El catálogo de protección -el que no tenemos- viene siendo un despropósito, precisamente porque no lo tenemos. Doy por seguro que, de haber estado aprobado, sería igualmente un despropósito porque el que conocimos, en el periodo de información pública, era una clara muestra de arbitrariedad en la que no viene al caso entrar, no, al menos, en toda su extensión. Valga señalar que proponía construir plantas de altura sobre bienes cuyo grado de protección como ambiental no lo permitía,  dejándolos sin esas alturas en inmuebles cuyo grado de protección como parcial lo propiciaba. Esas plantas de más sobre el patrimonio arquitectónico se denominan como remontas.

Lo que nos trae hasta aquí es la victoria de la propiedad privada sobre la administración pública y, por qué no decirlo, la pérdida de la ciudadanía de su derecho al disfrute de sus testimonios culturales y de  la conservación de su patrimonio cultural. Todo ello surge debido a un litigio sobre un bien que estando propuesto para catalogación, pero sin un catálogo aprobado, la justicia ha dictaminado que se puede demoler.

Hormiconsa, la empresa propietaria del número 2 de la Plaza de La Constitución, el inmueble más antiguo de Arrecife y uno de los más notables de la isla, solicitó licencia para la construcción de un edificio de nueva planta en esa ubicación, siendo alcaldesa Ástrid Pérez, la cual ostentaba, si no recuerdo mal, las competencias en materia de Urbanismo. Lo que sucede después, secuenciado en determinado periodo de tiempo, es que no se responde a aquella solicitud y la exposición de argumentos del Ayuntamiento para evitar que se demuela, en el momento en que esta interviene,  carecen de peso para la Justicia

Tras el dictamen, favorable a las pretensiones de la propiedad, el Ayuntamiento estima no recurrir y la batalla se da por perdida para el patrimonio. Desearíamos que, sólo,  de momento.

Hay varias cuestiones que se pueden considerar para entender el procedimiento que conduce a la situación actual: las razones por las que el Ayuntamiento no respondió a la solicitud de obras a sabiendas de que la responsable política en aquel momento, Ástrid Pérez, es abogada de profesión; la identidad  del técnico que adopta tal decisión; quién ordena no recurrir y si se estimó hacerlo así para que la propiedad tuviera vía libre  para proceder a la demolición del bien. No cabe duda de que la pregunta más procedente de todas es por la causa de que no se haya aprobado el catálogo, y ahí entran en juego la anterior alcaldesa y el actual edil.

El escenario que se plantea, no obstante, tiene algunos supuestos sobre lo que podría suceder, de los que señalo algunos:

1. La propiedad demolería el inmueble y en el solar resultante, de unos quinientos metros cuadrados, construiría un edificio de cuatro plantas.

2. La propiedad no hace uso del derecho concedido por la Justicia y espera a que el catálogo siga su curso sin más dilaciones, con el objeto de que el inmueble quede efectivamente protegido. Simultáneamente, la empresa propietaria demandaría el cumplimiento de las condiciones  recogidas en el catálogo que ha estado en información pública, en el cual se establecía para la manzana donde se encuentra el que se  dote de una remonta de ocho plantas de altura sobre el bien protegido.

3. De no ser ninguna de las anteriores, el Cabildo, en uso de sus atribuciones, incorpora a toda velocidad el inmueble al catálogo insular, respondiendo al mandato de la Ley de Patrimonio Cultural, y este se quedaría como está, esto es, en estado de abandono. O hace una oferta de compra a la propiedad.

4. El Cabildo se inhibe y sigue sin hacer uso de un instrumento del que dispone, y sin explicar las causas de tal resistencia para ampliar el catálogo insular.

De cumplirse la segunda de las posibilidades, el asunto quedaría a gusto de todos, pues la ciudadanía conservaría un elemento de su memoria histórica; la propiedad obtendría un aprovechamiento impensable, que, pudiendo ser similar si demuele el edificio y lo construye de nueva planta le permitiría ganar una indudable consideración por parte de la sociedad en clave de generosidad con la isla a la que tanto debe. En este supuesto, el Cabildo se quita de en medio con su deficiente gestión en materia de patrimonio cultural que, por cierto se reserva el presidente.

Para saber cómo se concilia el mantenimiento de un edificio  de trescientos años con una construcción sobre él, en este caso no parece complicado,  pues lo haría en el inmenso patio central existente y que no cuenta con valores a conservar pues desaparecieron tras una antigua remodelación. Se obtendría así un edificio de nueva planta en un patio de más de cien metros cuadrados -que podría ampliarse volando la construcción por la superficie de la cubierta del inmueble original- quedando cuatro fachadas retranqueadas respecto a los límites de la parcela, y  orientadas a  todos los puntos cardinales, con viviendas inundadas de luz por sus cuatro lados y se conservaría la construcción antigua. Sería algo similar al edificio que se alza unos metros más allá en la misma calle, colindante con la trasera de la antigua sede de Correos. Si aquel fue posible, ya que estaba  catalogado, no dudo de que la iniciativa política propicie tal solución.

También ganaría el Ayuntamiento porque habrá visto la materialización de su discurso sobre la conciliación de lo nuevo y lo viejo y rentabilizaría su acción de gobierno.

¿Cuál es el problema? A la vista de lo expuesto, ninguno. Yo firmaría sin dudar la opción 2, tanto en mi vertiente como ciudadano como en el supuesto de que fuera cargo público. Y si estuviera en la piel de la propiedad, lo haría con los ojos cerrados, vamos. A ver quién puede presumir de tener viviendas en venta o en alquiler en un edificio del siglo XVIII. De no ser así, la responsabilidad del Cabildo en materia de patrimonio, sigue obligándole a proteger. Todas las cartas están sobre la mesa, y los jugadores identificados.