José Suay está ligado al Derecho administrativo. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y abandonó ese cargo para ocupar una plaza de catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También formó parte del Consejo Consultivo de Canarias, y hace tres años pasó a ser miembro de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Ha participado en las recientes sentencias sobre el famoso hotel El Algarrobico o el Plan General de Marbella.

- ¿Ha mejorado la disciplina urbanística en Canarias en los últimos años?

- No sé hacer un diagnóstico general. Hay más control sobre el territorio y es más difícil realizar obras clandestinas. Las actuaciones que se realizan, las importantes, están amparadas con títulos, otra cosa es si esa cobertura se ajusta al ordenamiento, pero esa indisciplina más antigua que hacían obras sin título tiende a desaparecer.

- Ahora hay que ser más sofisticado.

- Sí. La cuestión está en que tienes un título, licencia o plan, y esa actuación es legal hasta que deja de existir. Cuando eso llega, lo hace tarde porque ya está construido. No se hace un uso suficientemente eficiente de las medidas cautelares. Además, deberían ir acompañadas de que la resolución del litigio tampoco se alargara. Lo malo es adoptar una medida cautelar y que la sentencia llegue cuatro años después. Deben ir acompañadas de agilizar los procesos. Esto puede resolver muchos problemas que se plantean después en la ejecución de la sentencia y que afectan a terceros.

- ¿Y para que los tribunales sean más ágiles sólo hace falta más personal?

- Y tener una actitud más activa en las medidas cautelares, y la agilización del propio proceso. Ahora en Gran Canaria, en la urbanización de un barranco se ha adoptado una medida cautelar. Si eso va acompañado de un pleito rápido, la situación es más sostenible.

“No sé si hay muchas situaciones equivalentes a la de Lanzarote en España. La impresión que tengo es que no, con el grado de cantidad y calidad que hay aquí”

- Hay otro problema: las sentencias no se ejecutan. Por ejemplo, la Biblioteca del Estado en Las Palmas se pretende salvar declarándola de interés público.

- En la Biblioteca puse un voto particular y me opuse al criterio de la mayoría, que era favorable al derribo. Comparto que hay muchas situaciones en que los problemas de ejecución no tienen justificación, pero la Biblioteca es de titularidad pública y está destinada a uso público al servicio de la educación y la cultura. En Francia no se puede destruir una obra pública. Esto no significa que valga todo y no puede haber impunidad. La ley, en parte, habilita que cabe buscar fórmulas alternativas para ejecutar la sentencia. El efecto gravoso de la sentencia debe hacerse sentir.

- La ausencia de derribos es una invitación al incumplimiento. En Lanzarote se ganó el pleito sobre el Hotel Fariones y no se ejecutó la sentencia. El efecto es que lo que pasó después en Playa Blanca...

- Era otra época, donde la jurisprudencia en ejecución era más tolerante. Ahí no había bienes de dominio público, ni es un edificio residencial donde puede haber terceros adquirentes. En una época más reciente quizá se hubiera demolido. En todo caso no resulta de recibo la impunidad. Si no se derriba, deben adoptarse medidas alternativas: en especie, económicas, compensando con zonas verdes...

- ¿Tienen mecanismos los tribunales para adoptar esas medidas?

- Sí, en el marco de la ejecución tienen mecanismos. Los afectados en un pleito pueden pactar una solución pero eso no es nada si no lo validan los tribunales, aunque lo legitime un plan o la ley. Si en el pleito de ejecución no se dan por buenas, no valen esas medidas alternativas.

“No se hace un uso suficientemente eficiente de las medidas cautelares. Lo malo es adoptar una medida cautelar y que la sentencia llegue cuatro años después”

- ¿Quién debe pedir que se ejecuten esas medidas compensatorias?

- El juez puede impulsarlas o pedir que se pongan de acuerdo las dos partes, pero con la mentalidad de los jueces, eso no se suele hacer de oficio. Es más común que las partes intenten algún punto de aproximación y la lleven al juez.

- ¿Hay muchos casos como el de Lanzarote, con tantas licencias urbanísticas anuladas?

- Yo lo conozco porque soy canario de adopción. Si no, igual tendría un conocimiento muy remoto. No sé si hay muchas situaciones equivalentes en España. La impresión que tengo es que no, con el grado de cantidad y calidad que hay aquí. Un ejemplo parecido ha podido ser Marbella, pero no es exactamente lo mismo. Yo he participado en la sentencia sobre el Plan General de Marbella y en parte es afín y en parte no. La parte afín es que hay algunos casos de licencias ilegales, pero en otros casos, en Marbella no hay declaración de ilegalidad.

- En Playa Blanca las sentencias son firmes desde hace años y los tribunales no se han movido para ejecutarlas. Se ha esperado a que el Gobierno aprobara nuevas leyes y se aprobara el Plan General. ¿Esto no es legislar para legalizar lo ilegal?

- No lo sé. Los planes también cambian y esta no es una modificación puntual, es un Plan General entero. En Marbella, por ejemplo, el mismo Plan confesaba que su finalidad, su filosofía, era regularizar lo irregular y no creo que el de Yaiza diga eso.

“Las sentencias deben ir acompañadas de agilizar los procesos. Esto puede resolver muchos problemas que se plantean después en la ejecución de la sentencia y que afectan a terceros”

- No, pero la mayoría de los planes se acaban haciendo para regularizar lo que ya está hecho, más que para planificar.

- En la práctica no lo sé, pero los criterios legales son claros. Es nulo un acto aprobado para eludir el cumplimiento de una sentencia. Para asegurar que la cláusula se cumpla, la jurisprudencia incorpora un criterio: la Administración tiene que, en positivo, demostrar que el Plan cumple objetivos de interés general de la población. Por ejemplo, la comisaría de Las Palmas se hizo ilegalmente, y luego se aprobó un Plan que contemplaba la licencia. Si el Ayuntamiento hubiera demostrado que la mejor localización para la seguridad municipal era esa, la habría salvado.

- Canarias acaba de iniciar los trámites para aprobar una nueva Ley del suelo y habla de simplificar...

- Siempre es preciso buscar soluciones de encuentro y puntos de equilibrio. Cuando se habla de simplificar y despejar la madeja del urbanismo y la proliferación de leyes… Hay procedimientos que no funcionan correctamente, pero si la simplicidad significa reducir controles, eso ya es otra cosa. No sé si cuando se habla de simplificar es que se quieren suavizar los controles, porque los controles son esenciales. No se pueden eliminar. Todo eso ha costado muchos años. Me preocupa el debate conceptual, lo que encierra la palabra simplificación porque no sé qué quieren decir.

- Pero los controles han fallado en muchas ocasiones...

- Si fallan ahora y además desaparecen… La potestad de planeamiento es la potestad discrecional más amplia que existe en la Administración. Puede crear daños que cuesta mucho reparar. Estamos viendo ahora en 2016 en el Tribunal Supremo deslindes de hace mucho tiempo. En la medida en que es una potestad con ese impacto, de ahí hemos venido a edificar controles, ciudadanos, territoriales, ambientales, de las administraciones…. La intensidad de esa potestad requiere del mantenimiento de esos controles.

- ¿Sería eficaz endurecer el Código penal en los delitos urbanísticos?

- Es un debate interminable, el de la prevalencia como instrumento represor del complemento penal.

- ¿Sería más disuasorio un derribo que gente entrando en la cárcel?

- Sí.