Con la incoación del expediente como bien de interés cultural para el denominado Hotel Oriental en la calle León y Castillo de Arrecife, lo que se ha hecho es empezar el recorrido para su declaración, pues el proceso de incoación corresponde a los cabildos aunque su declaración final la hace el Gobierno de Canarias tras un máximo de veinticuatro meses tras la incoación. Vista la actitud del presidente del gobierno, Ángel Victor Torres, con Lanzarote, nada me sorprendería menos que se rechazase finalmente tal declaración, pues desde hace años existe un criterio de limitar las declaraciones como BIC, con el objeto de reservar esta medida de protección para bienes realmente sobresalientes. Ello tendría que motivar que el Cabildo fuera pensando en un plan B por si esta declaración finalmente no prosperara.

Para que nada que tenga valores quede sin proteger, se cuenta, además, con los dos instrumentos que la Ley de Patrimonio Cultural pone a disposición, que son los catálogos municipales y el insular. La responsabilidad, por tanto, de que no se haya utilizado un instrumento adecuado, atendiendo a aquel criterio de limitar las declaraciones de BIC es, hasta 2019, del Ayuntamiento de Arrecife, y, por extensión, de la empresa pública GESPLAN, que es a quien se le encomendó su redacción y del que fuentes municipales afirman que el Gobierno no ha remitido. Desde 2019, año de la aprobación de la nueva ley de patrimonio, es corresponsable, también, el Cabildo de Lanzarote, pues le toca mover su catálogo insular, tarea que no ha hecho a pesar de que dispone de un procedimiento extraordinariamente sencillo que consiste en elevar la propuesta al pleno e incorporar el bien al catálogo arquitectónico insular existente vinculado al PIOT, única isla que tiene dos instrumentos de esa naturaleza, el Catálogo de Protección Arquitectónico y Monumental y el de Ámbitos y Espacios Libres Urbanizados. El tercero sería el Arqueológico.

Con las declaraciones de Jacobo Medina, ahora asesor municipal de la alcaldesa Ástrid Pérez, pareciera que el Cabildo actúa contra la ley, queriendo olvidar que la incoación es un instrumento que esta le otorga, y desde que tal medida es efectiva queda suspendida cualquier autorización de obras o de demolición que pudiera haberse autorizado por el Ayuntamiento, por lo que el concepto de “prevaricación” utilizado por Medina, parece más un exceso verbal. Es cierto que no estaríamos empantanados con el patrimonio, acudiendo a medidas de emergencia que pudieran no ser las adecuadas, si el Ayuntamiento de Arrecife ya dispusiera del catálogo municipal y estuviera aprobado, o si el Cabildo hubiera acometido la incorporación de bienes a su catálogo insular. No había necesidad de dejar transcurrir tres años, porque los valores del hotel Oriental ya estaban ahí, para al final acudir a un procedimiento extraordinario habiendo dispuesto de otro que resuelve el propio Cabildo sin la intermediación del gobierno. Pudiendo no ser incorrecto esperar a que se otorgara la licencia municipal para empezar el procedimiento del BIC no deja de tener una mala lectura, y sobre todo, si es un BIC ahora ¿no contaba con esas mismas condiciones hace tres años?

Sí es verdad que tras la incoación como BIC del Hotel Oriental, nos queda por saber qué pasa con los BIC que se han dejado caducar en Lanzarote, tanto de la obra espacial de César Manrique, como los expedientes que también se dejaron caducar de delimitación del entorno de protección de Teguise o del Castillo de San José. Y los restantes que no mencionamos. Tampoco sabemos qué hará el Cabildo con los inmuebles que, principalmente en Arrecife, se encuentran sin protección y cuentan con similares valores que el Hotel Oriental, ¿los van a incoar todos porque se resiste a incorporarlos a su catálogo?

Sobre el Decreto de incoación del edificio en León y Castillo pecibo desajustes, alguno relativo a las condiciones que se establecen para el entorno de protección, y otras sobre el bien protegido donde se señala que puede ser objeto de la adición de plantas de altura, cosa que puede hacerse porque así se recoge en la norma, pero que reduce sus valores pues se le otorga el mismo tratamiento que a un bien catalogado.

Corrijo a Medina con su afirmación sobre el supuesto exceso que el Cabildo comete con la delimitación del entorno, pues este es preceptivo y necesario y tiene una justificación amparada en que no se produzcan intervenciones próximas a lo que es objeto de protección, que pudieran perjudicar sus valores o visualmente, y, por cierto, como Medina menciona El Mercadillo como ejemplo de BIC con una excesiva superficie como área de influencia, le diría que hace años que dejó de estar declarado, pues se tumbó en los tribunales por cuestiones ajenas al propio Cabildo. A Medina (al PP) deberían hacerle entender que la delimitación de un entorno amplio no supone la prohibición de construir, sino que lo que se haga cumpla con determinados preceptos para que el bien protegido no se vea mermado de sus valores y de su disfrute, como podría ser que se autorizara la construcción de inmuebles que, pongamos por caso, fueran más altos que el propio bien protegido.

El Ayuntamiento es cierto que concedió la licencia -ahora suspendidos sus efectos- para que la propiedad vaciara el edificio, discrepando sobre los valores que el Cabildo declara que efectivamente ostenta. Es probable que para la emisión de aquella licencia se accediera al contenido del catálogo que realizó GESPLAN y que debe permitir el vaciado, pues si no fuera así el Ayuntamiento podría haber decretado la demolición del edificio al no estar protegido, y no lo hizo. En este punto se propicia una reflexión sobre la calidad del asesoramiento que recibe sobre estas cuestiones y sobre la competencia de su propio Consejo Municipal de Patrimonio, donde se sienta el Cabildo, que parece un instrumento al servicio del aparato político y al interés de terceros, tal y como denuncia Lanzarote en Pie respecto a las maquinaciones para otorgar a tal Consejo un poder que la propia ley de Patrimonio no reconoce, pues no quiere injerencias del Cabildo. La obligada cooperación entre administraciones queda en un espejismo y el interés general, hipotecado por una pelea callejera. La ciudadanía desamparada, desatendida y en esas manos. Ese es el nivel.

Realmente se extremaron todos en sus actuaciones y dejaron pasar un tiempo precioso. Si bien el PP parece no entender nada y sólo acepta el concepto de patrimonio si este va ligado a los aprovechamientos urbanísticos, así como para no molestar al empresariado a cuyos intereses representa, no digo ya el PSOE. Desde luego, aquel no representa el interés general, ni mucho menos creen que un edifico histórico sirva para nada si no se le meten plantas de altura. En este punto, aunque me cauce cierto rubor, es cierto que el criterio del Cabildo no anda muy alejado. A +Patrimonio me remito, proyecto estrella a medias con el colegio de arquitectos de Lanzarote que tampoco parece entender que el patrimonio tenga sentido si no sufre profundas transformaciones creativas. En resumen, a todos les viene importando bien poco la dimensión cultural o artística del patrimonio y si lo usan, lo hacen políticamente porque es un motivo de desgaste del adversario.

En el mes de mayo próximo se cumplirán tres años desde la entrada en vigor de la ley de Patrimonio Cultural, momento en que todos los ayuntamientos de Canarias deberían tener elaborado sus catálogos municipales. No sé cómo, en ese momento, va a poder explicar Arrecife la ausencia del documento actualizado que ha realizado GESPLAN, y del que se dice que anda paralizado en el Gobierno, pero cuyo contenido parece conocer el Ayuntamiento. De ser así, al Gobierno de Canarias se le abre un melón.

Puestos a recordar las responsabilidades municipales, el Ayuntamiento de Teguise, desde noviembre de 2020, debería de haber tenido aprobado inicialmente el plan especial de su conjunto histórico, y, careciendo de él, ni sabe ni contesta.

Un motivo de esta falta de rigor, con independencia de la cualificación de nuestros técnicos, muchos en manos de las maniobras políticas, es que Ástrid Pérez está a la greña con Dolores Corujo, lo cual es tanto como decir que una alcaldesa y una presidenta del PP están con la guerra declarada a una presidenta de Cabildo y a una secretaria general del PSOE. Parecen cuatro pero son dos, y una de ellas no va a dudar en sacar todo su arsenal. Para ello, el tonto útil, que es un término que define a quien es un instrumento para la causa del PP, parece ser Jacobo Medina.

Ástrid no es un socio fiable en ningún acuerdo y su camino está regado de cadáveres. Eso no significa que del abortado pacto con el PSOE, la ingenua sea Dolores Corujo, pues cuando le convino, accedió a una alianza, aunque eso, de momento, ya es historia. No obstante, conociendo el percal de la clase política, no dudo de que vuelvan a estrechar relaciones convenientes a sus intereses, nunca a las del interés general. Ni una ni la otra parecen inocentes.

A un año del fin del mandato, no me quedan palabras amables para unos, para los otros, ni para los de más allá, ciertamente.