En la vista de la primera jornada del caso de La Bufona han intervenido tres agentes del Seprona de la Guardia Civil. En 1999 la familia Murillo denunció que les estaban usurpando los terrenos y los agentes se desplazaron para medir in situ.

Primero solicitaron la documentación al Ayuntamiento de Arrecife, "pero nunca contestó", así que las mediciones las hicieron sobre la documentación que envió el Gobierno de Canarias. Uno de los agentes señaló que el Gobierno dijo que desde la última casa, sólo había 26 metros de suelo urbano, y al medir comprueban que las casas ocupan una línea de fondo de 14 metros de suelo rústico.

"Era evidente que se habían extralimitado", señaló otro agente de la Guardia Civil, que aseguró que inspeccionó cuando las obras aún no habían terminado, y que los muros ya estaban hechos.

El denunciante del caso, que ejerce la acusación particular, Gonzalo Murillo, explicó que su familia compró terrenos en la zona en tres épocas: los años setenta, 1987 y en 1997. En 1999 les llaman unos vecinos de El Cable para decirles que les están ocupando el suelo.

"Me amenazaron con un tiro en la nuca si seguía denunciando en La Bufona", dijo. En una reunión con los propietarios solicitó que le pagaran el precio del suelo o se lo devolvieran. También explicó que Brisa compró tres parcelas que sumaban 46.800 metros y cuando las agrupa en una finca, suma más de 50.000, que además estaban afectados por una expropiación de carreteras. Señaló que se cambian los linderos y se hace una alteración catastral que después se anula.

El juicio comenzó con los abogados defensores solicitando la suspensión del juicio por indefensión porque, según ellos, en las sentencias recientes que confirman la demolición de parte de las casas, hay informes que no conocen, aunque África Zabala, abogada de Antonio Caro, pidió después que se incorporara un informe que dijo desconocer el otro abogado defensor, Julio Ortiz. Ese informe está hecho por el técnico de la Oficina del PIO, a quien Murillo ha denunciado por extralimitarse en sus funciones en su elaboración.

Los agentes de la Guardia Civil declaran que "era evidente que se habían extralimitado" construyendo las casas

Zabala dijo que "hay una colisión directa entre esas sentencias y lo que se pide en este juicio porque se puede dar una responsabilidad civil de cumplimiento imposible", ya que en un lugar se puede responsabilizar a los propietarios y en otro a los promotores.

"No entiendo cómo se trae como testigos a los propietarios de las viviendas cuándo la responsabilidad civil no es de los acusados", dijo, y pidió la prescripción de los delitos porque no se les tomó declaración a los acusados hasta casi siete años después de iniciado el procedimiento.

Por su parte, la letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, señaló que "las argucias de la defensa para que este juicio no se celebre ya están agotadas".