El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha evitado al Ayuntamiento de Arrecife tener que indemnizar por un centro comercial de unos 7.300 metros cuadrados cuya licencia se denegó en la urbanización de La Bufona.

La empresa Supermercados Marcial reclamaba 154.000 euros al Consistorio “por las lesiones causadas” a la compañía y por los “daños morales” como consecuencia de la actuación del Ayuntamiento capitalino.

En su recurso, la empresa alegó que el Ayuntamiento emitió dos informes contradictorios: uno primero en el que entendía que se daba “viabilidad” a construir el centro comercial, y otro posterior en el que se rechazaba la ejecución “por ocupar parte de terreno rústico”.

La solicitud de licencia para el centro comercial se efectuó en julio de 2013 al Gobierno de Canarias. En diciembre, la Consejería de Política Territorial informó de forma desfavorable, entre otras razones, porque “parte del suelo utilizado en su construcción sería terreno expropiado en su momento por la Consejería de Obras Públicas”.

La urbanización se encuentra encajada entre la LZ-2 y el enlace de la Circunvalación de Arrecife, y el Gobierno destacó entonces los problemas en los accesos para los vehículos y que el proyecto incumplía la distancia mínima que fija la Ley de Carreteras.

La empresa defendió que el Ayuntamiento había incurrido en responsabilidad patrimonial por haberle generado “confianza” en que el centro comercial sería viable, lo que dio origen a realizar una serie de gastos, como el proyecto del edificio, de urbanización de la zona o de mejora de los accesos, que luego resultaron “inútiles”.

Supermercados Marcial reclamó una indemnización por las “lesiones causadas” y por “daños morales”

En su sentencia, la jueza Esperanza Ramírez subraya que el primer informe emitido por el Ayuntamiento se limita a hacer un análisis de la situación urbanística de la parcela, mientras que el otro, que declara que el centro comercial “no es compatible” porque “ocupa suelo destinado a espacios libres y al sistema general de infraestructuras viarias”, valoró el “proyecto en concreto del establecimiento”.

En el proceso de revisión del Plan General, que lleva meses de retraso, la empresa planteó un convenio urbanístico al Ayuntamiento para sacar adelante el centro comercial, si bien desde Gesplan, el equipo redactor, se indicó tras meses de negociaciones con promotores que no se incorporarían finalmente convenios en la fase de aprobación inicial.

Por su parte, el denunciante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, ha presentado en el Parlamento documentación sobre la urbanización y denuncia que la promotora, Brisa Inversiones, habría “transmitido” terrenos “propiedad de la comunidad autónoma".