Me preguntan los editores por qué escogimos el caso de Lanzarote en nuestro estudio sobre la corrupción urbanística en España. Comenzamos a plantear nuestra investigación poco antes de que estallara el caso Malaya de Marbella en la primavera de 2006 cuando ya era evidente el nivel tan preocupante de corrupción que estaba generando en toda España la actividad urbanística. El caso Malaya confirmó nuestros temores y nos empujó a tratar de estudiar las causas de este fenómeno cuya amplia extensión empezaba a ser conocida poco a poco.

Diseñamos, pues, un estudio de casos en profundidad. Nuestros casos tenían que ser similares en algunos aspectos (entornos socio geográficos parecidos) y muy diferentes en otros (con niveles de corrupción muy dispares). Esto nos llevó a seleccionar tres casos en entornos costeros y de amplio desarrollo turístico ya que, junto a las zonas próximas a las grandes ciudades, eran los sitios donde se concentraban los problemas de este tipo de corrupción.

Uno de nuestros casos sería así Marbella, al que consideramos como el ejemplo más palmario de la corrupción urbanística: un partido creado ex profeso para expoliar al máximo el rendimiento económico de las decisiones urbanísticas mediante acuerdos ilegales con los promotores inmobiliarios y que acabaría dando lugar a un tremendo caos urbanístico y a una bancarrota municipal sin precedentes.

El caso opuesto a éste fue el de Menorca. La elección de un caso “sin corrupción” siempre es problemática: no sabes si la ausencia de escándalos se debe a la ausencia de corrupción o al éxito de la opacidad de estos negocios ilegales. Preguntamos a mucha gente y encontramos una rara coincidencia en torno a este caso por lo que nos decidimos finalmente a estudiarlo. Lo que encontramos fue interesante. No había un modelo normativo en el urbanismo que fuera muy diferente al del resto de España (un modelo, por cierto, que incitaba a la especulación y con ello a la corrupción). Tampoco había unas salvaguardias más sólidas que en otros sitios para evitar la corrupción, ni formales ni informales. Pero sí que encontramos dos factores que no estaban en nuestros otros dos casos. Por un lado, había una alta estabilidad política (también en Marbella con cuatro mayorías absolutas consecutivas del GIL) pero sin una mayoría absoluta de un solo partido sino con gobiernos de coalición en los que tenían presencia socios menores con programas que privilegiaban la sostenibilidad ambiental. Y por otro, por diversos motivos que tienen que ver con las conexiones de transporte, la rentabilidad del negocio turístico-inmobiliario ha sido mucho menor allí que en las otras islas de las Baleares, la costa peninsular o las Canarias. Esto hacía que no hubiera en realidad grandes intereses en juego como para que les pudiera resultar “rentable” corromper a los poderes públicos para obtener licencias más allá de las legalmente previstas en los planes de ordenación.

Y llegamos a nuestro tercer y último caso. Precisábamos un caso que no fuera tan palmario como Marbella, ciudad en la que el GIL ni siquiera llegó a aprobar un plan general porque cada vez que se avanzaba en su confección los nuevos acuerdos a los que se iba llegando con los promotores lo rebasaban una y otra vez. Si queríamos ver cómo funcionaba la corrupción en este sector necesitábamos un caso más complejo que el de la Costa del Sol. Lanzarote reunía estas condiciones. Como bien saben los conejeros, Lanzarote fue un territorio pionero en toda España a la hora de tratar de controlar las nefastas consecuencias para el medio ambiente y para el propio crecimiento económico que puede acarrear un desarrollo inmobiliario desorbitado. El PIOL de 1991 fue uno de los primeros hitos en el desarrollo de mecanismos de control del urbanismo insostenible en un momento en que los planes de ordenación supramunicipal brillaban por su clamorosa ausencia en toda España. Se pretendía de esta forma encauzar las competencias urbanísticas municipales dentro de unos parámetros que aseguraran un desarrollo equilibrado y sostenible.

Cómo es posible que una comunidad en la que se dan pasos muy importantes para el desarrollo sostenible haya generado niveles de corrupción tan altos

La visión de conjunto del desarrollo turístico insular que se podía tener desde el Cabildo servía así para limitar los extraordinarios incentivos que los distintos municipios aislados tenían para apostar por estos desarrollos al encontrar en los mismos una importante fuente de financiación y, probablemente en algunos casos, un estímulo para intercambios corruptos. A ese primer hito siguieron algunos más: la declaración de Reserva de la Biosfera en 1993 o la Moratoria en 2000. Esto convierte a Lanzarote en un caso mucho más interesante: cómo es posible que una comunidad en la que se dan pasos muy importantes para el desarrollo sostenible que no se conocen prácticamente en ningún otro sitio del litoral español haya generado los niveles de corrupción tan altos como los que muestran los sucesivos casos Unión, Jable, licencias ilegales, Yate, etc, etc. Y no sólo una corrupción muy extendida, sino con un componente altamente grosero: los corruptos han actuado con una enorme desfachatez que demuestra la sensación de impunidad en la que se movían.

En nuestra investigación sobre el caso argumentamos que esta aparente contradicción (ejemplo de desarrollo sostenible y ejemplo también de corrupción para saltarse los límites de la sostenibilidad) es resultado de, además del modelo urbanístico que comparte con los otros casos, de varios factores clave propios: la enorme rentabilidad económica que ha tenido la promoción inmobiliario-turística en la isla, junto a una estructura social en la que el peso de los empresarios de este sector es enorme (con un PIB dependiente del turismo en casi un 100%) y, por último, como en otros sitios, unas instituciones públicas y unos partidos enormemente vulnerables a la corrupción. Si hay una lección que aprender de lo que ha pasado en estos años, y amenaza seguir pasando si no hacemos nada para cambiarlo, es que sin unas instituciones de gobierno y unos partidos políticos sólidos y transparentes los intereses particulares de unos pocos seguirán poniendo en constante peligro el interés común que comparte una sociedad y el bienestar de las generaciones futuras que a todos nos toca garantizar.

* Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad de Murcia