Aunque no hay verdades absolutas, parece que la intervención en el patrimonio cultural de la comunidad implica un ejercicio de multidisciplinariedad que toca muchos campos. Del mismo modo, el proceso de inventario, estudio y establecimiento de valores de los bienes susceptibles de formar parte de un catálogo de bienes protegidos corresponde a especialistas en el asunto.

También es obligación de la administración pública el ejercicio de sus competencias, con independencia, con rigor y profesionalidad, sin cesiones a terceros, y, mucho menos,  compartiéndolas con quienes representen otros intereses distintos a los propios de la administración pública y del patrimonio cultural.

El ejercicio de las competencias de cada administración con el patrimonio viene regulado en la actual Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, vigente desde 2019.

Aclarado lo anterior, leo en la página web del Cabildo de Lanzarote las siguientes entradas de la presidenta de la corporación, Doña M.ª Dolores Corujo, sobre la presentación del proyecto realizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, COALZ, y el Cabildo Insular, que han denominado como +P cuyos fines tendrían por objeto “revitalizar y recuperar el patrimonio arquitectónico insular:

- (...) este proyecto “será el punto de partida para cambiar el modelo de los cuidados que se dan a nuestro patrimonio y para arrancar una nueva recuperación de nuestra historia”

- (...) una visión estratégica compartida para “dejar de ver el patrimonio como la huella del pasado y empezar a verlo como una oportunidad para el futuro”.

No cabe duda de que ambas frases deben ser objeto de análisis por la importante carga de significado que llevan y, sobre todo, por quien las pronuncia y a quien representa cuando lo hace.

Lo primero que corresponde es situar a la presidenta en el cargo que ostenta que no es una asociación de vecinos ni de empresarios de la construcción ni tan siquiera representa los intereses de un colegio profesional como el de arquitectos, COALZ, entidad de derecho público que defiende intereses privados, esto es, los de sus arquitectos asociados. La presidenta representa el interés general.

La ley canaria tiene entre sus fines el de  establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias con el fin de garantizar su identificación, protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras, de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural.

Es como si los bienes inmuebles históricos  molestaran al desarrollo urbano y no hubiera otra que intervenirlos para asemejarlos a la nueva arquitectura porque nos avergüenzan

De lo expresado, se interpreta que los aprovechamientos urbanísticos para todos los inmuebles catalogados y por catalogar, que es lo que parece pretender el Cabildo y el COALZ, no son un fin de la Ley. Hablamos del “patrimonio cultural de Canarias -que está constituido por los bienes muebles, inmuebles, las manifestaciones inmateriales de la cultura popular y tradicional, con valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza cultura-”. En ningún momento, ni la presidenta ni el decano del COALZ se han detenido en señalar que no es la mera voluntad de esta extraña relación la que debe imperar, como pretenden, sino la sujeción al marco de la ley. Ni una apelación o mención al documento legislativo han hecho en el marco de presentación del proyecto. Promuévase, si no es de su gusto, el cambio de la Ley, para que deje de tener como objeto la preservación de nuestro patrimonio y de nuestras señas de identidad, y encárguese su redacción a la asociación de empresarios de la construcción y al COALZ.

Hay que indicar, sobre la primera de las afirmaciones de la presidenta del Cabildo, que no se puede cambiar el modelo de los cuidados que se dan a nuestro patrimonio sin hacerlo fuera del marco legislativo, porque es este la que establece los niveles de protección, siendo uno de ellos los catálogos. Recoge, igualmente, los grados de protección que se asignan a cada uno de los bienes catalogados. Es este grado de protección el que se considera para delimitar el alcance de las intervenciones sobre un bien. Por lo expresado, no es la decisión de la institución y del colegio profesional la que debe establecer el nivel, mayor o menor, de intervención por el que pelean para todos los inmuebles catalogados, sino el nivel de protección establecido en la correspondiente ficha. A su vez, este nivel de protección queda condicionado por los valores existentes. Por tanto, la llave para las pretensiones del Cabildo y del COALZ está en que para lograr un nivel de intervención como el que plantean, deben controlar y fiscalizar el diseño del catálogo con el objeto  de que  se  establezcan en las fichas el menor nivel de protección para garantizar el mayor intervencionismo. Se trataría de hacer para Arrecife un catálogo de mínimos, sin considerar valores, y, en una segunda fase, instar a los ayuntamientos a la revisión de  los catálogos aprobados en los distintos municipios para rebajar los niveles de protección, igualmente no considerando los valores. En apariencia, estaríamos ante un fraude de Ley, y esto le debe sonar al Cabildo.

Sobre la segunda afirmación relativa a dejar de ver el patrimonio como la huella del pasado y empezar a verlo como una oportunidad para el futuro, resulta un sinsentido, pues en el propio espíritu de una ley de patrimonio está para dar testimonio de la existencia de un pasado conformado por huellas materiales e inmateriales. Resulta una afirmación tendenciosa y desafortunada y se pliega a otros intereses que nada tienen que ver con el marco de una  ley de patrimonio. No es ese el papel del Cabildo y no parece estar a la altura la presidenta.

No es la decisión del Cabildo y del colegio profesional la que debe establecer el nivel, mayor o menor, de intervención por el que pelean para todos los inmuebles catalogados

Las siguientes cuestiones de la web del cabildo es la constatación de que hay acuerdo cerrado y que van a por todas, pues la propia consejera de Patrimonio, Doña Ariagona González confía  a este nuevo enfoque la integración de la arquitectura patrimonial y el urbanismo. Como si el patrimonio arquitectónico de Arrecife estuviera fuera de la trama urbana; como si los edificios históricos no estuvieran protagonizando el escenario urbano, como si, en definitiva, los bienes inmuebles históricos  molestaran al desarrollo urbano y no hubiera otra que intervenirlos para asemejarlos a la nueva arquitectura porque en su propia esencia nos avergüencen. Ya lo afirmó el decano del COALZ cuando, a modo de ejemplo,  se preguntaba la causa de que un inmueble histórico en Yaiza fuera reconocido como tal y no si al mismo inmueble lo situáramos en Arrecife. La respuesta no la ha querido manifestar, y es  porque la  expectativa edificatoria de Arrecife no es la de Yaiza y ese municipio no tiene las presiones que supone no poder levantar seis plantas de altura porque un edificio protegido ocupe ese suelo. En Yaiza, lo más, la altura suficiente para encajar una bodega.

En la presidenta y la consejera, en tanto representantes públicas, concurre una doble condición, como cargos insulares y supra insulares, que es tanto como decir que deben tener un alto conocimiento de las leyes. No tienen excusa para estar en semejante trama dado que no pueden apelar al desconocimiento. Además, ponen los instrumentos públicos al servicio de intereses privados.

El papel del Cabildo, haciendo suya la causa del COALZ, se pone en evidencia cuando la presidenta  declara públicamente que “la obsesión por proteger ha desprotegido”, una afirmación impropia de quien representa a la institución que ejerce las competencias en patrimonio cultural en el ámbito insular. La misma administración que debe instar las medidas de protección del patrimonio y que no menciona el abandono de la gestión que le corresponde a los ayuntamientos ni su propia gestión actual sobre el asunto que está muy por debajo de lo aceptable.

La presentación del proyecto tiene su estrategia, pues escenifican una declaración de principios que se encuentran en cualquier manual básico de urbanismo y con el que pretenden hacerlo parecer comprometido y atractivo. La sustancia del proyecto está en el punto que hace referencia a la “flexibilidad de intervención”. Ahí parece radicar el interés del COALZ, también en el de otras instancias, por ello son convocados los alcaldes y determinadas fuerzas vivas que aplauden sin recato tamaña ocurrencia. En el fondo ninguno cree en el valor del patrimonio, más allá de en su valor como postal y, mucho menos, creen en su utilidad. Para alguno es el marco donde prestigiarse siendo creativo, para otros,  una carga que hacer rentable.

Claro que intervenir es [para] proteger, pero esa afirmación se está defendiendo en el contexto del apartado del proyecto que reclama “flexibilidad en la intervención”

El COALZ, no sé si en este proyecto representa el interés de todos los colegiados. Sea o no así, no hace más que pelear por sus intereses. No considero que lo haga de manera correcta, límpia, ni ética. La responsabilidad, en todo caso, es del cabildo y de su presidenta. Todo un gol por la escuadra porque, en su simpleza, es igual de pueblo que los que consideran que es una carga. La calidad de su representación queda evidencia.

Da para un intenso debate la afirmación del decano del COALZ, esa referida a que “intervenir es proteger”. Claro que intervenir es [para] proteger, pero esa afirmación se está defendiendo en el contexto del apartado del proyecto que reclama “flexibilidad en la intervención”. Hay que hacer notar que el colegio de arquitectos no es sólo una entidad que abogue por  un cambio de paradigma conveniente a sus interés e intenta obtener un respaldo a sus posiciones, sino que cuenta con representación efectiva en la Comisión Insular de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Significaría que, de prevalecer determinada intencionalidad no ajustada a derecho, y, yendo como va de la mano de la propia Unidad de Patrimonio, se va a poner en un brete a dicha Comisión y al propio Cabildo. Lo dicho, es la ley por medio de los instrumentos de protección la que establece el nivel de intervención. Si he afirmado sin ambages la calidad de la representación de la presidenta del Cabildo, no me atrevo a calificar la del decano del COALZ. Eso lo decidirán los colegiados.

Ningún otro patrimonio, como es el arquitectónico, está sometido a tantas tensiones y a tanto nivel de especulación, ni el suelo arqueológico ni el paleontológico mantienen expectativas urbanísticas como el suelo que ocupa un inmueble en un entorno urbano. Ninguno de los patrimonios resulta tan tentador para que sea objeto de manipulaciones, intereses, tergiversaciones, ni añadidos, pues el arquitectónico les resulta muy atractivo, no como reto de rescate de memoria, sino como soporte para las ínfulas creativas de los arquitectos.

No cabe duda de que ambas entidades tienen una estrategia muy calculada y el primer efecto lo van consiguiendo. Se trata de generar un estado de opinión favorable a sus tesis de ir de por libre y condenar de paso a quienes consideren las tesis más conservacionistas en la dirección del respeto a los valores y al marco de la ley. La mayor parte de la prensa, igual de pueblo, también aplaude, lo que me suscita la pregunta sobre dónde se reflexiona aquí, en qué asuntos está todo el mundo, y que prensa tenemos. Sobre en qué manos estamos, me voy haciendo una idea. Es julio, y esto es Lanzarote.