los miembros de la PAH

Los agentes argumentaron, ante la negativa de los miembros de la PAH de dejar paso libre, que la situación le podía provocar a Luis Manuel un gran estrés y dijeron que no procederían al desahucio si no había una ambulancia en el lugar. La comisión comunicó la situación al Juzgado por teléfono y le pasó el móvil a uno de los agentes para que lo comunicara de forma directa. Ante la situación, el Juzgado decidió suspender el desahucio.

Los gritos de alegría fueron instantáneos cuando se comunicó la noticia. Abrazos, aplausos, lágrimas y mucha satisfacción. “¡Sí se puede, sí se puede!”, gritaban y se abrazaban unos a otros. Luis Manuel, muy nervioso, se quitó la gorra, recibió un abrazo de su vecina Pilar, se secó las lágrimas, y después de beber un vaso de agua, sólo acertaba a decir que estaba muy contento.

La Policía Nacional frenó el desalojo porque no había una ambulancia en el desahucio

Hace unos días había vaciado la casa. Se había llevado todo lo que tenía valor y se había mudado provisionalmente a una casa que le ha prestado su hermana. “Ahora limpio todo y lo vuelvo a meter dentro. Yo lo único que quiero es quedarme”, decía emocionado.

Lo más probable es que el Juzgado fije una nueva fecha para el desahucio, a no ser que la empresa Iveco renuncie a esa posibilidad. “Ahora Iveco debe mover ficha. Esto pasa por especular con el terreno”, decía Cristina Cividanes, portavoz de la PAH. El próximo 23 de mayo está previsto el desahucio de Marcial y Pilar, que han vivido en el número 8 de la calle Palacio Valdés los últimos 65 años.