El Banco de España hizo pública, con fecha 20 de noviembre de 2019, una nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de re-estructuración del sistema financiero español (2009-2018). El total de las ayudas reales a la banca ascendió a la cantidad de sesenta y cinco mil setecientos veinticinco millones de euros (65.725 millones de euros).

El coste público del llamado rescate bancario en 2018, ascendió a la cantidad de cuarenta y dos mil quinientos sesenta y un millones de euros (42.561 millones de euros). Esta es la cifra del coste para las arcas públicas del rescate bancario, deducidas las cantidades recuperadas y las que “se estima que se recuperarán”.

Es lo que pagamos todos por los consentidos negocios derivados de la especulación financiera, del mercadeo, de las inversiones suicidas, de las transacciones-extracciones, de los usureros transnacionales, de la burbuja inmobiliaria, de las estafas bancarias, de la corrupción avalada por los tratados internacionales, de la corrupción que acabó a tiro de escopeta en una finca de Córdoba. La fiesta la pagamos todos pero la disfrutaron unos pocos.

Sesenta y cinco mil setecientos veinticinco millones de euros restados a la sanidad, a la educación, a la justicia, a la investigación.

Entre 2008 y 2010, la Unión europea exigió la devolución de más de treinta millones de euros (30,6 millones de euros) de fondos europeos para incentivos económicos regionales invertidos en hoteles ilegales en la isla de Lanzarote. El estado devolvió esa cantidad bajo pena de multa y exigió la devolución a la Comunidad Autónoma de Canarias. Nunca se supo si ese dinero que nos quitaron a todos se le reclamó a cada uno de los empresarios que usó ese dinero público de forma ilegal para su negocio privado.

La resaca del fraude de unos pocos la pagamos todos. El uso fraudulento de fondos europeos para construcciones ilegales había sido discutido en multitud de ocasiones en el seno del parlamento canario sin que, hasta que se exigió la devolución del dinero por Europa, nadie hiciera otra cosa que aparentar.

Desde 1994 (Ley 19/1994) el Gobierno de Canarias permite que los empresarios de las islas se queden con hasta un 90% de los impuestos que deben pagar a hacienda, a todos, para reinvertir en sus empresas. Inicialmente el objeto de la RIC era crear empleo, reinvertir en las industrias de Canarias, generar riqueza, invertir en investigación y desarrollo, en medio ambiente...

La perversión del sistema es tal que en 2019 un grupo de empresarios canarios han puesto en marcha una sociedad de capital-riesgo que busca la forma de materializar ese dinero “evadido de forma legal al erario público”. Entre los proyectos en que se va a invertir ese dinero restado a la hacienda pública está la renovación de un hotel en Puerto Rico (Mogán), donde todo el mundo sabe que hay escasez de camas.

Canarias tiene el impuesto de sociedades más bajo de Europa y los incentivos fiscales benefician a las grandes multinacionales. Las cifras delatan que el ahorro empresarial (Zona Especial Canaria) es suficiente para cubrir los costes salariales pero ello no impide que esta comunidad, junto con Andalucía, sufra históricamente los niveles de desempleo más altos del país, por no hablar de la precariedad y del mercado negro laboral.

El pasado día 3 de abril festejamos el Día mundial para la abolición de los paraísos fiscales. Imposible celebrar debidamente ese día sin recordar que hasta 41 hoteles y puertos deportivos de Canarias se revelaron vinculados con los paraísos fiscales. Las grandes familias hoteleras españolas sacaron su dinero del país para ingresarlo en cuentas opacas de Suiza o Panamá. Las fortunas personales amasadas, tras años de explotar el territorio y descapitalizar sus empresas, son dirigidas a paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos en el país del que dicen ser ciudadanos.

Estos días se hace público el número de empresas canarias que se acogen el camino trazado por el Gobierno para paliar los efectos del confinamiento por el Covid-19. También se hacen públicas las empresas que han aprovechado el virus para despedir impunemente a sus trabajadores. La conclusión es que el estado asume el coste empresarial de la crisis del Covid-19. Observando las carencias de los servicios públicos, la precariedad laboral, los índices de pobreza, la ruina de las pequeñas y medianas empresas, la desaparición de la clase media, el abuso a los autónomos, y poniendo todo esto en contraste con la campaña de publicidad gubernamental, central, autonómico y local, a la que nos arrastran a diario, siento cada día más que nos encontramos, de nuevo, en pleno rescate empresarial.  

Las medidas económicas del gobierno están destinadas al gran empresario, al defraudador, al financiador, al estafador, al que lleva años birlando sus beneficios empresariales a la hacienda pública con el permiso y aquiescencia de los gobernantes. Me refiero a esas grandes empresas que explotaron el monocultivo del turismo acumulando el dinero de los beneficios que debieron pagar a la hacienda pública, mientras la comunidad Canaria lideraba los índices de paro y precariedad laboral. Esas mismas que tienen línea directa con los partidos políticos, pues son sus financiadores, y les piden subvenciones, ayudas, exenciones fiscales, promociones públicas para que el círculo del dinero se cierre sobre  ellos mismos. Esas empresas cicateras que contratan a media jornada el trabajo de jornada y media, que pagan en negro el tiempo real contratado, que usan compañías intermediarias de empleo para tacañear un 5% del salario a sus trabajadores, que no producen más que Kellys y esclavos.

Empresas que durante años han obtenido ingentes beneficios a costa de explotar los recursos públicos, empresas que han convertido en patrimonio particular el uso de nuestras playas, de nuestras carreteras, de nuestros servicios sanitarios, empresas a las que el gobierno canario les ha permitido quedarse con el dinero de los impuestos para “reinvertir” en lugares como Tarfaya, Letonia o Cabo Verde. Empresas  descapitalizadas, pues han convertido los beneficios empresariales en fortunas personales, empresas que financian partidos políticos del gobierno, empresas que explotaron el monocultivo del turismo hasta que él solo se murió.

¿Dónde está lo ganado en diez años de índices de ocupación rozando el 100%? ¿Dónde está el dinero de los impuestos que no han pagado a la hacienda pública? ¿dónde está la inversión en trabajo, en medio ambiente, en investigación y desarrollo a que les obligaba la Reserva de Inversiones de Canarias?

Curiosamente los empresarios beneficiados directamente por este rescate gubernamental son los que abogan por el liberalismo salvaje y el capitalismo sin control. Esos mismos que claman por el adelgazamiento del estado, la eliminación de las injerencias fiscalizadoras, el empobrecimiento  del estado de bienestar. Esos empresarios que se autodenominan patriotas, luciendo banderas canarias o españolas con orgullo patrio. Los que invierten el dinero birlado al erario público en colegios privados, en hospitales privados, los que ponen y quitan consejeros de sanidad, alcaldes o presidentes.

Esos mismos empresarios que han promocionado la aldea global para  deslocalizar sus empresas de España y ubicarlas en China por ahorrar “costes laborales”, han escondido su dinero en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España y han descapitalizado sus empresas para lucir fortunas y comprar vidas, y ahora presumen de caridad donando material a una sanidad mermada por el coste del rescate bancario. La caridad como política social que tanto gusta al poderoso.

Leo este domingo 12 de abril que el presidente del gobierno de Canarias, socialista listo donde los haya, pide a Sánchez que alargue los ERTEs a las empresas turísticas. Más le valdría invertir en cómo comer ladrillos, que nos será más útil mientras llega el rescate de los seres humanos.

Me va a dar la risa cuando se dignen a dar contenido a la rimbombante declaración de emergencia climática. No asistimos al espectáculo de la ceguera gubernamental, es la consciente y deliberada complicidad del gobernante con el corruptor.