Samuel Clavijo

Arbitrariedad municipal

La decisión municipal de no contestar, o de dilatar la respuesta a una solicitud de un ciudadano o de cualquier entidad, no debe ser casual y podría responder a alguna estrategia previa muy alejada de calificar de incompetente a la administración que actuara de este modo. Estimar que no se responde a una solicitud de licencia municipal para obras, o para la apertura de una actividad, más cuando el extravío de la documentación resulta altamente improbable, tratándose de solicitudes telemáticas, parece algo calculado. Aún considerando la pérdida de determinada solicitud, si el peticionario es el Ministerio del Interior y la petición trata sobre un tema candente, visibilizado en los medios de comunicación y de evidente conocimiento del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, la conclusión más inmediata es que no quieren contestar o que dilatan la respuesta con la mirada puesta en obtener algún rédito político para el partido de quien lidere el gobierno de la ciudad. Debe pasar, dando por hecho de que pasa alguna idea por su cabeza, que presuma que, todos a una, ningún ciudadano de la capital quiera que se monte una instalación en la ciudad para la acogida a los inmigrantes que llegan -los que llegan vivos- a las costas de Lanzarote y que la alcaldesa se erija en la adalid de la causa antiinmigración en busca de la gloria que considera merecer, en la creencia de que el camino de la gloria pueda alcanzar esas cotas de miserabilidad.

Me asaltan algunas dudas sobre el concepto de eficacia que maneja la alcaldesa, y para ello acudo a las noticias de prensa que ponen en evidencia la rapidez en responder las licencias de construcción de nuevos edificios en la ciudad, convocando a la prensa y vendiéndose como un éxito de su gestión lo que no es más que la obligación de las partes: la de solicitar licencia, unos, y la de responderla y ser diligentes, los otros.

Puede, y la solicitud del Ministerio del Interior lo muestra, que hayan venido dilatando la respuesta a las licencias según su conveniencia, pues bien prestos anduvieron con las ya mencionadas, y de la que la alcaldesa pretende un provecho electoralista, y sólo cuando se encontró contra las cuerdas por las quejas de falta de respuesta, ha respondido afirmando que se archiva el procedimiento de solicitud porque no se ha aportado la documentación requerida ni el justificante del pago de tasas. Como si las razones humanitarias no fueran por delante de algunos procedimientos administrativos, como si la alcaldesa no tuviera la potestad de decretar una medida excepcional de autorización, pendiente de los trámites que hubiera que completar.

Al hilo de aquella demora en responder, pienso en que las quejas ciudadanas sobre este asunto han sido recurrentes desde hace décadas, y con todos los partidos que han gobernado, lo que me hace pensar que el origen es la propia oficina técnica y en otros casos, como este, la decisión es política. Deciden a qué licencias y solicitudes responder y cuáles van a parar debajo del montón. Y cuando vuelve a llegar arriba, vuelta a empezar, cosa inaudita teniendo como tienen un responsable jurídico en el departamento que, o no se entera de nada, o hace como que no ve. Sería interesante recabar de la población cuántas solicitudes se han enredado en la oficina técnica y durante cuanto tiempo. De alguna he leído que seis años de demora. En toda esta maraña, queda por saber qué pinta el concejal del área y si controla la limpieza de los procedimientos.

Arbitrariedad, corrupción…, a saber. Todo menos ineficacia pues muestran una gran competencia en su trabajo: son capaces de establecer con precisión qué se responde y qué queda en el cajón. Imaginamos cuándo es una instrucción política, como parece lo referido al centro de inmigrantes, y cuándo es iniciativa enfermiza de algún técnico, y siendo así, cómo es posible que el resto de trabajadores se conviertan en cómplices de tales tropelías.

Si, finalmente, la instalación de acogida no tiene licencia, ya porque el Ministerio del Interior desistiera o porque no la hubiera solicitado, y vista la recta actitud de la alcaldesa con los procedimientos legales, se pinta un escenario de restablecimiento de la legalidad urbanística por medio de la retirada de la instalación por parte de los interesados, o de oficio, por parte del Ayuntamiento y luego le pasaría la factura al Ministerio, y saldría en toda la prensa nacional como la que puso al gobierno en su sitio.

Me pregunto si la ciudadana Ástrid Pérez, ante la supuesta construcción sin licencia en su parcela de La Bufona, tal y como parece haber hecho el Ministerio del Interior en la trasera de la Policía Nacional, va a aplicarse la medida de retirada de lo ejecutado ilegalmente, como medida ejemplarizante de quien es la regidora del municipio. Lo digo por aquello del restablecimiento de la legalidad urbanística. Siempre le queda solicitar la licencia municipal para la legalización de lo ejecutado en su parcela. Y si, por tal motivo, se le ocurrirá ejecutar de oficio la restitución al estado anterior lo de la Bufona, si se pasará a sí misma la factura para abonarla a las arcas municipales y dará una rueda de prensa señalándose como garante de los procedimientos a los que la ley obliga. A todos.

Comentarios

Está constatado por técnicos del Gobierno de Canarias competentes en materia de urbanismo, que Ástrid Pérez es quien ha edificado ilegalmente y sin licencia de obra (clandestinamente) sobre suelo rústico de protección ecológica El Jable. No puede el Ayuntamiento de Arrecife conceder licencia a Ástrid Pérez para construir sobre suelo rústico de protección, porque si lo hiciera incurriría en prevaricación. Ástrid Pérez ha construido sobre una parcela de suelo rústico que NO es de su propiedad, no dispone Ástrid Pérez de título de propiedad de dicho suelo rústico y por supuesto NO lo tiene registrado a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Es realmente lamentable y desesperanzadora la realidad política que refleja este artículo.

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